ORGANISMO JUDICIAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE REFORMAS AL

CÓDIGO PROCESAL PENAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                        

 

 

INDICE

 

 

1.- Presentación.

 

2.- Exposición sobre las reformas.

 

3.- Del proceso penal guatemalteco.

 

4.- Proyecto de reforma.

 

5.- Reformas al Código procesal penal.

     5.1. Fase preparatoria.

     5.2. Fase intermedia.

     5.3. Fase del juicio.

     5.4. Impugnaciones.

     5.5. Procedimiento abreviado.

     5.6. Ejecución.

     5.7. Decreto 51-2002.

 

 

 

PRESENTACIÓN.

 

Es menester recordar que nuestra actual legislación de procedimientos penales, data del año de mil novecientos noventa y cuatro, o sea que, en este día se ha cumplido efectivamente la primera década del mismo.  A raíz de ello, en forma anticipada se previó, sin objeción alguna y con el aval de juristas e instituciones nacionales e internacionales interesadas en el tema, la necesidad de estudiar y verificar su comportamiento y eficacia, para el mejor desenvolvimiento y mejora del mismo.  Se hace necesario resaltar que la obtención de las propuestas de posibles reformas, que hoy se presentan, se obtuvieron a través de diversas actividades realizadas con todos los miembros que integran el sector justicia, entidades de la sociedad civil y, algo a resaltar, con abogados particulares en ejercicio de actividades penales.

 

Como consecuencia, estos procesos han producido hasta la fecha varias propuestas de reforma, las cuales se dan a conocer con el simple objeto que sean analizadas y discutidas por los distintos sectores y entes interesados en el tema.

 

 

 

      Guatemala, 01 de Julio de 2004.

 

 

 

 

 

Lic. Héctor Aníbal De León Velasco.

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

 

 

 

EXPOSICIÓN SOBRE LAS REFORMAS AL CODIGO PROCESAL PENAL

 

 

I.  INTRODUCCIÓN:

 

      El año de mil novecientos noventa y cuatro fue espacio para cambios relevantes de sistema penal y para la persecución y castigo criminal, puesto que entró en vigencia un nuevo Código Procesal Penal de índole acusatorio que lleva consigo la materialización de la inmediación, la publicidad, la oralidad y el contradictorio en el juicio.  Esta reforma resultó plausible, dadas las características eminentemente inquisidoras que ostentaba el Código Procesal Penal anterior que se basaba en un proceso escrito, secreto y no contradictorio.

 

      El modelo inquisitivo derogado en ese año, se caracterizó por la relevancia que le daba al ámbito escriturario en todas las fases del procedimiento, teniendo como consecuencia una concentración bárbara e inaudita de funciones de investigación y de decisión por parte del juez de instrucción.  Además, a lo largo de todo el proceso penal se dotaba de una  falta de mecanismos que tornaran operativas las garantías del imputado.  Las prácticas judiciales llegaron a tal grado que se desarrolló una costumbre judicial, inmune a las modificaciones legislativas que acentuó la falta de inmediación, propició la delegación de funciones judiciales y hasta transformó el sistema escrito, de registros, en una justicia de recetas en donde la falta de fundamentación, era sinónimo de una correcta resolución.

 

      El nuevo Código Procesal Penal se caracteriza por ser un ordenamiento que se basa en principios y garantías inexcusables, que contemplan, no solo los principios constitucionales, sino también los Tratados internacionales de Derechos Humanos signados por Guatemala.  Este nuevo proceso penal, provee un verdadero alcance a la seguridad y a la justicia, dadas sus características de contradicción, publicidad, oralidad y, sobre todo, la fragmentación del ius puniendi, con el fin de no subordinar ninguna función esencial, equilibrando así las fuerzas internas para un correcto y eficaz juicio penal, en igualdad de condiciones.  También es de resaltar que nuestro proceso penal ha servido de visión y fundamento para que otras legislaciones de América Latina impulsaran sus reformas a este modelo de justicia, lo cual nos hizo participes como autores principales de una revolución jurídica en el ámbito Procesal Penal en nuestro continente.

 

      Es en el actual momento, donde muchos sectores se han dado cuenta de la importancia que significó el cambio de sistema penal, puesto que al girarnos mentalmente hacia el pasado y observar el presente, se deduce la diferencia enmarcada, dada sus circunstancias de igualdad y justicia que ostenta el actual proceso penal.

 

      Hasta el momento el Código Procesal Penal ha sufrido seis modificaciones desde su entrada en vigencia.  Estas, en su mayoría constituyen un intento de incorporar mecanismos de retorno al anterior sistema, motivadas fundamentalmente para dar respuesta al fenómeno de sensación de inseguridad ciudadana que impera en esta coyuntura política de transición, particularmente por sectores poderosamente económicos.

 

 

II. DEL PROCESO PENAL GUATEMALTECO:

 

 

      Aparte del procedimiento común, el proceso penal guatemalteco ostenta otros procedimientos específicos igual de importantes para solucionar los conflictos penales que surgen en nuestra sociedad, siendo estos:  el procedimiento abreviado, el de aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, procedo de medidas desjudializadoras, el de resolución de conflictos y el de adolescentes en conflicto con la ley penal.  A continuación se detalla brevemente las Fases del proceso penal ordinario, para una mejor visión, con respecto a las propuestas de reformas que se indicarán posteriormente.

 

      a).  Inicio.  En el procedimiento común, los actos introductorios son:  la denuncia, querella o la prevención policial.  La denuncia la puede realizar cualquier persona en forma oral o escrita, ante cualquier sub-estación de la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público o a un Tribunal, que tenga el conocimiento de la comisión de un delito de acción pública, dependientes de instancia particular (lesiones, negación de asistencia económica, hurto, violaciones de personas mayores, estafas), La querella, se necesita en los delitos de acción privada, por parte del agraviado (delitos relativos al honor, daños, derechos de autor, propiedad industrial, informáticos, violación de secretos y estafas mediante cheque).  La prevención policial, es la que realizan las fuerzas de seguridad en los casos únicamente de acción pública, que no necesiten de instancia o denuncia particular del agraviado (homicidio, violación de menores, robo, secuestros, delito humanitarios, contra el medio ambiente, contra la administración pública, contra el orden institucional...).

 

      a.1)  Etapas del procedimiento común:  El procedimiento común se basa en cinco etapas:  a) procedimiento preparatorio o de investigación;  b)  procedimiento intermedio;  c)  del juicio o debate;  d)  de impugnaciones y e)  de ejecución.

 

      a.2)  Fase preparatoria:  Esta etapa se caracteriza por ser eminentemente de investigación.  En ella, el Ministerio Público es el que tiene la vanguardia de la misma, debiendo recabar evidencias, practicar diligencias y establecer la existencia del hecho y la participación.  Esta etapa esta controlada por el Juez de Primera Instancia Penal, quien fiscalizará el cumplimiento de las leyes procesales, de los plazos y de las garantías procesales.  El Juez contralor de la investigación es el único que puede ordenar aprehensiones, dictar medidas sustituidas y medidas de coerción real (embargo, arraigo), allanamiento.  Durante el procedimiento preparatorio, las partes tienen derecho a proponer diligencias y el Ministerio Público a realizarlas, debiéndose permitir la presencia de los sujetos procesales para el cumplimiento de la comunidad de las diligencias probatorias (como garantía de las partes procesales).  En relación a las medidas de coerción, está claro debe de ser la ultima ratio, por lo que se prevé un sistema de medidas sustitutivas que se deben aplicar cuando no exista razonamiento que evidencie el peligro de fuga o la obstaculización para la averiguación de la verdad.  Las medidas que se prevén son: arresto domiciliario, obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución, obligación de presentarse periódicamente al Tribunal o autoridad, la prohibición de salir del país o localidad, la prohibición de comunicarse con determinadas personas y la prestación de una caución económica mediante depósito de dinero, fianza, prenda o hipoteca.  Este procedimiento finaliza en un plazo de tres o seis meses.  En tres meses cuando exista detenido y de seis cuando exista medida sustitutiva.  El plazo inicia a partir del auto que declara formalmente el procedimiento contra el imputado, el cual se realiza después de tomarle su declaración. Cómo se finaliza: cuando el Ministerio Público solicita el sobreseimiento clausura provisional o la apertura del juicio.  El sobreseimiento se requiere cuando no exista ninguna condición de persecución o sanción penal en contra del imputado.  La clausura, cuando no existe prueba suficiente, pero que posteriormente puede que surja; se suspende el proceso y el sujeto obtiene su libertad en estas condiciones.  La apertura del juicio o acusación, cuando se determine por parte del M.P. que si existen indicios que vinculan al imputado o acusado, en el hecho criminal y se considera necesario que esta situación se ventile en un juicio oral y público.

 

b) Fase intermedia.  El mismo Juez contralor al recibir el requerimiento del M.P. (acusación, clausura o sobreseimiento),  deberá señalar día y hora para la ventilación de una audiencia oral, y así determinar la procedencia o no de dicho requerimiento.  En esta audiencia tienen que estar todas las partes procesales para hacer valer sus argumentos y peticiones.  Si el Juez contralor decide la apertura del juicio, instará a las partes para que se apersonen al Tribunal de sentencia correspondiente para llevar a cabo la etapa del juicio oral, que tiene como propósito determinar la inocencia o culpabilidad del acusado.  En consecuencia, esta etapa intermedia tiene como objetivo primordial, servir como un filtro para que todo aquello se vaya a un tribunal de sentencia sea meritorio de establecer la responsabilidad o no del acusado.  La etapa intermedia, como su nombre indica, se encuentra entre la etapa de investigación y la etapa del desarrollo de las pruebas (debate) y sólo se centra en la discusión de elevar o no el proceso a juicio oral y público.

 

c) Etapa del juicio:  Es conocido por un Tribunal de sentencia, integrado por tres Jueces.  Esta etapa se compone de dos sub-etapas:  preparación del debate y del debate.  La preparación del debate como su nombre lo indica, se encarga de realizar todas aquellas diligencias que sirven para reafinar y readecuar las condiciones para la realización del juicio oral (debate), como lo son:  a)  la recepción, admisión, rechazo de pruebas;  b)  la interposición de excusas, recusaciones;  c)  unión y separación del juicio.  El Juicio es, el debate, donde se hacen evidentes las características del procedimiento acusatorio, puesto que se practican los principios de oralidad, inmediación, concentración y publicidad; además esta etapa se caracteriza por ser  la única donde se deben de desarrollar las pruebas (a excepción de la anticipada que se puede producir en cualquiera, por obvias razones), por ello se dice que, es la medula espinal de todo el proceso penal.

 

      Es de considerar que la importancia y fundamento del juicio oral, deriva en primer término, del mandato constitucional que ostenta nuestro ordenamiento penal, el cual señala:  “Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en el proceso legal ante juez o tribunal...”.  Con ello, se puede determinar con facilidad que el verbo oír se materializa con el escuchar, y esto únicamente se cristaliza con el discurso oral; por lo tanto, viene a cumplirse a cabalidad esta exigencia constitucional.  En segundo término es importante señalar que, el juicio oral, permite a la sociedad observar la reproducción del hecho en discusión y a formarse una deducción de la verdad histórica de los acontecimientos que se ventilan en el juicio; de este modo se concretiza la exigencia de un mejor control del ciudadano sobre los actos del juzgador.  Por último, es necesario resaltar que en esta etapa del juicio existen varios principios que lo ostentan, los cuales garantizan que los medios probatorios deben de reproducirse bajo el estricto control de las partes procesales, observando detalladamente cómo acaecieron en verdad los hechos del litigio, teniendo como fin, una reproducción del acontecimiento con todas las garantías inexcusables del juicio.  Estableciendo para el procesado la posibilidad de contradicción y defensa durante el mismo iudicium publicum.

 

      Al finalizar el debate, el Tribunal de sentencia, pasa a deliberar la tesis y a antítesis, para llegar a emitir una sentencia, de conformidad con las hipótesis acusatorias y de defensa, presentados ante ellos.  Ordinariamente, las sentencias son dictadas en la misma audiencia oral, luego de cerrar el debate, con lo que se da cumplimiento al modelo normativo que exige que concluida la deliberación debe al menos emitirse la parte resolutiva (CPP, art. 390), derivándose la lectura definitiva, a más tardar, dentro de los cinco días posteriores a su pronunciamiento.

 

      d)  Etapa de impugnaciones:  Después de la sentencia, la parte agraviada puede solicitar su revisión ante un Tribunal de alzada, el cual deberá de determinar la viabilidad o no del recurso.  En todo proceso penal, en cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos civiles y políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, existe el recurso de segunda instancia (apelación especial).  Además existe otro, como lo es la casación penal, con lo cual se sobrepasa la condición impuesta en dichos Tratados, puesto que existe sobre una facultad impugnativa y se le otorga una condición de “igual” a todas las partes, dotando así, de sobrevaloración a otros sujetos que no mencionan estos pactos internacionales (sólo hacen mención a favor del condenado y no del acusador).  Además de estos dos recursos, después de la firmeza de la sentencia, existe el de revisión.  Asimismo, se encuentra el recurso de apelación genérica (que no tiene efectos suspensivos), para las resoluciones emitidas por el juez contralor, el cual es conocido por una sala de apelaciones.  El proceso impugnativo es el siguiente:  la apelación especial debe de ser interpuesta a los diez días después de realizada la última notificación ante el Juez que emitió la sentencia, el cual remitirá al Tribunal de alzada (salas de apelaciones), para determinar con audiencia previa, la confirmación o revocación de la misma.  De igual forma, procede, con numerus clausus, la casación, que se debe de presentar en un plazo no mayor de quince días ante la Corte Suprema de Justicia, quien conoce y resuelve dicho medio impugnativo.  Posteriormente, procede el de revisión, el cual se presenta ante la misma Corte Suprema de Justicia y tiene como objeto la anulación de la sentencia ejecutoriada; este recurso procede sólo en aquellos casos donde hayan surgido nuevos hechos o elementos de prueba, considerándolos, idóneos para la absolución del condenado o para hacerle valer una condena menos grave.

 

e)                  Etapa de ejecución:  Es una etapa muy importante y, lastimosamente, poco tratada.  Esta fase tiene por objeto el control judicial del cumplimiento y ejecución de la sanción penal y del respeto a las finalidades constitucionales de la pena.

 

      Congruente con la constitución, en  relación al cumplimiento efectivo de la previsión especial, el Código Procesal Penal establece, la facultad de ejercer, durante la ejecución de la pena, el derecho de defensa de los derechos establecidos en las leyes penales, penitenciarias y reglamentos, ante un juez de Ejecución.

 

      Para el efecto, el recluso tendrá derecho a la defensa técnica, ya sea nombrando por él un defensor de su elección, o designándosele uno de oficio por parte del Instituto de la Defensa Pública Penal.  Durante la ejecución, la función de la defensa se remite únicamente a asesorar al condenado cuando lo solicite, función que está a cargo de la unidad de ejecución del IDPP.  Asimismo, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Ejecución, tiene como función promover todas las acciones referidas a la ejecución de la pena y la suspensión condicional de la misma.

 

      El juez de Ejecución es el responsable de controlar el cumplimiento adecuado del régimen penitenciario ya a ese efecto, dispondrá las inspecciones necesarias en los establecimientos carcelarios.  Para su mejor cumplimiento, podrá delegar esta función en inspectores designados.  De la misma manera, tiene la obligación de escuchar al penado sobre los problemas que enfrenta inmediatamente después de recuperar su libertad, disponiendo la solución de aquellos que esté a su alcance solucionar.

 

 

III. PROYECTO DE REFORMA.

 

 

     Con gran satisfacción, se puede evidenciar y presentar la claridad de opiniones y resultados que se obtuvieron y, sobre todo, la oportunidad de conocer la realidad de las distintas fases del proceso penal, por medio de las personas que llevan cotidianamente la práctica.  Nos indicaron, con mucha propiedad en el tema y, sobre todo, con la esperanza de lograr la agilización del proceso, las distintas observaciones y necesidades de reformas.  Con base en ello, se inició una etapa de maduración y reflexión de los distintos comentarios, para posteriormente plasmarlos en documentos de propuesta de posibles reformas.  A raíz de dicha documentación, se efectuó una serie de audiencias cada semana, con distintos juristas nacionales de reconocido prestigio e instituciones interesadas en el tema, para la discusión de cada una de ellas.

 

      Estas propuestas abarcan todas las fases del proceso, y cabe destacar la facultad que se le da al agraviado de reparación del daño a través de un ente estatal, aspecto éste que el actual Código desprotege.  Asimismo, en la etapa intermedia, el gran movimiento de reforma se ubica en la incidencia que se le otorga al juez de la fase intermedia para que sea él quien conozca la actual fase de preparatoria del debate, con el objeto que el tribunal de sentencia conozca solamente el juicio oral.  De esta forma se estaría ahorrando tiempo en la tramitación del proceso de primera instancia.  Así también se estipula la oportunidad de reducir la suspensión, por tiempo ilimitado, debido la ausencia de algún testigo, algo que entretiene actualmente a muchos tribunales.  Se establece la oportunidad de la conforma en el debate, con el único fin de evitar todo el trámite del juicio oral cuando exista un acuerdo previo entre la partes y sujetos procesales.  Se hace hincapié en la figura del juez ponente, el cual tiene como fin identificar al juez de la ponencia y así evitar la acostumbrada falta de colaboración de todos los miembros del tribunal en la redacción de las sentencias.  Algo relevante que ostentan estas propuestas, es el efecto que trae consigo la absolución del procesado que tiene que ser obligatoriamente puesto en libertad, y no como sucede en la actualidad que tiene una posición mixta e incoherente.

 

      En cuanto al apartado de las impugnaciones, se modifican algunos aspectos de la apelación especial, quizá la más relevante es el plazo inviolable que se le otorga a la sala de apelaciones para resolver la impugnación sometida a su competencia.  Se reduce el ámbito de conocimiento de la casación penal, dejando este último recurso solo para la unificación de doctrina legal.

 

      En relación a la etapa de ejecución, se modifica todo un apartado, puesto que, la actual normativa no contiene principios, garantías y derechos del condenado, así como funciones del juez, dotando con ello de una total desprotección al detenido..  Esto se agrava con la inexistencia de una ley penitenciaria, por ello se estima conveniente reformar todo el apartado referente a la ejecución de las penas.  Por último se determinó la necesidad de abrogar  todas las reformas del decreto 51-2002, puesto que desnaturaliza la función esencial de los juzgados de paz, además de sobrecargarlos en forma desmedida a costa de la descarga de los jueces de instancia.

 

      Para finalizar, es de mencionar que a finales de julio y principios del mes de agosto del año 2003, se contó con una consultoría internacional por parte de la Doctora Rosa Aragonés Aragonés, por medio de la cual se evaluó alguno de los puntos aquí presentados y se emitió un dictamen favorable al mismo, dando viabilidad a esas reformas, las cuales, a su criterio, son esenciales en el proceso penal guatemalteco.  Ahora se hace necesaria la verificación, validación y consenso definitivo de las mismas, previo a su presentación al Congreso de la República.

 

      Vale señalar que de esta manera, estas reformas no serán producto de un análisis antojadizo si no que constituirán producto de un estudio jurídico, doctrinal y jurisprudencial en el contexto del bien deseado garantismo y fluidez que se requiere en toda administración de justicia, sobre todo, en el ámbito penal, respondiendo de esta manera al clamor popular de una justicia pronta y cumplida.

 

      El conjunto de reformas que se presenta, ha sido consensuado por un grupo de juristas guatemaltecos, que por su larga trayectoria académica y/o jurisprudencial, han colaborado con este Proyecto, siendo los abogados siguientes: Héctor Aníbal De León Velasco, Coordinador;  José Francisco De Mata Vela;  Carlos Enríquez Cojulún;  Héctor Hugo Pérez Aguilera;  Eleazar López Rodríguez;  César Estrada Chinchilla;  Amilcar Velásquez Zarate;  Oscar Alfredo Poroj Subuyuj;  María Eugenia Villaseñor y  Rony López Contreras, Secretario Técnico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMAS AL

CODIGO PROCESAL PENAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:   Para facilitar la lectura de las reformas adoptadas, esta publicación presenta cuatro columnas:  La primera, menciona el artículo afectado;  la segunda indica el contenido del artículo vigente;  la tercera señala la propuesta de la reforma y la cuarta, expresa la esencialidad de la misma.

 

 

FASE PREPARATORIA

Articulo

Vigente

Reforma Propuesta

Observación

 

25

Quater

 

Mediación:  Las partes, sólo de común acuerdo, en los delitos condicionados a instancia particular, en los de acción privada, así como aquellos en los que proceda el criterio de oportunidad, excepto el numeral 6to. Del artículo 25, con la aprobación del Ministerio Público o del síndico municipal, podrán someter sus conflictos penales al conocimiento de centros de conciliación o mediación registrados por la Corte Suprema de Justicia, a través de los juzgados de primera instancia penal correspondientes, integrados por personas idóneas, nativas de la comunidad o bajo dirección de abogados colegiados capaces de facilitar acuerdos y una vez obtenidos los mismos, se trasladará un acta suscinta al Juez de Paz para su homologación, siempre que no viole la Constitución o Tratados Internacionales de Derechos Humanos, para lo cual bastará un breve decreto judicial que le dará valor de título ejecutivo al convenio suficiente para la acción civil en caso de incumplimiento de los acuerdos patrimoniales.

 

Mediación:  Las partes, sólo de común acuerdo, en los delitos condicionados a instancia particular, en los de acción privada, así como aquellos en los que proceda el criterio de oportunidad, excepto el numeral 6to. Del artículo 25, con la aprobación del Ministerio Público o del síndico municipal, podrán someter sus conflictos penales al conocimiento de centros de conciliación o mediación registrados por la Corte Suprema de Justicia, a través de los juzgados de primera instancia penal correspondientes, integrados por personas idóneas, nativas de la comunidad o bajo dirección de abogados colegiados capaces de facilitar acuerdos y una vez obtenidos los mismos, se trasladará en un plazo no mayor de cinco días un acta suscinta al Juez de Paz para su homologación, siempre que, en el convenio, se haya garantizado suficientemente, conforme a la ley, el cumplimiento de las obligaciones y que no haya violado la Constitución o Tratados Internacionales de Derechos Humanos, para lo cual bastará un breve decreto judicial que le dará valor de título ejecutivo al convenio suficiente para la acción civil en caso de incumplimiento de los acuerdos patrimoniales.

 

Plazo para homologación y garantía de la mediación.

 

81

 

Artículo 81.- Advertencias preliminares. Antes de comenzar las preguntas se comunicará detalladamente al sindicado el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida; su calificación jurídica provisional; un resumen de los elementos de prueba existentes, y las disposiciones penales que se juzguen aplicables. Se le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio.

En las declaraciones que preste durante el procedimiento preparatorio será instruido acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir, antes de comenzar la declaración sobre el hecho.

El defensor, el querellante o las partes civiles, deberán dar su dirección para recibir citaciones y notificaciones en el perímetro de la población y se les indicará que tienen la obligación de notificar los cambios a los mismos.

 

(Agregar párrafo)

ARTICULO 81... Si fuesen dos o más imputados, el Juez les podrá hacer las advertencias preliminares en forma conjunta, previo a su declaración individual del hecho que se les imputa a cada uno.

 

Antiformalidad  en la primera declaración.

Arts. 81,83.

 

83

 

Artículo 83.- Acta en el procedimiento preparatorio.

Durante el procedimiento preparatorio, la declaración del sindicado constará en acta que producirá lo que suceda en la audiencia y la declaración, en lo posible, con sus propias palabras. En este caso, el acto finalizará con la lectura y la firma del acta por todos los que han intervenido. Si se abstuviere de declarar, total o parcialmente, se hará constar en el acta, si rehusare suscribirla, se consignará el motivo- Si no supiere o no pudiere firmar, imprimirá la huella digital de alguno de los pulgares u otro dedo, lo que se hará constar en el acta.

 

Artículo 83. Acta en el procedimiento preparatorio. Durante el procedimiento preparatorio, la declaración del sindicado se hará constar en acta, que contendrá el resumen de la misma. El acto se finalizará con la lectura del acta, las firmas del sindicado, los sujetos procesales que deseen hacerlo, el Juez y Secretario. Si el sindicado, rehusare a suscribirla, se consignará el motivo, si no supiere o pudiere firmar, imprimirá la huella digital de alguno de los dedos pulgares u otro dedo, lo que se hará constar en el acta.

 

 

 

119

 

Artículo 119. Desistimiento y abandono. El querellante podrá desistir o abandonar su intervención en cualquier momento del procedimiento. En ese caso, tomará a su cargo las costas propias y quedará sujeto a la decisión general sobre costas que dicte el tribunal al finalizar el. procedimiento. Se considera abandonada la intervención por el querellante:

1) Cuando, citado a prestar declaración testimonial o a la

realización de cualquier medio de prueba para cuya práctica sea necesaria su presencia, no comparezca sin justa causa, que acreditará antes de decretarse el abandono, o se niegue a colaborar en la diligencia.

2) Cuando no exprese conclusiones sobre el procedimiento preparatorio.

3) Cuando no ofrezca prueba para el debate, no concurra al mismo o se ausente de él y cuando no concurra al pronunciamiento de la sentencia.

El abandono será declarado de oficio o a pedido de cualquiera de las partes. La resolución fijará una multa que deberá pagar quien abandona la querella. El desistimiento y el abandono impedirán toda posterior persecución por parte del querellante, en virtud del mismo hecho que constituye el objeto de su intervención. El representante de un menor o incapaz no podrá desistir de la querella sin autorización judicial.

 

Se deroga 119.3 :

 

119. 3) Se deroga este inciso en relación a la frase “...y cuando no concurra al pronunciamiento de la sentencia”  

 

 

Abandono del querellante

 

 

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA.

ACTOR CIVIL.

 

 

Artículo 129.- Titular de la acción civil En el procedimiento penal, la acción civil sólo' puede ser ejercitada:

1) Por quien según, la ley respectiva esté legitimado para reclamar por los daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible.

2)Por sus herederos.

 

 

SECCIÓN SEGUNDA.

ACTOR CIVIL

 

 

Artículo 129.- Titular de la acción civil En el procedimiento penal, la acción civil sólo' puede ser ejercitada:

1) Por quien según, la ley respectiva esté legitimado para reclamar por los daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible.

2)Por sus herederos.

3) Por la Procuraduría General de la Nación, cuando el legitimado lo requiera y carezca de medios económicos para ejercerla.

 

 

La acción civil por parte de la Procuraduría General de la Nación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147

 

Articulo 147.- Contenido y formalidades. Las actas deberán comprender. 1) Lugar y fecha en que se efectúe y el proceso al que corresponde. La hora se hará constar cuando la ley o las circunstancias lo requieran. 2) Nombres y apellidos de las personas que intervienen y en su caso, el motivo de la inasistencia de quienes estaban obligados a intervenir, 3) La indicación de las diligencias realizadas y de sus resultados.

4) Las declaraciones recibidas en la forma establecida para cada caso; y 5) Las firmas de todos los que intervengan que deban hacerlo, previa lectura. Cuando alguno no quiera o no pueda hacerlo, se hará mención de ello. Si alguno no supiera firmar podrá hacerlo otra persona por él, a su ruego, o un testigo de actuación convocado al efecto, y colocará su impresión digital. En el acta deberá constar el cumplimiento de las disposiciones   especiales   previstas   para   los   casos particulares.

 

Artículo 147.- Formalidades. Las diligencias practicadas se llevarán a cabo en forma oral y sencilla, haciéndose constar su resumen en  acta, con expresión simple del día y hora efectuadas,  la  identificación de las personas que participaron,  el objeto y resultado de la misma.  El acta será firmada por el Juez,  Secretario y por los que intervengan en el acto.  Cuando alguno no quiera o no pueda hacerlo, se hará mención de ello.

Si alguno no supiera firmar podrá hacerlo otra persona por él, a su ruego, o un testigo de actuación convocado al efecto, y colocará su impresión digital. En el acta deberá constar el cumplimiento de las disposiciones   especiales   previstas   para   los   casos particulares.

 

Antiformalidad de los actos judiciales en la actividad procesal.

 

180

ter.

 

 

Artículo 180 ter. Firmas de las resoluciones. Las resoluciones deberán ser firmadas por el Juez, y en su caso por los miembros del tribunal que haya conocido del asunto, así como, por el Secretario.

 

La falta de la firma del Juez o la de uno de los miembros del Tribunal, provocará la invalidez del acto, a menos que tal omisión sea subsanada por acta complementaria en la que dicho Juez o miembro del Tribunal reconozcan haber intervenido en el acto y asuma su contenido.

 

 

Firmas de las resoluciones

 

261

 

Artículo 261.  Casos de excepción.  En los delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo que exista  presunción razonable de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad.

 

No se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertas o cuando, en el caso concreto, no se espera dicha sanción.

 

Artículo 261.  Limitaciones a la prisión preventiva.  No se podrá decretar prisión preventiva contra:

 

1)      Los mayores de setenta años;

 

2)      Las mujeres en estado de embarazo;

 

3)      Las madres durante la lactancia de sus hijos; y

 

4)      Las personas afectas por una enfermedad en su fase terminal.

 

            En tales casos, la prisión preventiva se sustituirá por arresto domiciliario o internamiento en un centro médico según las circunstancias.

 

            Asimismo no se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertas o cuando, en el caso concreto, no se espera dicha sanción.

 

 

Limitaciones a la prisión preventiva.

 

268

 

Artículo 268.- Cesación del encarcelamiento. La privación de libertad finalizará:

1) Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tomen conveniente su sustitución por otra medida.

2) Cuando su duración supere o equivalga a la condena que se espera, considerando, incluso, la posible aplicación de reglas penales relativas a la suspensión o remisión de la pena, o a la libertad anticipada.

3) Cuando su duración exceda de un año; pero si se hubiere dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso, podrá durar tres mese     más.     

La Corte Suprema de Justicia, de oficio, o a pedido del tribunal o del Ministerio Público, podrá autorizar que los plazos anteriores se prorroguen veces sea necesario, fijando el tiempo concreto de las prórrogas. En este caso podrá indicar las medidas necesarias     acelerar el trámite del procedimiento y quedará a su   el examen de la prisión.

 

REFORMA ULTIMO PARRAFO DEL ARTÍCULO 268.   Se agrega otro artículo.  Artículo 268 bis.  Prórroga del Plazo de Prisión Preventiva:  A pedido del Ministerio Público, el plazo previsto en el artículo anterior podrá ser prorrogado por el Juez o tribunal que conoce el proceso hasta por seis meses más.

 

Vencida esta prorroga, no se podrá acordar una nueva ampliación al tiempo de la prisión preventiva, salvo que a criterio de la Sala de apelaciones o de la cámara penal de la  Corte Suprema de Justicia y de manera excepcional, se otorgue, siempre a solicitud del Ministerio Público, una prórroga de la prisión preventiva hasta por tres meses más, cuando se disponga el reenvío a un nuevo juicio o se conozca el proceso en casación.

 

Cuando se trate de delitos que no tengan una pena de prisión superior a cinco años, sólo estarán sujetos a la ampliación que se refiere el párrafo anterior.

 

Dentro del plazo de la prisión preventiva y sus ampliaciones, no se contará el tiempo que hayan durado las demoras producidas por la defensa por planteamientos de acciones de amparo o de acciones, excepciones o incidentes relativos a la inconstitucionalidad de una ley, que hayan sido declaradas sin lugar.

 

 

En todos los casos, si el Ministerio Público no a planteado solicitud de prorroga, faltando ocho días para el vencimiento del plazo de prisión preventiva, el juez o tribunal dictará resolución concediéndole un plazo que no sobrepase esos ocho días para que formule la solicitud.  Si el fiscal asignado no formulare dicha solicitud, el juez o tribunal deberá de poner en libertad provisional al imputado al que someterá a cualquier medida sustitutiva de las  previstas en el artículo 264, sin perjuicio de la continuación del proceso, hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme.

 

 

 

Prorroga de la prisión preventiva..

 

272

 

Artículo 272.-Falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar  auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de merito   y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual sólo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de substitución de prisión preventiva.

 

Artículo 272.- Falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de merito  y no aplicará ninguna medida de coerción.

 

Sobre la falta de merito.

 

FASE INTERMEDIA

 

 

319

 

Artículo 319.- Facultades del Ministerio Publico.

El Ministerio Público puede exigir informaciones de cualquier funcionario o empleado público, emplazándolos conforme a las circunstancias del caso, y practicar por sí o hacer practicar por funcionarios y agentes policiales cualquier clase de diligencias. Los funcionarios y agentes policiales y los auxiliares del Ministerio Público estarán obligados a satisfacer el requerimiento o comisión. Para solicitar informaciones de personas individuales o jurídicas el Ministerio Público deberá solicitar autorización de juez competente.

El Ministerio Público puede impedir que una persona perturbe el cumplimiento de un acto determinado e, incluso., mantenerla bajo custodia hasta su finalización. En el acta respectiva constará la medida y los' motivos que la determinaron, con indicación de la fecha y hora de su comienzo y cesación.           

 

 

Artículo 319.- Facultades del Ministerio Publico.

El Ministerio Público puede solicitar informaciones de cualquier funcionario o empleado público, así como de cualquier persona individual o jurídica, conforme a las circunstancias del caso, y practicar por sí o hacer practicar por funcionarios y agentes policiales cualquier clase de diligencias. Los funcionarios y agentes policiales y los auxiliares del Ministerio Público estarán obligados a satisfacer el requerimiento o comisión.

 

 

Facultad del MP para requerir informes a personas privadas.

 

324

bis

 

Artículo 324 Bis.- Control judicial A los tres meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público

no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad dictará resolución concediéndole un plazo máximo de tres días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda.

Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al fiscal General de la República o al fiscal de distrito o de sección correspondiente para que tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la petición procedente. El juez lo comunicará, además, obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público para lo que proceda conforme a la ley.

Si en el plazo máximo de ocho días el fiscal aún no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento con las consecuencias de ley hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los procedimientos establecidos en este Código.

En el caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará seis meses a partir del auto de procesamiento. Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutívas, la investigación no estará sujeta a estos plazos.

 

Artículo 324 bis.  Control Judicial.  A los tres meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, deberá concederle un plazo máximo de tres días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda.  Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez deberá de dictar la clausura provisional a favor del sindicado, con las respectivas consecuencias de ley.  Asimismo el juez lo comunicará al fiscal General de la República o al fiscal de distrito o de sección correspondiente para que tome las medidas disciplinarias correspondientes, además, lo comunicará, obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público para lo que proceda conforme a la ley.

En estos casos el Ministerio Público podrá solicitar la reapertura por medio de los procedimientos establecidos en este Código. 

En el caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará seis meses a partir del auto de procesamiento. Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutívas, la investigación no estará sujeta a estos plazos.

 

Irresponsabilidad del Juez en la conclusión del procedimiento preparatorio

 

337

Artículo 337.- Actitud del querellante. En la audiencia, el querellante o quien sin éxito haya pretendido serlo, podrá:

1) Adherirse a la acusación del Ministerio Público, exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará;

2) Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección;

3) Objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección.

 

DEROGAR LA SEGUNDA LINEA DEL ART. 337. Actitud del querellante. En la audiencia, el querellante o quien sin éxito haya pretendido serlo, podrá:

 

Derogar, el quien sin éxito haya pretendido serlo

 

340

 

Artículo 340.- Audiencia, Al día siguiente de recibida la acusación del Ministerio Público, el juez señalará día y hora para la celebración de una audiencia oral, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de diez días ni mayor de quince, con el objeto de decidir la procedencia de la apertura del juicio. Para el efecto, el juez entregará a las partes que así lo soliciten en el juzgado, copia de la acusación y dejará a su disposición en el despacho, las actuaciones y medios de investigación aportados por el Ministerio Público para que puedan ser examinados. Si la audiencia no se verifica en la fecha señalada por culpa de un funcionario o empleado administrativo o judicial, se deducirán en su contra las consiguientes responsabilidades penales, civiles y administrativas de conformidad con la ley. Para permitir la participación del querellante y las partes civiles en el proceso, éstos deberán manifestar por escrito al juez, antes de la celebración de la audiencia, su deseo de ser admitidos como tales. 

El acusado puede renunciar a su derecho a esta audiencia, en forma expresa durante su celebración y en forma tácita si no compareciere a la misma.

 

 

Artículo 340. Audiencia. Al día siguiente de recibida la acusación del Ministerio Público, el juez señalará día y hora para la celebración de una audiencia oral, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de diez días ni mayor de quince, con el objeto de decidir la procedencia de la apertura del juicio. Para el efecto, el juez entregará a las partes que así lo soliciten en el juzgado, copia de la acusación y dejará a su disposición en el despacho, las actuaciones y medios de investigación aportados por el Ministerio Público para que puedan ser examinados. Si la audiencia no se verifica en la fecha señalada por culpa de un funcionario o empleado administrativo o judicial, se deducirán en su contra las consiguientes responsabilidades penales, civiles y administrativas de conformidad con la ley.

El acusado puede renunciar a su derecho a esta audiencia, en forma expresa durante su celebración y en forma tácita si no compareciere a la misma.

 

 

 

 

 

 

Facultad de asistencia del querellante y parte civiles sin escrito previo a la audiencia.

 

343

 

 

Artículo 343.  Emplazamiento para el ofrecimiento de prueba. Al emitir el auto de apertura del juicio, el juez, en dicha resolución,  deberá de emplazar a las partes procesales para que le ofrezcan, en audiencia oral y en un plazo no mayor de cinco días,  la lista de sus testigos y peritos, con indicación del nombre, profesión y lugar para recibir citaciones y notificaciones, expresando los hechos a cerca de los cuales serán examinados durante el debate.  Se le presentarán también los documentos o señalaran el lugar donde se encuentren para su requerimiento. Los demás medios de prueba serán ofrecidos con indicación del hecho o circunstancia que se pretende probar.

 

 

Emplazamiento para el ofrecimiento de prueba en la Fase intermedia

 

343

Bis.

 

 

Artículo 343 Bis. Audiencia de ofrecimiento y admisión de prueba. En la audiencia que para el efecto señaló el Juez contralor, las partes procesales deberán de presentar los medios de prueba, en la forma como establece el artículo anterior, para que el juzgador determine la admisión de la prueba pertinente para la correcta solución del caso. Asimismo, rechazará la que considere evidentemente abundante o innecesaria.

En esta audiencia, las partes procesales tienen derecho a manifestar su conformidad o rechazo de la prueba propuesta. Con base a criterio, argumentaciones y objeciones, el Juez contralor deberá de resolver, inmediatamente, y en forma definitiva, la prueba que considere pertinente.

 

Si el Ministerio público no ofreciere prueba, se le emplazará por tres días. Al mismo tiempo, se le notificará al Fiscal General de la República para que ordene lo conducente sin perjuicio de la aplicación de las sanciones legales que procedan. Si vencido el plazo indicado, y persistiere la negligencia, el Juez contralor deberá de otorgar clausura provisional al procesado o procesados, bajo responsabilidad directa de la Fiscalía.

 

 

Audiencia para la admisión de prueba en la Fase intermedia. (Se derogaran los arts. 346, 347,348,351 y 352. (Se modificaran los arts. 344,345,346 y 350)-.

 

 

FASE JUICIO

 

 

360

Artículo 360.  Continuidad y suspensión. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueran necesarias hasta su conclusión.  Se podrá suspender por un plazo máximo de diez días, sólo en los casos siguientes:. 1), 2), 3), 4)...............

 

 

Reforma 360 antepenúltimo párrafo.

Así mismo, el tribunal podrá disponer la suspensión del juicio oral por un plazo no mayor de 72 horas cuando no comparecieren testigos, peritos o interpretes y fuere imposible e inconveniente continuar el debate.  Esta clase de suspensión solo se podrá efectuar una sola vez por parte procesal durante el desarrollo del debate.  Si concluido el plazo y oportunidad indicada, las partes no presentaran los órganos de prueba, se les tendrá por renunciado los mismos.

 

 

Presencia obligatoria de testigos.

 

368

 

Artículo 368.- Apertura. En el día y hora fijados, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público, del acusado y su defensor, de las demás partes que hubieren sido admitidas, y de los testigos, peritos o intérpretes que deben tomar parte en el debate. El presidente del tribunal declarará abierto el debate inmediatamente después, advertirá al acusado sobre la. importancia y el significado de lo que va a suceder, le indicará que preste atención, y ordenará la lectura de la acusación y del auto de apertura del juicio.

 

REFORMA DEL ARTÍCULO 368. APERTURA. ...El presidente del tribunal declarará abierto el debate inmediatamente después, advertirá al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder, le indicará que preste atención, y ordenará la lectura del hecho formulado de  la acusación y la parte resolutiva del auto de apertura a juicio.                       

 

 

Modificación de los requisitos para la apertura del juicio.

 

368 Bis

 

 

AGREGAR ARTÍCULO 368 BIS.  ANUENCIA. Inmediatamente de la lectura del hecho formulado de la acusación y de la parte resolutiva del auto respectivo, el Presidente del Tribunal preguntará a las partes procesales, si existe anuencia entre ellas, para evitar la continuidad del juicio oral. La conformidad se deberá de obtener por todas las partes, incluyendo al actor civil, al tercero civilmente demandado y, la confesión del hecho criminal, por parte del acusado. Al existir conformidad, el Tribunal deberá de decidir si la otorga o por el contrario da continuidad al proceso del juicio oral. La conformidad se limitará a la pena a imponer y a la resarcición del actor civil.

            Si el Tribunal decide otorgar la conformidad, deberá de emitir resolución al respecto, convocando a las partes para la lectura de la sentencia definitiva.

 

 

LA CONFORMA ( La anuencia de las partes).

 

370

Artículo 370. Declaraciones del acusado. Después de la apertura del debate o de resueltas las cuestiones incidentales, el presidente le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye, y le advertirá que

puede abstenerse de declarar y que el debate continuará aunque no declare. 

Permitirá, en principio, que manifieste libremente cuando tenga por conveniente sobre la acusación. Podrán interrogarlo el Ministerio Público, el querellante, el

defensor y las partes civiles en ese orden. Luego podrán hacerlo los miembros del tribunal si lo consideraren conveniente.

 

Si el acusado se abstuviere de declarar, total o parcialmente, o incurriere en contradicciones respecto de declaraciones anteriores, que se le pondrán de manifiesto, el presidente ordenará, de oficio o a petición de parte, la lectura de 1as mismas declaraciones, siempre que se hubiere observado en ellas las reglas pertinentes.

Posteriormente a su declaración y en el curso del debate se le podrán formular preguntas destinadas a aclarar su situación

 

Se derogan los dos últimos párrafos del artículo 370 del Cpp.

 

 

Evitar hacer caer en contradicciones al acusado.

 

378

 

Artículo 378. Interrogatorio. El presidente, después de interrogar al perito o testigo sobre su identidad personal y las circunstancias generales para valorar su testimonio lo protestará legalmente y le otorgará la palabra para que informe todo lo que     acerca del hecho propuesto como objeto de la prueba. Al finalizar el relato o si el testigo no tuviere ningún relato que hacer, concederá el interrogatorio al que lo propuso y, con posterioridad, a las demás partes que deseen interrogarlo, en el orden que considere conveniente. Por último, el mismo presidente y los miembros del tribunal podrán interrogar al perito o al testigo, a fin de conocer circunstancias de importancia para el éxito del juicio.

El presidente moderará el interrogatorio y no permitirá que el testigo conteste a preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. La resolución que sobre ese extremo adopte será recurrible, decidiendo inmediatamente el tribunal.

Los peritos y testigos expresarán la razón de sus informaciones y el origen de la noticia, designando con la mayor precisión posible a los terceros que la hubieran comunicado.

 

REFORMA. ARTÍCULO 378. se deroga el ultimo trozo del primer párrafo del artículo 378, por: Por último, el tribunal, podrá solicitar únicamente alguna aclaración sobre algún aspecto que ha  expresado.

 

Se reforma las ultimas líneas del segundo párrafo del artículo 378. Interrogatorio... La resolución que sobre ese extremo adopte será recurrible, en forma sencilla y sin formalidad alguna, decidiendo inmediatamente el tribunal.

 

 

Interrogatorio en el juicio oral.

 

382

 

Artículo 382.- Discusión final y clausura. Terminada la recepción de las pruebas,  el  presidente conocerá sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al querellante, al actor civil, a los defensores del acusado y a los abogados del tercero civilmente demandado, para que, en ese orden, emitan sus conclusiones.            Las partes civiles limitarán su exposición a los puntos

concernientes a la responsabilidad civil. En ese momento, el actor civil deberá concluir, fijando su profesión para la sentencia, inclusive, en su caso, el importe de la indemnización. Sin embargo, podrá dejar la estimación del importe indemnizatorio para el procedimiento de ejecución de la sentencia.

Si intervinieren dos representantes del Ministerio Público o, dos abogados por alguna de las demás partes, se pondrán de acuerdo sobre quién de ellos hará uso de la palabra.

Sólo el Ministerio Público y el defensor del acusado podrán replicar: corresponderá al segundo la última palabra. La réplica se deberá limitar a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieren sido objeto del informe.

En caso de manifiesto abuso de la palabra, el presidente llamará la atención al orador, y, si éste persistiere, podrá limitar prudentemente el tiempo del informe, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos en examen, las pruebas recibidas y las cuestiones a resolver. Vencido el plazo, el orador deberá emitir sus conclusiones. La omisión implicará incumplimiento de la función o abandono injustificado de la defensa.

SÍ estuviere presente el agraviado que denunció el hecho, se le concederá la palabra, si desea exponer. Por último, el presidente preguntará al acusado si tiene algo más que manifestar, concediéndole la palabra, y cerrará el debate.

 

REFORMA. Cuarto párrafo del art. 382.

 

El Ministerio público, el defensor del acusado y los abogados de las partes que hubieren intervenido podrán replicar.  La réplica se deberá limitar a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieren sido objeto del informe.

 

 

Posibilidad de replica del querellante.

 

384

 

Artículo 384.- Reapertura del debate. Si el tribunal estimare imprescindible, durante la deliberación, recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer, a ese fin, la reapertura del debate. Resuelta la reapertura, se convocará las partes a la audiencia, y se ordenará la citación urgente de quienes deban declarar o la realización de los actos correspondientes. La discusión final quedará limitada al examen de los nuevos elementos. La audiencia se verificará en un término que no exceda de ocho días.

 

 

Se deroga el artículo 384.      

 

 

La reapertura del debate.

 

389

 

Artículo 389. Requisito de la sentencia.  La sentencia contendrá:  1)  La mención del tribunal y la fecha en que se dicta; el nombre y apellido del acusado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal; si la acusación corresponde al Ministerio Público, si hay querellante adhesivo sus nombres y apellidos. Cuando se ejerza la acción civil, el nombre y apellido del actor civil y, en su caso, del tercero civilmente demandado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 390 Pronunciamiento.  Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora torne necesario diferir la redacción de la sentencia, se leerá tan solo su parte resolutiva y el Tribunal designará un Juez Relator que imponga a la audiencia, sintéticamente, de los fundamentos que motivaron la decisión.....

 

Reforma Artículo 389.1:  Requisito de la Sentencia. La sentencia contendrá:  1)  La mención del tribunal y la fecha en que se dicta; el nombre y apellido del acusado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal; el nombre y apellido del Juez Ponente, cuando sea un Tribunal de Sentencia; si la acusación corresponde al Ministerio Público, si hay querellante adhesivo sus nombres y apellidos. Cuando se ejerza la acción civil, el nombre y apellido del actor civil y, en su caso, del tercero civilmente demandado. 

 

Agregar 389 Bis Juez Ponente.  En cada proceso que conozca un Tribunal de Sentencia habrá un Juez Ponente, el cual saldrá a través de turnos que el propio Tribunal designe.  El Juez Ponente tiene a su cargo la redacción de la sentencia en los términos que se acuerden.  Así mismo será el encargado de leer la sentencia respectiva.

 

Artículo 390 Pronunciamiento..Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora torne necesario diferir la redacción de la sentencia, se leerá tan solo su parte resolutiva, indicando sintéticamente, los fundamentos que motivaron la decisión.

 

Juez Ponente.

 

391

 

Articulo 391. Absolución: la sentencia absolutoria se entenderá libre del cargo en todos  los casos. Podrá según las circunstancias y la gravedad del delito, ordenar la libertad del acusado, la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente y resolverá sobre las costas. Aplicara, cuando corresponda, medidas de seguridad y corrección.

 

Para las medidas de seguridad y corrección y inscripciones rige el articulo siguiente.

 

 

 

 

Artículo 391. Absolución. Si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes, o existe duda razonable para condenar al acusado, dictará sentencia absolutoria. En la sentencia se ordenará la inmediata libertad del procesado, aun cuando no haya adquirido el carácter de firme.

 

 

Libertad por absolución.

 

IMPUGNACIONES

 

 

 

404

 
Apelación Genérica

 

Artículo 404.- Apelación. Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan:

1) Los conflictos de competencia.

2) Los impedimentos, excusas y recusaciones.

3) Los que no admitan, denieguen o declaren abandonada la intervención del querellante adhesivo o del actor civil.

4) Los que no admitan o denieguen la intervención del tercero demandado..

5) Los que autoricen la abstención del ejercicio de la, acción penal por parte del Ministerio Público.

6) Los que denieguen la práctica de la prueba anticipada.

7) Los que declaren la suspensión condicional de la persecución penal.

8) Los que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso.

9) Los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones.

10) Los que denieguen o restrinjan la libertad.

11) Los que fijen término al procedimiento preparatorio, y

12) Los que resuelvan excepciones u obstáculos a; la persecución penal y civil.

13) Los autores en los cuales se declare la falta de mérito.

También son apelables con efecto suspensivo los autos definitivos emitidos por el juez de ejecución y los dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad

 
Apelación Genérica

 

Artículo 404.- Apelación. Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan:

8)  Los que declaren el sobreseimiento, clausura del proceso y la desestimación.

 

Apelación de la desestimación.

 

415

 
Apelación Especial

 

Artículo 415.  Objeto.  Además de los casos previstos, se podrá interponer el recurso de apelación especial contra la sentencia del tribunal de sentencia o contra la resolución de este tribunal y el de ejecución que ponga fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad y corrección, imposibilite que ellas continúen, impida el ejercicio de la acción o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena.

 

 
Apelación Especial

 

Artículo 415. Objeto.  Además de los casos previstos, se podrá interponer el recurso de apelación especial contra las sentencias o autos definitivos dictados por los tribunales de sentencia.

 

Delimitación del objeto de la apelación especial.

 

418

 

Artículo 418.  Forma y plazo.  El recurso de apelación especial será interpuesto por escrito, con expresión de fundamento, dentro del plazo de diez días ante el tribunal que dictó la resolución recurrida.

 

El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo y con posterioridad al vencimiento del plazo del recurso no podrá invocar otros distintos y citará concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados y expresará, concretamente, cuál es la aplicación que pretende.

 

Artículo 418.  Forma y plazo.  El recurso de apelación especial será interpuesto por escrito, con expresión de  la argumentación y fundamentación del agravio, dentro del plazo de diez días ante el tribunal que dictó la resolución recurrida.

 

El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo y con posterioridad al vencimiento del plazo del recurso no podrá invocar otros distintos y citará concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados y expresará, concretamente, cuál es la aplicación que pretende.

 

 

Del agravio.

 

419

y

420

 

Artículo 419.  Motivos.  El recurso especial de apelación sólo podrá hacerse valer cuando la sentencia contenga cualquiera de los siguientes vicios:

 

1)      De fondo: inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación de la ley.

 

2)     De forma:  inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituya un defecto del procedimiento.  En este caso, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación o hecho protesta de anulación, salvo en los casos del artículo siguiente.

 

 

Artículo 419.  Motivos.  El recurso de apelación especial procederá  cuando  en la sentencia o resolución se haya infringido algún  precepto legal. 

El recurso de apelación especial puede ser de fondo o de forma.    Es de fondo, si se refiere a infracciones de la ley y es de forma, cuando sean violaciones de procedimiento.

En el caso del motivo de forma, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación o hecho protesta de anulación, salvo en los casos del artículo siguiente.

 

 

Delimitación de los motivos de apelación especial.

 

421

 

Articulo 421. Efectos el tribunal de apelación especial conocerá solamente de los puntos de la sentencia impugnada expresamente en el recurso.

 

En caso de proceder el recurso por motivos de fondo, anulara la sentencia recurrida y pronunciara la al que corresponda.

 

Si se trata de motivos de forma, anulara la sentencia y el acto procesal impugnado y enviara el expediente al tribunal respectivo para que lo corrija. Seguidamente, el tribunal de sentencia volverá a dictar el fallo correspondiente.

 

 

 

Artículo 421.  Limitaciones.  El tribunal de Apelación especial conocerá únicamente de los errores jurídicos contenidos en la resolución recurrida. Está sujeto a los hechos que se hayan tenido como probados por el tribunal de sentencia, y solamente en los casos en que advierta violación de una norma constitucional o legal, podrá disponer la anulación y el reenvío para la corrección debida.

 

Limitaciones del Tribunal de Apelación.

 

426

y

427

 

Artículo 426.  Preparación del debate.  Admitido el recurso, las actuaciones quedarán por seis días en la oficina del tribunal para que los interesados puedan examinarlas.

Vencido ese plazo, el presidente fijará audiencia para el debate con intervalo no menor de diez días, notificando a todas las partes.

 

 

Artículo 427.  Debate.  La audiencia se celebrará, ante el tribunal, con las partes que comparezcan.  La palabra será concedida primero al abogado del recurrente.  Si existieren varios recursos se conservará el orden previsto.  Podrán hablar los abogados de quienes no interpusieron el recurso.  No se admitirán réplicas.  Quienes intervengan en la discusión podrán dejar en poder del tribunal breves notas escritas sobre sus alegaciones.

El acusado será representado por su defensor, pero podrá asistir a la audiencia y, en ese caso, se le concederá la palabra en último término.  Cuando el recurso fuere interpuesto por él o por su defensor, y éste no compareciere, el tribunal procederá a su reemplazo.

Se admitirá que las partes reemplacen su participación en la audiencia por un alegato, presentado antes del día de la audiencia.

 

Artículo 426.  Preparación del debate.  Admitido el recurso, el presidente fijará día y hora para el debate,  el cual  se llevará a cabo en un plazo no mayor de sesenta días, a partir del día de la admisión.

 

 

 

 

Artículo 427.  Debate.  La audiencia se celebrará, ante el tribunal, con las partes que comparezcan.  La palabra será concedida primero al abogado del recurrente.  Si existieren varios recursos se conservará el orden previsto.  Podrán hablar los abogados de quienes no interpusieron el recurso.  Asimismo, el tribunal podrá solicitar aclaraciones a las partes que intervengan en el uso de la palabra.  No se admitirán réplicas.  Quienes intervengan en la discusión podrán dejar en poder del tribunal breves notas escritas sobre sus alegaciones.

 

Plazo para el debate de 2da. Instancia.

 

 

 

 

 

 

 

Facultad del Tribunal para aclarar sus dudas a las partes.

 

431

al

434

 

Artículo 431.  Decisión propia.  Si la sentencia acoge el recurso, con base en la inobservancia o errónea aplicación o interpretación indebida de que precepto legal, resolverá el caso de definitiva, dictando la sentencia que corresponde

 

 

 

 

Artículo 432.  Reenvío.  Si la sentencia se funda en la inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituya un defecto del procedimiento, anulará total o parcialmente la decisión recurrida y ordenará la renovación del trámite por el tribunal competente desde el momento que corresponda.

Anulada la sentencia, no podrán actuar los jueces que intervinieron en su pronunciamiento para un nuevo fallo.

 

 

Artículo 433.  Defectos no esenciales.  Los errores de derecho en la fundamentación de la resolución recurrida, que no influyan en su parte resolutiva, deberán ser corregidos aunque no provoquen su anulación.  De la misma manera serán corregidos los errores materiales en la designación o en el cómputo de las penas o de las medidas de seguridad y corrección.

 

 

 

 

 

Artículo 434.  Medidas de coerción y libertad del acusado.  Durante el trámite del recurso corresponde al tribunal la aplicación de todas las reglas que regulan la libertad del acusado.

 

El tribunal ordenará inmediatamente la libertad del acusado, cuando por efecto de su decisión deba cesar la detención

 

Artículo 431.  Sentencia . Si el Tribunal de alzada estima procedente el recurso, anulará o rectificará , total o parcialmente, la resolución impugnada y, en dado caso,  ordenará la reposición de la resolución o del juicio, de conformidad con los artículos siguientes.

 

 

Artículo 432.  Efectos de fondo. Si la sentencia acoge el recurso, con base a la infracción de un precepto legal, resolverá el caso en definitiva, con arreglo a la ley, y jurisprudencia  aplicable.

 

 

 

 

 

Artículo 433.  Rectificación.  Los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia o resolución impugnada, que no hayan influido en la parte resolutiva, no la anularán, pero serán corregidos por el Tribunal de alzada, así como los errores materiales en la designación o el cómputo de las penas o de las medidas de seguridad y corrección. Así mismo, procederá la rectificación, en aquellos defectos de procedimiento que no hayan influido en la decisión final.

 

Artículo 434.  Efectos de forma. Si la sentencia acoge el recurso, con base en la infracción de ley que constituya un defecto del procedimiento, anulará total o parcialmente la sentencia o resolución y ordenará al Tribunal a quo su corrección.

 

 

 

 

Artículo 434 bis.  Reenvío. Si la sentencia acoge el recurso, con base a lo establecido en el artículo anterior, cuando exista un defecto de procedimiento esencial y que haya influido en la decisión final, anulará total o parcialmente la decisión recurrida y ordenará la renovación del tramite por el tribunal competente desde el momento que corresponda. En este caso, anulada la sentencia, no podrán actuar los jueces que intervinieron en su pronunciamiento para un nuevo fallo.

 

 

Artículo 434 ter.  Libertad del acusado. Cuando por efecto de la Apelación especial deba cesar la prisión del acusado, se ordenará inmediatamente su libertad.

 

 

Artículo 434 Quater.  Recursos sin formalidades.  En los casos de aplicación de la pena de muerte, el recurso podrá interponerse sin formalidad alguna,  y el tribunal queda obligado a analizar la sentencia recurrida en cualquiera de los casos que se le sea presentado.  Dentro de los diez días siguientes, el interponente podrá explicar por escrito los motivos del recurso.

 

 

Efectos.

 

437

Casación

Artículo 437.- Procedencia. El recurso de casación procede contra las sentencias o autos definitivos dictados por las salas de apelaciones que resuelvan:

1) Los recursos de apelación especial de los fallos emitidos por los tribunales de sentencia, o cuando el debate se halle dividido,- contra las resoluciones que integran la sentencia.

2) Los recursos de apelación especial contra los autos de sobreseimiento dictados por el tribunal de sentencia.

3) Los recursos de apelación contra las sentencias emitidas por los jueces de primera instancia, en los casos de procedimiento abreviado.

4) Los recursos de apelación contra las resoluciones de los jueces  de  primera instancia  que  declaren, el sobreseimiento o clausura del proceso: y los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución, penal.

 

 
Casación

Artículo 437.-Competencia y Procedencia. El recurso de casación, será conocido únicamente por la Cámara penal de la Corte Suprema de Justicia y  procede sólo contra las sentencias o autos definitivos, que pongan fin al proceso, dictados por las salas de apelaciones que contradigan la doctrina jurisprudencial existente.

 

 

Casación por unificación de la doctrina.

 

438

 

Artículo 438.- Interponentes. El recurso de casación está dado en interés de la ley y la justicia y podrá ser interpuesto por las partes

 

Artículo 438. Doctrina jurisprudencial. La interpretación de las normas penales sienta doctrina legal y debe de ser interpretada por la Cámara penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual producirá esta doctrina con tres fallos contestes. La Cámara penal, podrá separarse de su propia doctrina jurisprudencial, razonando su innovación , la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que llegara a emitirse los tres fallos contestes en el mismo sentido.

 

439

Artículo 439.- Motivos. El recurso de casación puede ser de forma o de fondo. Es de forma, cuando verse sobre violaciones esenciales del procedimiento. Es de fondo, si se refiere a infracciones de la ley que influyeron decisivamente en la parte resolutiva de la sentencia o auto recurridos.

Artículo 439.-Forma y Plazo:  El recurso de casación debe ser planteado por las partes mediante escrito que se presente ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, en su sede, por los motivos expresamente establecidos, dentro del plazo de quince días de notificada la resolución que lo motiva.

 

 

 

440

Artículo 440.- Recurso de casación de forma. El recurso de casación de forma procede únicamente en los siguientes casos:

1) Cuando la sentencia no resolvió todos los puntos esenciales que fueron objeto de la acusación formulada, o que estaban contenidos en las alegaciones del defensor.

2) SÍ la sentencia no expresó de manera concluyente los hechos que el juzgador tuvo como probados y los fundamentos de la sana crítica que se tuvieron en cuenta.

3) Cuando es manifiesta la contradicción entre dos o más hechos que se tienen por probados en la misma resolución.

4) Cuando la resolución se refiere a un hecho punible distinto del que se atribuye al acusado.

5) Cuando en el fallo del tribunal de sentencia o de la sala de apelaciones ha existido incompetencia por razón de la materia que no haya sido advertida.

6) Si en la sentencia no se han cumplido los requisitos formales para su validez.

 

 

Artículo 440.- Admisibilidad:   Para ser admitido, el recurso deberá ser razonado y fundamentado.  La parte recurrente debe señalar concretamente cada uno de los siguientes puntos:

 

a) El interés con que actúa.

b) La contradicción o el apartamiento del fallo impugnado con la doctrina.

c) Indicar y aportar los fallos de contraste en que funda sus aseveraciones y señalar los puntos de contradicción.

d) Indicar la trascendencia para la justicia, de declararse procedente el recurso.

El incumplimiento manifiesto e insubsanable de tales requisitos será motivo de rechazo, pero si la Cámara lo establece puede admitir el recurso parcialmente en cuanto a motivos en que aprecie un razonable fundamento

 

 

441

Artículo 441.- Recurso de casación de fondo. Sólo procede el recurso de casación de fondo en los siguientes casos:

1) Cuando en la resolución recurrida se incurrió en error de derecho al tipificar los hechos como delictuosos, no siéndolo.

2) Cuando siendo delictuosos los hechos, se incurrió en error de derecho en su tipificación.          

3) Si la sentencia es condenatoria, no obstante existir una circunstancia eximente de responsabilidad, o un motivo fundado para disponer el sobreseimiento definitivo.

4) Si la sentencia tiene por acreditado un hecho decisivo para absolver, condenar, atenuar o agravar la pena, sin que se haya tenido por probado tal hecho en el tribunal de sentencia.

5) Si la resolución viola un precepto constitucional o legal por errónea interpretación, indebida aplicación o falta de aplicación, cuando dicha violación haya tenido influencia decisiva en la parte resolutiva de la sentencia o del auto.

Artículo 441.- Casos de Procedencia.  Este recurso de casación procede únicamente contra resoluciones o sentencias que hayan emitido las Salas de Apelaciones  y, sólo,  en los siguientes casos:

a) Cuando existan divergencias sustánciales entre el fallo cuestionado y otro u otros, de tribunales de igual categoría sobre casos análogos.

b) Cuando el fallo cuestionado se ha apartado de la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia o es contrario a la misma

En estos casos, es requisito ineludible que los hechos, fundamentos y pretensiones a que se refieren las distintas sentencias  sean sustancialmente iguales y, que a pesar de ello, se haya arribado a pronunciamientos distintos.

c) Cuando sobre el caso no exista o se considere modificar la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema de Justicia

 

 

 

 

 

442

 

Artículo 442.- Limitaciones. El tribunal de Casación conocerá únicamente de los errores jurídicos contenidos en la resolución recurrida. Está sujeto a los hechos que se hayan tenido como probados por el tribunal de sentencia, y solamente en los casos en que advierta violación de una norma constitucional o legal, podrá disponer la anulación y el reenvío para la corrección debida.

 

 

Artículo 442. Vista    La vista será pública, y obligatoria, debiendo el Tribunal señalar los puntos sobre los que ha de ser informado.  Las partes podrán concurrir e intervenir en ella según lo estime el Tribunal y se regirá de conformidad a lo que establece el art. 427.

 

 

443

Artículo 443,- Forma y plazo. El recurso de casación deberá ser interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia dentro del plazo de quince días de notificada la resolución que lo motiva, con expresión de los fundamentos legales que lo autorizan. Sólo se tendrá por debidamente fondado cuando se expresen de manera clara y precisa, los artículos e incisos que autoricen el recurso, indicando si es por motivo de forma o de fondo. Asimismo, los artículos e incisos que se consideren violados de las leyes respectivas.

El recurso también podrá ser presentado dentro del plazo indicado, al tribunal que ha emitido la resolución, quien lo elevará de inmediato a la Corte Suprema de Justicia.

 

 

Artículo 443. Sentencia.  El aspecto central del análisis deberá siempre ser el de la infracción jurídica que se cometa con la contradicción, apartamiento o inexistencia de la doctrina.  La sentencia se dictará en un plazo de 15 días de finalizada la vista pública.

 

 

444

 

Artículo 444.- Trámite. Si el escrito de interposición del recurso contuviere todos los requisitos mencionados, la Corte Suprema de Justicia declarará la admisibilidad, pedirá los autos y señalará día y hora para la vista

 

Artículo 444. Efectos. Si la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, estima que la sentencia o resolución recurrida quebranta la unidad de la doctrina existente,  casará la resolución impugnada y resolverá el caso con arreglo a la doctrina aplicable.

 

 

445

 

Artículo 445.- Rechazos.  Si el recurso se interpusiere fuera del término fijado o sin cumplir los requisitos anteriores, el tribunal lo desechará de plano.

 

 

 

 

446

al

452

 

Artículo 446.- Vista publica. La vista será pública, con citación de las partes. El acusado podrá nombrar un defensor específico para que comparezca a la audiencia.

En la audiencia se leerá la parte conducente de la sentencia o auto recurrido y los votos disidentes y se concederá la palabra, por su orden al recurrente, y a las otras partes. En cualquier caso, podrán presentar sus alegaciones por escrito. El tribunal resolverá dentro de quince días.

Artículo 447." Sentencia en casación. Si el recurso dé casación fuere de fondo y se declara procedente, el tribunal casará la resolución impugnada y resolverá el caso con arreglo a la ley y a la doctrina aplicables.

Artículo 448.- Sentencia de casación, reenvío. Si él recurso fuere de forma, se hará reenvío al tribunal que corresponda para que emita nueva resolución sin los vicios apuntados.

Artículo 449.- Libertad del acusado. Cuando por efecto de la casación deba cesar la prisión del acusado, se ordenará inmediatamente su libertad.

 

Artículo 450-- Desistimiento. En cualquier estado del recurso, antes de pronunciarse sentencia, la parte que interpuso puede desistir de él.

 

Artículo 451.- Simples errores. Los simples errores en la Fundamentación de la resolución recurrida y las erróneas indicaciones de los textos legales, cuando no tengan influencia decisiva, no serán motivo de casación, pero deberán ser corregidos, así como rectificado cualquier error en la computación de la pena por el Tribunal de Cesación.

 

Artículo 452.  Recursos sin formalidades.  En los casos de aplicación de la pena de muerte, el recurso podrá interponerse sin formalidad alguna, por escrito o telegráficamente y el tribunal queda obligado a analizar la sentencia recurrida en cualquiera de los casos en que el recurso es admisible.  Dentro de los quince días siguientes, el interponente podrá explicar por escrito los motivos del recurso.

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO

 

 

 

464

 

Artículo 464.- Admisibilidad. Si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a cinco años de privación de libertad, o de una pena no privativa de libertad, o aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él, y a la aceptación de la vía propuesta La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos.

 

Artículo 464. Admisibilidad. Si el Ministerio Público o la defensa técnica del acusado o acusados, estimaren suficiente la imposición de una pena no mayor a cinco años de privación de libertad, o de una pena no privativa de libertad, o aún en forma conjunta, podrán solicitar el procedimiento abreviado, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en cualquier momento del procedimiento intermedio, inclusive en la propia audiencia de apertura a juicio. 

 

Para su aprobación el juez deberá contar con el acuerdo del Ministerio público, defensa técnica y del imputado o imputados, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación.

 

Si el juez  no admitiere la vía solicitada  emplazará al Ministerio público, para que formule nuevo requerimiento.

 

 

Sobre el procedimiento abreviado.

 

465

 

Artículo 465.- Trámite posterior. El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda, sin más trámite. Podrá absolver o condenar, pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Público. Se

aplicarán, en lo pertinente, las reglas de la sentencia.

La sentencia se basará en el hecho descrito en la acusación admitida por el imputado, sin perjuicio de incorporar otros favorables a él, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio, y se podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación.

Si el tribunal no admitiere la vía solicitada y estimare conveniente el procedimiento común, para un mejor conocimiento de los hechos o ante la posibilidad de que corresponda una pena superior a la señalada, rechazará el requerimiento y emplazará al Ministerio Público, para que concluya la investigación y formule nuevo requerimiento. La solicitud anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el debate.

 

 

DEROGAR. TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 465. TRAMITE POSTERIOR.

 

 

AGREGAR. ARTÍCULO 465. Bis. ACCIÓN CIVIL. Cuando se haya ejercido la acción civil y la pretensión se haya mantenido hasta la sentencia del procedimiento abreviado, sea condenatoria o absolutoria, se resolverá de conformidad al artículo 393.

 

 

Acción civil en el procedimiento abreviado.

 

466

 

Artículo 466.- Efectos. Contra la sentencia será admisible el recurso de apelación, interpuesto por el Ministerio Público, o por el acusado, su defensor y el querellante por adhesión. 

La acción civil no será discutida y se podrá deducir nuevamente ante el tribunal competente del orden civil. Sin embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrán interponer el recurso de apelación, con las limitaciones establecidas y sólo en la medida en que la sentencia influya sobre el resultado de una reclamación civil posterior.

 

REFORMAR. ARTICULO 466. Efectos. Contra la sentencia será admisible el recurso de apelación, interpuesto por el Ministerio público, o por el acusado, su defensor, el querellante por adhesión, el actor civil o el tercero civilmente demandado.

 

Idem

 

 

EJECUCION

 

 

 

492

 

Artículo 492.  Defensa.  El condenado podrá ejercer, durante la ejecución de la pena, todos los derechos y las facultades que las leyes penales, penitenciarias y los reglamentos le otorgan, planteando ante el juez de ejecución todas las observaciones que estime convenientes.

 

El defensor nombrado con anterioridad tendrá derecho a la defensa técnica y podrá continuar ejerciéndola.  En todo caso se podrá nombrar nuevo defensor o pedir que se le nombre de oficio.

 

No recae sobre el defensor el deber de vigilar la ejecución dela pena; tan sólo deberá asesorar al condenado cuando él lo requiera e intervenir en los incidentes planteados durante la ejecución de la pena.

 

 
Disposiciones Generales

 

Artículo 492.  Principio de Humanidad:  Toda persona reclusa será tratada con el respeto que merece la dignidad inherente a todo ser humano.  Queda terminantemente prohibido utilizar contra las personas reclusas torturas físicas, psíquicas, coacciones, amenazas o tratos incompatibles a su dignidad o hacerle víctima de exacciones, así como también someterlo a experimentos científicos.

 

 

Fase de Ejecución totalmente nueva.

 

493

 

Artículo 493.  Ejecutoriedad.  Las condenas penales no serán ejecutadas antes de que se encuentren firmes.  A tal efecto, el día en que devienen firmes, se ordenará las comunicaciones e inscripciones correspondientes y se remitirá al juez de ejecución.

 

Cuando el condenado deba cumplir pena privativa de libertad, el juez de ejecución remitirá ejecutoria del fallo, al establecimiento en donde deba cumplirse la prisión, para que se proceda según corresponda.  Si estuviere en libertad ordenará inmediatamente su detención y una vez aprehendido procederá conforme a esta regla.

 

Ordenará, también, las copias indispensables para que se lleve a cabo las medidas para cumplir los efectos accesorios, de la sentencia:  comunicaciones, inscripciones, decomiso, destrucción y devolución de cosas y documentos.

 

 

Artículo 493.  Derechos del condenado.  El condenado podrá ejercer, durante la ejecución de la pena, los derechos y las facultades que la Constitución, Tratados internacionales ratificados por Guatemala, leyes penales, leyes penitenciarias y los reglamentos le otorgan, y podrá plantear ante el Juez de Ejecución las observaciones que, con fundamento en estas normas, estime convenientes.

 

 

 

494

 

Artículo 494. Cómputo definitivo.  El juez de ejecución revisará el cómputo practicado en la sentencia, con abono de la prisión sufrida desde la detención, y determinará con exactitud la fecha en que finaliza la condena y, en su caso, la fecha a partir de la cual el condenado podrá requerir su libertad condicional o su rehabilitación.

 

La resolución se notificará al Ministerio Público, al condenado y a su defensor, quienes podrán observar el cómputo dentro del plazo de tres días.  El cómputo quedará aprobado al vencer el plazo sin haber sido observado o al decidir el juez de ejecución sobre las observaciones planteadas.

 

El cómputo es siempre reformable, aun de oficio, cuando se compruebe un error o nuevas circunstancias lo tornen necesario.

 

Artículo 494.  Reclamaciones que pueden hacer los condenados.  El condenado podrá hacer valer los derechos y facultades que le otorguen las leyes penales y penitenciarias, ante los órganos de dirección y administración de los establecimientos en que se encuentre recluido.  Podrá además, plantear, en vía incidental ante el Juez de Ejecución, reclamaciones contra las resoluciones de las autoridades del respectivo centro penal, que violen sus derechos fundamentales, que denieguen el disfrute de cualquier beneficio penitenciario, o que impongan sanciones disciplinarias; así como contra las decisiones referentes a clasificación inicial y a progresiones y regresiones del período de tratamiento

 

 

 

495

 

Artículo 495.  Incidentes.  El Ministerio Público, el condenado y su defensor podrán plantear incidentes relativos a la ejecución y extinción de la pena.  El juez de ejecución los resolverá, previa audiencia a los interesados,.salvo que hubiera prueba que rendir, en cuyo caso abrirá el incidente a prueba.

 

Los incidentes relativos a la libertad anticipada y todos aquellos en los cuales, por su importancia, el juez lo estime necesario, serán resueltos en audiencia oral y pública citando a los testigos y peritos que deben informar durante el debate.

 

Artículo 495.  De los Jueces de Ejecución y su competencia.  La vigilancia y control de la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad, estará a cargo de un Juez de Ejecución, el cual velará por la correcta aplicación de las normas que regulan el régimen penitenciario, por el respeto de las finalidades constitucionales de la pena y por el estricto cumplimiento de las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales.

 

El Juez de Ejecución corregirá, asimismo, los abusos y desviaciones que puedan producirse en el cumplimiento de los preceptos contenidos en la legislación y/o reglamentos penitenciarios, y resolverá en vía incidental los recursos, quejas o reclamos que se puedan interponer contra las resoluciones de los órganos directivos, administrativos y técnicos de los establecimientos penitenciarios.

 

 

496

 

Artículo 496.  Libertad anticipada.  La dirección del establecimiento donde el condenado cumple pena privativa de libertad remitirá al juez de ejecución los informes previstos por la ley penal, para los efectos pertinentes.

 

El incidente de libertad condicional y otros beneficios podrá ser promovido por el condenado, por el defensor  o de oficio, en cuyo caso el juez emplazará a al dirección del presidio para que remita los informes que prevea la ley penal.  Cuando lo promueva el condenado ante la dirección del establecimiento, ésta remitirá inmediatamente a la solicitud, fijando la fecha en que elevará el informe.

 

El juez podrá rechazar sin trámite la solicitud, cuando fuere manifiestamente improcedente o cuando estime que no transcurrió el tiempo suficiente para que hayan variado las condiciones que motivaron el rechazo anterior.

Cuando la libertad fuera otorgada, en el auto se fijarán las condiciones e instrucciones, según lo establecido por la ley penal.  El liberado, en el acto de la notificación, deberá prometer que las cumplirá y expondrá el modo de cumplirlas.  Fijará domicilio o residencia y recibirá una copia de la resolución.

 

El juez de ejecución vigilará, además, el cumplimiento de las condiciones impuestas, las que serán reformables de oficio o a petición del condenado y su defensor.

 

Artículo 496.  Atribuciones de los Jueces de Ejecución.  Corresponde especialmente al Juez de Ejecución, en relación con el cumplimiento de las penas  privativas de libertad:

 

 

1)      Adoptar todas las decisiones necesarias para que se cumplan los pronunciamientos contenidos en las resoluciones de los tribunales sentenciadores, en relación con las penas privativas de libertad.

 

2)      Resolver las solicitudes de libertad condicional y otros beneficios penitenciarios de los penados y acordar las revocaciones que procedan;

 

3)      Resolver las reclamaciones que formulen los reclusos en caso de denegación del disfrute de beneficios penitenciarios, por las autoridades del respectivo establecimiento penal;

 

4)      Resolver las reclamaciones que formulen los reclusos sobre las sanciones disciplinarias;  impuestos por las autoridades de los establecimientos penitenciarios.

 

5)      Resolver con base en los estudios de los equipos técnicos o multidisciplinarios de los establecimientos penales, las reclamaciones de los reclusos contra las decisiones referentes a clasificación inicial y a progresiones y regresiones de período de tratamiento.

 

6)      Acordar lo que proceda, sobre las quejas que formulen los internos en los establecimientos penales, en relación con el régimen  y funcionamiento de los mismos, y con el trato que los reclamantes reciban, en cuanto resulten afectados sus derechos fundamentales o sus derechos y beneficios penitenciarios.

 

7)      Visitar los centros de reclusión, por lo menos una vez cada seis meses, con el fin de constatar el respecto de los derechos fundamentales y penitenciarios de los internos, y ordenar las medidas correctivas que estimen convenientes

 

8)      Promoverá de oficio, cuando proceda, la libertad condicional del condenado y otros beneficios penitenciarios en cuyo caso emplazará al Ministerio Público o querellante y a la dirección del presidio para que se pronuncien y  remitan los informes que prevea la ley.

 

 

 

497

 

Artículo 497.  Revocación de la libertad condicional.  Siempre que no proceda la libertad condicional por unificación de sentencias o penas, el incidente de revocación será promovido de oficio o a pedido del Ministerio Público.

Si el condenado no pudiere ser hallado, se ordenará su detención.  El incidente se llevará a cabo cuando fuere habido y el juez podrá disponer que se le mantenga preventivamente detenido hasta que se resuelva el incidente.

El juez decidirá por auto fundado y, en su caso, practicará nuevo cómputo.

 

 

 

Artículo 497.  Suspensión de medidas administrativas.  Durante el trámite de los incidentes, el Juez de ejecución podrá ordenar la suspensión provisional de las medidas de la administración penitencias que sean impugnadas en el procedimiento

 

 

 

498

 

Artículo 498.  control general sobre la pena privativa de libertad.  El juez de ejecución controlará el cumplimiento adecuado del régimen penitenciario; entre otras medidas, dispondrá las inspecciones de establecimientos penitenciarios que fueren necesarios y podrá hacer comparecer ante sí a los penados con fines de vigilancia y control.  A tal fin, podrá delegar la función en inspectores designados para el caso.

 

El juez deberá escuchar al penado sobre los problemas que enfrentará inmediatamente después de recuperar su libertad y procurará atender aquellos cuya solución esté a su alcance.

 

Artículo 498.  Defensa.  El defensor nombrado con anterioridad tendrá derecho a la defensa técnica y podrá continuar ejerciéndola.  En todo caso se podrá nombrar nuevo defensor o pedir que se le nombre de oficio.

 

No recae sobre el defensor el deber de vigilar la ejecución de la pena; tan sólo deberá asesorar al condenado cuando él lo requiera e intervenir en los incidentes planteados durante la ejecución de la pena

 

 

499

 

Artículo 499.  Multa.  Si el condenado no paga la pena de multa que le hubiere sido impuesta se trabará embargo sobre los bienes suficientes que alcancen a cubrirla.  Si no fuera posible el embargo, la multa se transformará en prisión, ordenándose la detención del condenado y por auto se decidirá la forma de conversión, regulándose el tiempo ente uno y veinticinco quetzales por cada día.

 

Artículo 499.  Sentencias que pueden ser ejecutadas.  Sólo las sentencias condenatorias que hayan adquirido el carácter de firmes, podrán ser ejecutadas.

 

El órgano jurisdiccional competente enviará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, certificación de las sentencias que hayan adquirido aquel carácter, al Juez de Ejecución y al director del respectivo centro penal

 

 

500

 

Artículo 500.  Inhabilitación.  Después de practicado el cómputo definitivo, el juez ordenará las comunicaciones e inscripciones que corresponda.

Si se hubiere impuesto pena de inhabilitación absoluta, deberá ser comunicada, indicando la fecha de finalización de la condena a la autoridad electoral, y a la Dirección de Estadística Judicial para el efecto el registro de antecedentes penales.

 

Si la pena fuera de inhabilitación especial, deberá ser comunicada, indicando la fecha de finalización de la condena, a la autoridad o entidad encargada de controlar el ejercicio de la profesión, empleo, cargo o derecho sobre e cual recayó la inhabilitación.

 

Artículo 500.  El Juez de Ejecución y el cómputo de la pena.  El Juez de Ejecución practicará el cómputo de las penas en un plazo no mayor de treinta días, después de recibida la certificación de la sentencia. Dicho computo se notificará al condenado, su defensor, al Ministerio público, querellante y al Director del  respectivo centro penal. De la misma manera notificará al condenado las penas no privativas de libertad, la forma y modalidades de su cumplimiento.

Si el condenado estuviere en libertad, el Juez de ejecución ordenará su inmediata detención y una vez aprehendido procederá conforme a esta regla. Ordenará, también, las copias indispensables para que se lleven a cabo las medidas para cumplir los efectos accesorios de la sentencia: comunicaciones, inscripciones, decomiso, destrucción y devolución de cosas y documentos.

 

Cuando se trate de penas privativas de la libertad, dentro del cómputo deberá quedar comprendido el tiempo que el condenado haya permanecido tanto en detención, como en prisión preventiva.  Señalará asimismo, la fecha que terminará la condena y, en su caso, la fecha a partir de la cual el condenado podrá solicitar la libertad condicional u otros beneficios penitenciarios, con el objeto de que la persona cumpla su pena u obtenga la libertad anticipada en el tiempo exacto y cabal, bajo apercibimiento de responsabilidad penal de las autoridades que incumplan o extralimiten dicho tiempo, salvo que exista recurso pendiente de resolver.  Cuando al condenado se le hubiere impuesto, también, una pena de multa, el Juez de ejecución deberá de realizar el computo respectivo, en cuanto a la conversión de la misma, con el objeto que el condenado esté enterado de la responsabilidad personal subsidiaria que le pudiera corresponder y de conocer en que momento puede solicitar algún beneficio respectivo sobre la misma.

 

En el caso de que el condenado haya solicitado su libertad condicional o cualquier otro beneficio, en tiempo anticipado, deberá de mantenerse con los mismos requisitos ineludibles que se le requiere para su otorgamiento, hasta el último día que deberá de permanecer en prisión.  El juez de ejecución podrá solicitar al Director del Centro penal información, por cualquier medio, sobre tal situación hasta ese último día. Si no tuviere acceso a la información deberá de otorgarle su libertad, por el principio in dubio pro reo. Si en el plazo de espera para hacer efectiva su libertad, una vez otorgada la libertad anticipada, el condenado viola algún requisito inexcusable, se le hará saber al Juez de ejecución, el cual deberá de suspender inmediatamente la medida e iniciar el incidente respectivo. 

 

El cómputo de la pena podrá reformarse solo en caso de error, de revisión de la sentencia o cuando nuevas circunstancias lo tornen necesario, en cuyo caso, también se hará del conocimiento del condenado.

 

 

501

 

Artículo 501.  Rehabilitación.  El inhabilitado podrá solicitar su rehabilitación por escrito, ofreciendo la prueba en que funda su pretensión.  La solicitud se tramitará en forma de incidente.

 

Decidida la rehabilitación se practicarán las comunicaciones que correspondan.

 

Artículo 501.  Incidentes de ejecución.  El Ministerio Público, el querellante, el condenado y su defensor podrán plantear, ante el juez de ejecución los incidentes relativos a la ejecución, sustitución, modificación o extinción de la pena.  Estos deberán ser resueltos dentro de un plazo no superior a quince días después de planteado o recibido el incidente

 

 

502

 

Artículo 502. Conmutación.  La conmutación de la pena privativa de libertad prevista en la sentencia se fijará entre cinco (Q. 5.00) y cien (Q. 100.00) quetzales por cada día de prisión.  Recibida la solicitud de conmutación, el juez practicará inmediatamente el cómputo respectivo y previa comprobación de pago ordenará la libertad.

 

Artículo 502.- Trámite específico del incidente de ejecución. El juez de ejecución, al día siguiente de haber planteado o recibido el incidente, deberá de emitir la resolución de trámite respectiva, la cual se notificará a las partes al día siguiente, otorgándoles una audiencia por dos días. Vencido este plazo, resolverá, señalando una o dos audiencia orales para la incorporación de la prueba, observando que el término que se señala en el artículo anterior no sea transgredido. La resolución del Juez de ejecución deberá de emitirse en la misma audiencia oral que corresponda, salvo que por la complejidad del caso requiera uno o dos días de estudio para su resolución, en este caso se deberá de prever tal circunstancia, para no violar el plazo legal de este incidente.

 

 

503

 

Artículo 503.  Perdón del ofendido.  Cuando la ley penal otorgue efecto extintivo de la pena al perdón del ofendido, efectuado éste y con anuencia del condenado ante el juez de ejecución, ordenará su inmediata libertad si fuere procedente.

 

Artículo 503.  Resolución del Juez de Ejecución.  El juez de ejecución emitirá sus resoluciones en auto fundado y, contra lo resuelto, procederá el  recurso de apelación

 

 

504

 

Artículo 504.  Ley más benigna.  Cuando el juez de ejecución advierta que debe quedar sin efecto o ser modificada la pena impuesta, o las condiciones de su cumplimiento, por haber entrado en vigencia una ley más benigna, promoverá la revisión de la sentencia ejecutoriada ante la Corte Suprema de Justicia.

 

 

Artículo 504.  Solicitud de libertad condicional y otros beneficios penitenciarios.  La libertad condicional y otros beneficios penitenciarios podrá ser solicitada por el condenado o su Defensor ante el Juez de Ejecución.

 

Cuando el Juez de Ejecución otorgue la libertad condicional y otros beneficios, el correspondiente auto fijará además, de la libertad vigilada que se impondrá en todo caso, las medidas de seguridad a que quedará sometido el beneficiario de acuerdo con el Código Penal.  Fijará asimismo, previa consulta con el reo, el domicilio de éste, y le entregará un certificado en el que conste que se halla en libertad condicional.

 

El Juez de Ejecución vigilará el cumplimiento de la condiciones impuestas, las que podrá reformar de oficio o a petición del condenado.  Para estos efectos, el Juez de Ejecución contará con la colaboración de la Policía Nacional y de las autoridades municipales.

 

 

505

 

Medidas de Seguridad

 

Artículo 505.  Remisión y reglas especiales.  Las reglas establecidas en el capítulo anterior rigen para las medidas de seguridad y corrección en lo que sean aplicables.  Además se observarán las siguientes disposiciones:

 

1)      En el caso de incapacidad intervendrá el tutor, quien tendrá la obligación de vigilar la ejecución de la medida de seguridad y corrección.

 

2)      El juez de ejecución determinará el establecimiento adecuado para la ejecución de la medida y podrá modificar su decisión, incluso a petición del tutor o de la dirección del establecimiento.  Podrá asesorarse de peritos que designará al efecto.

 

3)      El juez de ejecución fijará un plazo, no mayor de seis meses, a cuyo término examinará, periódicamente, la situación de quien sufre una medida; el examen se llevará a cabo en audiencia oral, a puertas cerradas, previo informe del establecimiento y de peritos.  La decisión versará sobre la cesación o continuación de la medida y, en este último caso podrá modificar el tratamiento o variar el establecimiento en el cual se ejecuta.

 

4)      Cuando el juez de ejecución tenga conocimiento, por informe fundado, de que desaparecieron las causas que motivaron la internación, convocará inmediatamente a la audiencia prevista en el inciso anterior.

 

 

Artículo 505.  Revocación de la libertad condicional.  La libertad condicional podrá revocarse en los casos previstos por el Código Penal.

 

La revocación podrá ser decidida de oficio, a petición del Ministerio Público o de la víctima.

 

El Juez de Ejecución, en vía incidental,  oirá a las partes y recibirá prueba de ser necesario y  resolverá en auto motivado.

 

En caso de que se revoque la libertad condicional, practicará nuevo cómputo y pondrá en conocimiento de la autoridad penitenciaria lo resuelto.

Si el beneficiario no puede ser encontrado en el domicilio fijado por el Juez de Ejecución, éste ordenará su captura.  Podrá igualmente, dejar en suspenso la libertad condicional hasta que se resuelva el incidente.

 

 

506

 

 

Artículo 506.  Deberes del Juez de Ejecución en relación con las multas.  Si el reo ha sido condenado al pago de una multa, el Juez de Ejecución determinará las condiciones en que deberá hacerla efectiva, previa audiencia de aquél.  Si el pago de la multa ha de hacerse mediante cuotas, se estará a lo prescrito por el Código Penal.

 

Si el condenado no paga la multa, el Juez de Ejecución hará efectiva la garantía que aquel, en su caso, haya rendido o embargará y rematará bienes de su propiedad de conformidad con lo que disponen las leyes respectivas.  Asimismo, si el Juez de Ejecución lo considere  pertinente podrá otorgar la suspensión condicional de la pena de multa.

 

Si se hace necesario convertir la multa por prisión o reclusión, el Juez de Ejecución procederá de conformidad con lo establecido en el Código Penal.  El condenado tiene posibilidad de solicitar para ambas penas los beneficios pertinentes, para cada una de ellas en forma conjunta o independiente, según sea el caso.

 

 

 

 

507

 

 

Artículo 507.  Deberes del Juez de Ejecución respecto de la pena de inhabilitación.  Si la pena es de inhabilitación absoluta, el Juez de Ejecución deberá comunicarla, con indicación de la fecha en que llegará a su término la condena, al Tribunal Supremo Electoral, a los partidos políticos debidamente inscritos, a la Dirección General de Servicio Civil, a la Dirección General de Presupuesto y a las dependencias encargadas de la administración de personal de los poderes Legislativo y Judicial, del Ministerio Público y de todas las instituciones descentralizadas o desconcentradas, lo mismo que al respectivo colegio profesional, en su caso. Así también, a la Dirección de Estadística Judicial para el efecto del registro de antecedentes penales.

 

Si la pena es de inhabilitación especial, el Juez de Ejecución deberá comunicarla, con indicación de la fecha de finalización de la condena, a la autoridad o entidad encargada de controlar el ejercicio de la profesión, empleo, cargo o derecho sobre el cual recayó la inhabilitación.

 

 

508

 

 

Artículo 508. Rehabilitación. El inhabilitado podrá solicitar su rehabilitación por escrito, ofreciendo la prueba en que funda su pretensión. La solicitud se tramitará en forma de incidente. Decidida la rehabilitación se practicarán las comunicaciones que correspondan.

 

 

509

 

 

Artículo 509. Cancelación de antecedentes penales.  El Juez de ejecución, de oficio, sin vía incidental y en un plazo no mayor de treinta días después del cumplimiento de la condena, ordenará las comunicaciones respectivas,  para la cancelación de los antecedentes penales, notificándose al Ministerio Público y a las partes interesadas.

 

 

510

 

 

Artículo 510.  El Juez de Ejecución y las costas.  Imputación de pagos.  El Juez de Ejecución tramitará de conformidad con las leyes respectivas, la tasación de las costas impuestas y los demás gastos a que se refiere el Código Penal.

 

Si los bienes del condenado no fueren suficientes para cubrir todas las responsabilidades de naturaleza económica, se imputarán, por el orden siguiente:

 

1)      A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios.

 

2)      A las costas procesales y personales;

 

3)      A los gastos ocasionados por el juicio; y

 

4)      A la multa.

 

 

511

 

 

Artículo 511.  El Juez de Ejecución y los indultos.  El Ejecutivo, por medio del conducto respectivo, remitirá al Juez de Ejecución, la certificación de la resolución por medio de la cual se haya indultado una pena

 

 

512

 

 

Artículo 512.  El Juez de Ejecución y el perdón del ofendido.  Cuando el ofendido otorgue perdón con efecto extintivo de la pena, el Juez de Ejecución, en vía incidental, oirá al condenado y si manifiesta su acuerdo, el Juez ordenará, si procede conforme a derecho, su inmediata libertad.

 

 

513

 

 
Medidas de Seguridad

 

Artículo 513.  Reglas aplicables a las medidas de seguridad.  Las reglas establecidas en el Capítulo anterior, regirán para las medidas de seguridad, en lo que fueren aplicables.

 

 

514

 

 

Artículo 514.  Remisión y reglas especiales.  Además, delas anteriores, se observarán las siguientes disposiciones:

 

1)      En el caso de incapacidad intervendrá el tutor, quien tendrá la obligación de vigilar la ejecución de la medida de seguridad y corrección.

 

2)      El juez de ejecución determinará el establecimiento adecuado para la ejecución de la medida y podrá modificar su decisión, incluso a petición de tutor o de la dirección del establecimiento.  Podrá asesorarse de peritos que designará al efecto.

 

3)      El juez de ejecución fijará plazo, no mayor de seis meses, a cuyo término examinará, periódicamente, la situación de quien sufre una medida; el examen se llevará a cabo en audiencia oral, a puertas cerradas, previo informe del establecimiento y de peritos.  La decisión versará sobre la cesación o continuación de la medida y, en este último caso podrá modificar el tratamiento o variar el establecimiento en el cual se ejecuta.

 

Cuando el juez de ejecución tenga conocimiento, por informe fundado, de que desaparecieron las causas que motivaron la internación, convocará inmediatamente a la audiencia prevista en el inciso anterior.

 

 

515

 

 

Artículo 515.  Competencia del Juez de Ejecución respecto de las medidas de seguridad.  El Juez de Ejecución impondrá, sustituirá, modificará o hará cesar las medidas de seguridad a que se refiere el Código Penal en audiencia oral, en la que deberán participar el Ministerio Público, el condenado o su representante legal, en su caso, y el Defensor.

 

 

516

 

 

Artículo 516.  El Juez de Ejecución y el Estado peligroso.  En los casos previstos en el Código Penal, el Juez de Ejecución podrá decretar al sujeto de estado peligroso, cualquiera de las medidas de seguridad previstas en dicho Código, siempre que ello sea necesario de acuerdo con los estudios psicológicos y socio-económicos que de aquel se hayan hecho.

 

 

517

 

 

Artículo 517.  El Juez de Ejecución y la libertad vigilada.  En los casos en que el Juez de Ejecución decrete como medida de seguridad la libertad vigilada de enfermos mentales, toxicómanos o ebrios habituales, indicará si su cuidado estará a cargo de algún miembro de su familia o de otra persona o institución adecuada.

 

En la correspondiente resolución, establecerá las normas de comportamiento que deberá observar la persona objeto de la medida, así como, los cuidados que deberán tener para con la misma, los familiares, la persona o institución, en su caso.

La respectiva resolución la notificará a las partes, a los correspondientes miembros de la familia, persona o institución.

 

 

518

 

 

Artículo 518.  Cauciones que puede admitir el Juez de Ejecución.  Al Juez de Ejecución corresponde fijar la cuantía de la caución impuesta en sentencia, como medida de seguridad, con arreglo a lo establecido en el Código Penal.

 

Para fijar la cuantía de la caución, el Juez de Ejecución tendrá en cuenta la capacidad económica del penado y el grado de riesgo de comisión de nuevo delito.

 

La caución será rendida por cualquier interesado mediante escritura pública.

 

El Juez de Ejecución, en su caso, adoptará las medidas necesarias para hacer efectiva la caución.

 

 

519

 

 
Disposiciones Transitorias

 

Artículo 520.  Prohibiciones que puede imponer el Juez de Ejecución.  El Juez de Ejecución, excepcionalmente de oficio, a petición del Ministerio Público o de la víctima o agraviado, previa comprobación de las razones y cuando las circunstancias sobrevenidas así lo exijan, podrá imponer al condenado, que haya cumplido una pena o una medida de seguridad, la prohibición de residir en determinada localidad de la República o de concurrir a determinados lugares, hasta por cinco (5) años.

 

El Juez de Ejecución comprobará la veracidad de los informes que le proporcionen sobre las personas sometidas a medidas de seguridad, en relación a lo prescrito en el párrafo anterior.

 

 

520

 

 

Artículo 520.  Enfermedad del condenado.  Si durante la ejecución de la pena privativa de libertad, el condenado sufre alguna enfermedad que no pueda ser atendida en el Centro de Detención, el juez de ejecución dispondrá, previo informes médicos necesarios, la internación del enfermo en un establecimiento adecuado y ordenará las medidas necesarias para evitar la fuga.

El director del establecimiento penitenciario tendrá iguales facultades, cuando se trate de casos urgentes; pero la medida deberá ser comunicada de inmediato al juez que podrá confirmarla o revocarla.  Estas reglas serán aplicables a la prisión preventiva, en relación con el tribunal que conozca del proceso, y a las restantes penas en cuanto sean susceptibles de ser suspendidas por enfermedad.

 

El tiempo de internación se computará a los fines de la pena, siempre que el condenado esté privado de libertad.

 

 

521

 

 

Artículo 521. Ejecución diferida.  El juez de ejecución podrá sustituir o suspender el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, en los siguientes casos:

 

a)      Cuando deba cumplirla una mujer en estado avanzado de embarazo o con hijo menor de tres meses de edad, siempre que la privación de libertad ponga en peligro la vida, la salud o la integridad de la madre, al niño o al no nacido.

 

b)      Si el condenado se encuentra gravemente enfermo y la ejecución de la pena ponga en peligro su vida, según dictamen que se requerirá al servicio Médico Forense del Organismo Judicial.

 

c)                                 Si el condenado lograra alcanzar la edad de 70 años en prisión.

 

En estos casos, el Juez de ejecución deberá de imponerles cualesquiera de las medidas de seguridad señaladas en el Código Penal y/o hacerles cumplir esta ejecución diferida en su domicilio o centro médico durante el tiempo correspondiente a la sustitución.  Cuando cesen las condiciones que motivaron este tipo de ejecución, la sentencia continuará ejecutándose, tomándose en cuenta el tiempo que el condenado estuvo fuera de prisión para la computación de los fines de la pena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 51-2002

 

Artículo

Reformas 2002

Normas Positivas

Observación

 

25

 

Artículo 25.- Criterio de oportunidad Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos siguientes:

 

1)      Si se tratare de delitos no sancionados con pena de prisión.

 

2)      Sí se tratare de delitos perseguibles por instancia particular,-

 

3)      En los delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuere superior a cinco años con excepción de los delitos tipificados en la Ley contra la Narcoactividad.

 

4)      Que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima

 

5)      Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiado;

 

6)      El criterio de oportunidad se aplicará por los jueces de primera instancia obligadamente a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes:  Contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho,, peculado y negociaciones ilícitas, así como en los casos de plagio o secuestro.  Durante el trámite del proceso, aquellas personas no podrán ser sometidas a persecución penal respecto de los hechos de que presten declaración, siempre que su dicho contribuya eficazmente a delimitar la responsabilidad penal de los autores de los mencionados delitos bajo estricta responsabilidad del Ministerio Público lo que se establecerá en la efectiva investigación del fiscal.  En este caso, el juez de primera instancia está obligado a autorizarlo, aplicándose de oficio en esta oportunidad el sobreseimiento correspondiente.

 

La declaración se recibirá con observancia de los requisitos de la prueba anticipada, procediendo el agente fiscal que tiene a cargo la investigación a determinar la forma adecuada de presentación ante el juez respectivo.  Si el fiscal tuviere que trasladarse, el juez de primera instancia que controla la investigación, con carácter urgente y conforme la ley, deberá en este caso, comisionar al juez competente que junto al fiscal deberá trasladarse al lugar donde la persona se encuentra para realizar la diligencia .

El criterio de oportunidad a que se refieren los numerales del 1 al 5 de este artículo no se aplicará a hechos delictivos cometidos por funcionario o empleado público con motivo o ejercicio de su cargo.

 

 

Artículo 25.  Criterio de oportunidad.  Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos siguientes:

 

1)      Si se tratare de delitos no sancionados con pena de prisión.

 

2)      Si se tratare de delitos perseguibles por instancia particular.

 

3)      En los delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuere superior a cinco años.  Los jueces de paz conocerán las solicitudes planteadas por el Ministerio Público o los síndicos municipales cuando la pena privativa de libertad del hecho imputado no supere los tres años de prisión.  Cuando la pena a solicitar estuviere comprendida entre más de tres años hasta cinco, la solicitud a que se refiere éste numeral será planteada al juez de primera instancia.

 

4)      Que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima.

 

5)      Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada.

 

6)      El criterio de oportunidad se aplicará por los jueces de primera instancia obligadamente a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes:  Contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho,, peculado y negociaciones ilícitas, así como en los casos de plagio o secuestro.  Durante el trámite del proceso, aquellas personas no podrán ser sometidas a persecución penal respecto de los hechos de que presten declaración, siempre que su dicho contribuya eficazmente a delimitar la responsabilidad penal de los autores de los mencionados delitos bajo estricta responsabilidad del Ministerio Público lo que se establecerá en la efectiva investigación del fiscal.  En este caso, el juez de primera instancia está obligado a autorizarlo, aplicándose de oficio en esta oportunidad el sobreseimiento correspondiente.

 

La declaración se recibirá con observancia de los requisitos de la prueba anticipada, procediendo el agente fiscal que tiene a cargo la investigación a determinar la forma adecuada de presentación ante el juez respectivo.  Si el fiscal tuviere que trasladarse, el juez de primera instancia que controla la investigación, con carácter urgente y conforme la ley, deberá en este caso, comisionar al juez competente que junto al fiscal deberá trasladarse al lugar donde la persona se encuentra para realizar la diligencia .

El criterio de oportunidad a que se refieren los numerales del 1 al 5 de este artículo no se aplicará a hechos delictivos cometidos por funcionario o empleado público con motivo o ejercicio de su cargo.

 

 

Se deroga todo el decreto 51-2002 y se recupera la vigencia de las normas positivas.

 

43

 

Articulo 43 Competencia: Tiene competencia en materia penal:

 

1)      Los jueces de Paz Penal y los Jueces de Paz de Sentencia Penal, quienes conocerán del proceso conforme lo establece el presente Código; y los jueces de Paz Móvil a quienes la Corte Suprema de Justicia les asignará la competencia conforme lo establecido en los incisos c), d) y h) del artículo 44 de este Código.”

2)      Los jueces de Narcoactividad;

3)      Los jueces de delitos contra el ambiente.

4)      Los jueces de primera instancia;

5)      Los tribunales de sentencia-,

6)      Las salas de la corte de apelaciones,

7)      La Corte Suprema de Justicia; y

8)      Los jueces de ejecución.

 

 

Artículo 43.  competencia.  Tienen competencia en materia penal:

 

1)      Los jueces de paz.

2)      Los jueces de Narcoactividad

3)      Los jueces de delitos contra el ambiente.

4)      Los jueces de primera instancia.

5)      Los tribunales de sentencia.

6)      Las salas de la corte de apelaciones.

7)      La Corte Suprema de Justicia; y

8)      Los jueces de ejecución.

 

 

 

 

44

 

Artículo 44. Juez de Paz Penal.  Los jueces de Paz Penal tendrán las siguientes atribuciones:

a)      Juzgarán las faltas, los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya pena principal sea multa conforme el procedimiento específico del juicio por faltas que establece este Código.

 

b)      Tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este Código establece, respecto de los delitos penados con prisión que no exceda de los cinco años, con excepción de los delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad Instruirán también, personalmente, las diligencias que específicamente les estén señaladas.

 

Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio y del abreviado.  Conocerán, además del procedimiento de liquidación de costas, en los procesos de su competencia.

 

c)       Conocerán a prevención en los lugares donde no hubiere Juzgados de Primera Instancia, o bien se encontrare cerrado por cuestiones de horario, o por cualquier otra causa en los casos de delitos sancionados con penas mayores de cinco años de prisión.

d)      Practicarán las diligencias urgentes y oirán a los detenidos dentro del plazo que manda la Constitución Política de la República.

e)      También podrán autorizar, en los términos que lo define el artículo 308 de este Código, los actos de investigación solicitados por el Ministerio Público.

f)       Autorizarán la aplicación del criterio de oportunidad en los casos que establezca la ley.

g)      Practicarán las diligencias para las cuales fueren comisionados por los jueces de primera instancia, siempre que éstos no tuvieren su sede en la misma circunscripción municipal.

h)      Realizarán los actos relativos a la conciliación, en los casos y formas previstos en este Código y resolverán sobre las solicitudes de aprobación de los acuerdos alcanzados a través de la mediación.

i)        Únicamente podrán resolver sobre la prisión preventiva, la libertad de los procesados, y las medidas sustitutivas, en los procesos sometidos a su competencia conforme se establece en el presente Código.

j)       Los jueces de Paz Penal ejercerán el control jurisdiccional de los actos, de investigación que realice el Ministerio Público, en los procesos sometidos a su competencia.

 

En los municipios donde no exista delegación del Ministerio Público, ejercicio de la acción penal se continuará desarrollando por la fiscalía distrital que corresponda , de acuerdo a la designación administrativa de esa jurisdicción.  Dentro de los plazos que establece este Código, el Juez de Paz Contralor de la investigación deberá trasladar el expediente al Juez de Paz de Sentencia  para la resolución y tramitación de la fase del juicio en el proceso”.

 

Artículo 44.  Juez de paz.  Los jueces de paz tendrán la siguientes atribuciones:

 

a)      Juzgará las faltas, los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya pena principal sea de multa conforme el procedimiento específico del juicio por faltas que establece esta ley;

 

b)      Conocerán a prevención en los lugares donde no hubiere Juzgado de Primera Instancia, o bien se encontrare cerrado por cuestiones de horario o por alguna otra razón.

 

c)       Practicarán las diligencias urgentes y oirán a los detenidos dentro del plazo que manda la Constitución Política de la República.

 

d)      También podrán judicar, en los términos que lo define el Artículo 308 de este Código, la investigación del Ministerio Público.

 

e)      Autorizarán la aplicación del criterio de oportunidad en los casos que establezca la ley.

 

f)       Practicarán las diligencias para las cuales fueren comisionados por los jueces de primera instancias, siempre que éstos no tuvieren su sede en la misma circunscripción municipal.

 

g)      Realizar la conciliación en los caos previstos en este Código y resolver sobre las solicitudes de aprobación de los acuerdos alcanzados a través de la mediación.

 

En ningún caso podrán resolver nada sobre la prisión preventiva y libertad de los procesados ni podrán aplicar medidas sustitutivas, excepto cuando los delitos no tengan prevista pena privativa de libertad, según lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 261 de este Código.

 

 

 

44

bis.

 

Articulo 44 Bis Juez de Paz Sentencia Penal. Los jueces de Paz de Sentencia Penal Conocerán en forma unipersonal del juicio oral y, en un caso, pronunciaran la sentencia respectiva en todos los procesos cuya pena de prisión no exceda de cinco años. Para el ejercicio de sus funciones, estos jueces ejercerán su función jurisdiccional con las mismas facultades que corresponden a los tribunales de sentencia.

 

 

 

44

ter.

 

Articulo 44 Ter Juez de Paz Móvil:  los jueces de paz Móvil tendrán la competencia asignada por la corte Suprema de Justicia, la cual la determina en razón de la cuantía, territorio y conforme el procedimiento que establecen las leyes especificas. 

 

 

 

47

 

Artículo 47.  Jueces de Primera Instancia.  Los jueces de Primera Instancia tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación  efectuada por el Ministerio Público en la forma que este Código establece para los delitos cuya pena mínima exceda de cinco años con prisión y todos aquellos delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad y cualquier otra ley que regule esta clase de hechos delictivos. Además instruirán personalmente las diligencias que específicamente les estén señaladas por ley.

 

Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio, y conocerán, además, del procedimiento de liquidación de costas en los procesos de su competencia”.

 

Artículo 47.  Jueces de Primera Instancia.   Los jueces de primera instancia tendrán a su cargo el control jurisdiccional  de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este Código establece.  Instruirán, también personalmente las diligencias que específicamente les estén señaladas.

 

Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio y del abreviado.  Conocerán además, del procedimiento de liquidación de costas.

 

 

52

 

Articulo 52 Distribución.  La corte suprema de justicia distribuirá la competencia territorial y reglamentara el funcionamiento, organización, administración y distribución de los jueces de paz, de narcoactividad y delitos contra el ambiente, de primera instancia, tribunales de sentencia, salas de la corte de apelaciones, jueces de ejecución y del servicio público de defensa, en forma conveniente.

 

“La Corte Suprema de Justicia determinará la sede, distrito, municipio o departamento que corresponda a cada Juez de Paz Penal, y a cada Juez de Paz de Sentencia; y en donde existiere más de un Juzgado de Paz, también les fijará su competencia por razón de la materia, de la cuantía y del territorio.

 

Lo anterior no es aplicable a los juzgados de Paz comunitarios que regula este Código a quienes se les asignan por ley funciones específicas

 

Artículo 52.  Distribución.  La Corte Suprema de Justicia distribuirá la competencia territorial y reglamentará el funcionamiento, organización, administración y distribución de los jueces de paz, de Narcoactividad y delitos contra el ambiente, de primera instancia, tribunales de sentencia, salas de la corte de apelaciones, jueces de ejecución y del servicio público de defensa, en forma conveniente.

 

 

151

 

Artículo 151.- Vencimiento. Los plazos fijados son improrrogables y a su vencimiento caduca la facultad respectiva, salvo lo dispuesto por la Ley del Organismo judicial.

 

El incumplimiento de los plazos por parte de los funcionarios judiciales, será sancionado de conformidad con la Ley de la Carrera Judicial.

 

Artículo 151.  Vencimiento.  Los plazos fijados son improrrogables y a su vencimiento caduca la facultad respectiva, salvo lo dispuesto por la Ley del Organismo Judicial.

 

Los plazos que sólo tienen como fin regular la tarea de los funcionarios públicos que intervienen en el procedimiento, serán observados rigurosamente por ellos; su inobservancia implicará mala conducta en el desempeño de sus funciones, y la sanción disciplinaria procederá de oficio, previa audiencia del interesado.

 

 

 

 

268

 

Artículo 268.- Cesación del  encarcelamiento. La privación de libertad finalizará:

 

1)      Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tomen conveniente, su sustitución por otra medida.

 

2)      Cuando su duración supere o equivalga a la condena que se espera, considerando, incluso, la posible aplicación de reglas penales relativas a la suspensión o remisión de la pena, o a la libertad anticipada.

 

3)      Cuando su duración exceda de un año; pero si se hubiere dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso, podrá durar tres meses más.

 

 

“Las salas de la Corte de Apelaciones de la República, en los casos sometidos a su conocimiento a solicitud de los jueces de Paz, jueces de Instancia o Tribunales de Sentencia o del Ministerio Público, conocerán, y en su caso, autorizarán cuantas veces sea necesario, la prórroga de los plazos de prisión preventiva que establece el Código, fijando en todo caso, el plazo de la prórroga concedida.

 

 

 

En ningún proceso sometido a la competencia de los juzgados de Paz la prórroga a que se refiere el presente artículo se podrá otorgar por más de dos veces.

En los procesos en que se hubiere dictado sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso de apelación especial.

 

 

La Corte Suprema de Justicia, en los casos sometidos a su conocimiento, de oficio o a solicitud de las Salas de la Corte de Apelaciones o del Ministerio Público, podrá autorizar en los casos de su competencia, que los plazos anteriores se prorroguen cuantas veces sea necesario, fijando el tiempo concreto de las prórrogas.  En este caso podrá indicar las medidas necesarias par acelerar el trámite del procedimiento y quedará a su cargo el examen de la prisión.

 

Artículo 268.  Cesación del encarcelamiento.  La privación de libertad finalizará:

 

1)      Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida.

 

2)      Cuando su duración supere o equivalga a la condena que se espera, considerando, incluso, la posible aplicación de reglas penales relativas a la suspensión o remisión de la pena o a la libertad anticipada.

 

3)      Cuando su duración exceda de un año; pero si se hubiere dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso, podrá durar tres meses más.

 

 

 

 

324

ter.

 

Articulo 324 ter.- control  judicial por los Jueces de Paz. En los casos cuya competencia corresponda a los jueces de Paz, los plazos a que se refiere el articulo anterior, serán los Siguientes:

 

a)      Un máximo de cuarenta y cinco días para que el Ministerio Público plantee solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, a partir de dictado el auto de prisión preventiva.

 

b)      Si en el plazo máximo de cuatro días de concluido el plazo señalado en el inciso anterior, el fiscal o a quien corresponde esa función aun no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura 1

 

c)       Provisional del procedimiento con las, consecuencias de ley, en este caso el Ministerio Público podrá solicitar la reapertura de la investigación por medio de los procedimientos establecidos en este Código.

 

d)      Un máximo de tres meses para la duración del procedimiento preparatorio a partir del auto de procesamiento, en el caso que se haya dictado cualquier medida sustitutiva

 

Mientras no exista vinculación procesal mediante auto de procesamiento o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a estos plazos".

 

 

 

 

383

 

Articulo 383  Deliberación: Inmediatamente después de clausurado del debate, los jueces que haya investigado en el pasarán a deliberar en sesión secreta, a la cual solo podrá asistir el secretario

 

 

“El Juez de Paz de Sentencia al realizar el análisis y valoración de la prueba producida durante el debate, si lo estima necesario, podrá ordenar la reapertura del debate conforme lo establece el siguiente artículo”.

 

 

Artículo 383. Deliberación:  Inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasarán a deliberara en sesión secreta, a la cual sólo podrá asistir el secretario.

 

 

385

 

Articulo 385 Sana crítica: Para la liberación y votación, el tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana critican razonada y resolverá por mayoría de votos.

 

La decisión versará sobre la absolución o la condena. Si se hubiere ejercido la acción civil, declarará procedente o sin lugar, la demanda, en la forma que corresponda

 

“Los Juzgados de Paz de Sentencia observarán en lo que fuere aplicable, lo dispuesto en el párrafo anterior”.

 

Artículo 385.  Sana crítica.  Para la deliberación y votación, el tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría de votos.

 

La decisión versará sobre la absolución o la condena.  Si se hubiere ejercido la acción civil, declarará procedente o sin lugar la demanda, en la forma que corresponda.

 

 

386

 

Artículo 386.- Orden de deliberación. La cuestiones deliberarán, siguiendo un orden lógico en la siguiente forma cuestiones previas; existencia del delito; responsable penal del acusado; calificación legal del delito; PENA imponer; responsabilidad civil; costas, y los demás que Código u otras leyes señalen. La decisión posterior ver sobre la absolución o la condena. Si hubiere ejercido acción civil, admitirá la demanda en la forma corresponda o la rechazará.

 

Los Juzgados de Paz de Sentencia observarán en lo que fuere aplicable, lo dispuesto en el párrafo anterior.

 

Artículo 386.  Orden de deliberación.  Las cuestiones se deliberarán, siguiendo un orden lógico en la siguiente forma:  cuestiones previas; existencia del delito; responsabilidad penal del acusado; calificación legal del delito; pena a imponer; responsabilidad civil; costas, y los demás que este Código u otras leyes señalen.  La decisión posterior versará sobre la absolución o la condena.  Si hubiere ejercido la acción civil, admitirá la demanda en la forma que corresponda o la rechazará.

 

 

387

 

Artículo 387.  Votación.  Los vocales deberán votar cada una de las cuestiones, cualquiera que fuere el sentido de su voto sobre las precedentes, resolviéndose por simple mayoría.  El juez que esté en desacuerdo podrá razonar su voto.

Sobre la sanción penal o la medida de seguridad y corrección, deliberarán y votarán todos los jueces.  Cuando exista la posibilidad de aplicar diversas clases de penas, el tribunal deliberará y votará, en primer lugar, sobre la especie de pena a aplicar, decidiendo por mayoría de votos.

 

Esté artículo no es aplicable para los procesos cuyo conocimiento corresponda al Juez de Paz de Sentencia.

 

Artículo 387.  Votación.  Los vocales deberán votar cada una de las cuestiones, cualquiera que fuere el sentido de su voto sobre las precedentes, resolviéndose por simple mayoría.  El juez que esté en desacuerdo podrá razonar su voto.

 

Sobre la sanción penal o la medida de seguridad y corrección, deliberarán y votarán todos los jueces.  Cuando exista la posibilidad de aplicar diversas clases de penas, el tribunal deliberará y votará, en primer lugar, sobre la especie de pena a aplicar, decidiendo por mayoría de votos

 

 

390

 

Artículo 390. Pronunciamiento.  La sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala.  Redactada la sentencia , el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de la audiencia después de ser convocados verbalmente todas las partes en el debate, y el documento será leído ante los que comparezcan.  La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente copia a los que la requieran.  El original del documento se agregará al expediente.

Cuando la complejidad del asunto o l avanzado de la hora torne necesario diferir la redacción de la sentencia, se leerá tan solo su parte resolutiva y el tribunal designará un juez relator que imponga a la audiencia, sintéticamente, de los fundamentos se deberá llevar a cabo, a más tardar, dentro de los cinco días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva.

 

En los procesos cuya competencia corresponda a los jueces de paz de sentencia la lectura de la sentencia se deberá llevar acabo, a más tardar dentro de los cinco días siguientes del pronunciamiento de la parte resolutiva

 

Artículo 390.  Pronunciamiento.  La sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala.  Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de la audiencia, después de ser convocados verbalmente todas las partes en el debate y el documento será leído ante los que comparezcan.  La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente copia a los que la requieran.  El original del documento se agregará al expediente.

Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora torne necesario diferir la redacción de la sentencia, se leerá tan sólo su parte resolutiva, indicando sintéticamente, los fundamentos que motivaron la decisión.  La lectura de la sentencia se deberá llevar a cabo, a más tardar, dentro de los cinco días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva.

 

 

415

bis.

 

Artículo 415 bis. Apelación especial ante el Juzgado de Paz de Sentencia.  En los procesos a que se refiere el inciso b) del artículo 44 de este Código, el recurso de apelación especial procede contra las resoluciones que dicten los jueces del Paz de Sentencia que pongan fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad o corrección no así el medio de impugnación previsto en el título sexto del libro tercero de este Código.

 

 

 

 

 

Artículo 17.  Aplicabilidad.  En aquellos casos establecidos en el Código Procesal Penal, donde la norma se refiera al Juez de Primera Instancia, se entenderá que la misma también es aplicable al Juez de Paz Penal para los casos que se encuentran determinados dentro del ámbito de su competencia conforme el presente Decreto