EXPEDIENTE 83-2009

26/08/2009 – PENAL

C-01070-2008-00826 OFICIAL 1º. TRIBUNAL OCTAVO DE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL  AMBIENTE.

SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE. GUATEMALA, VEINTISEIS DE  AGOSTO  DE DOS MIL NUEVE.

EN NOMBRE DEL PUEBLO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, ésta Sala dicta sentencia en virtud del Recurso de Apelación Especial por motivo de FORMA y de FONDO interpuesto por el  procesado EDGAR BENJAMIN QUIÑONEZ SANCHEZ. Se procede al estudio de la sentencia dictada con fecha veintiséis de febrero de dos mil nueve por el Tribunal Octavo  de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, dentro del expediente identificado en el encabezado de la sentencia, donde figura como procesado EDGAR BENJAMIN QUIÑONEZ SANCHEZ, por el delito de PARRICIDIO. El recurso de Apelación Especial interpuesto fue declarado admisible en resolución de fecha veinte de mayo de dos mil nueve. En esta instancia actúa como Acusador Oficial el Ministerio Público a través de los Agentes Fiscales Vielmar Bernaú Hernández Lemus y Silvia Patricia López Cárcamo; la defensa del acusado está a cargo del abogado Arsenio Locon Rivera. Dentro del proceso  figura Querellante Adhesivo Y  Actora Civil ERICA JACIONTO VICENTE, quien actúa bajo la dirección y procuración del abogado Rootman Estivens Pérez Alvarado.

I. DATOS DEL PROCESADO:

EDGAR BENJAMIN QUIÑONEZ SANCHEZ de veinticuatro años de edad, originario de la Aldea Valle Nuevo del municipio  de Jalpatagua del departamento de Jutiapa, hijo de Benjamín Quiñónez y Maria Eugenia Sánchez.

II. DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA IMPUGNADA:

El Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala por Unanimidad resolvió “ I.- Que el acusado EDGAR BENJAMIN QUIÑONEZ SANCHEZ  es autor responsable del delito de PARRICIDIO cometido en contra de la vida e integridad de la señora MARIA DE JESUS VELASQUEZ JACINTO. II. Que por la comisión de dicho ilícito penal se le impone la sanción de TREINTA AÑOS DE PRISION INCOMUTABLES, aumentada en una cuarta parte lo que hace un total de TREINTA Y SIETE AÑOS CON SEIS MESES DE PRISION, pena que deberá cumplir en el Centro de Reclusión que designe el Juez de Ejecución competente; III.- Encontrándose sometido a Prisión Preventiva se le deja en la misma situación jurídica hasta que el presente fallo se encuentre firme; IV.- Se suspende al condenado en el goce de sus derechos políticos mientras dure la presente condena; V. Se declara con lugar la Demanda Civil ejercitada por la Querellante Adhesiva y Actora Civil en relación a los daños morales, fijándose en la cantidad de DOSCIENTOS MIL QUETZALES. VI. Sin lugar la demanda civil ejercitada por la Querellante Adhesiva y Actora Civil en relación al lucro cesante. VI. Se exime al condenado del pago de las costas procesales por su situación económica; VII. Se deja abierto proceso en contra de DINA LUZ CERVANTES AGUILAR, RAUL ALBERTO VAIL LOPEZ, ALEX GEOVANNI BARRIOS HERNANDEZ Y CRUZ MAGALY SIAN SIPAQUE, por los delitos de Falso Testimonio y Encubrimiento. IX. Al encontrarse firme el presente fallo se ordena al Ministerio Público, remitir las armas Glock y Pietro Beretta, identificadas anteriormente, al Ministerio de Gobernación. X. Firme la presente sentencia remítase al Juzgado de Ejecución Penal para las anotaciones e inscripciones correspondientes.

III. DE LA INTERPOSICION DE LA APELACION.

El Recurso de Apelación Especial fue planteado por el procesado EDGAR BENJAMIN QUIÑONEZ SANCHEZ, por motivo de FONDO Y FORMA; con fundamento en lo preceptuado en los numerales 1) y 2) del Artículo 419 del Código Procesal Penal;  con relación al  Motivo de Forma  invoca Inobservancia de los artículos 281,  283, 421 tercer Párrafo y 432 del Código Procesal Penal con relación al artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala; para el Segundo Sub-caso invoca  errónea aplicación de la ley, específicamente de los artículos 186 y 385 del Código Procesal Penal; como tercer sub-caso invoca la Errónea Aplicación de la Ley, por Falta de Fundamentación, en violación del Derecho de Defensa del Condenado,  invoca como preceptos legales inobservados los artículos 11 Bis y 283 del Código Procesal Penal y 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala; Como Motivo de Fondo, para el primer Sub-caso invoca la Errónea aplicación, del artículo 131 del Código Penal  con relación al artículo 11 del Código Penal; como Segundo Sub-caso invoca la Errónea Aplicación  de los artículos 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 127 del Código Penal; como tercer Sub-caso invoca  la Errónea Aplicación del artículo 131 del Código Penal; con relación a los artículos 28, 65 y 66 del mismo cuerpo legal.

IV. DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO:

El Recurso de Apelación Especial fue declarado admisible formalmente en resolución de fecha veinte de mayo de dos mil nueve.

V. DE LA AUDIENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA:

La audiencia para la vista del recurso se señaló el día trece de agosto del dos mil nueve a las diez horas, en la cual estuvieron presentes El Abogado defensor Arsenio Locon Rivera; la Querellante Adhesiva y Actora Civil Erica Jacinto Vicente con su abogado director Rootman Estivens Pérez Alvarado, el Ministerio Público reemplazó su participación por escrito. Para  la lectura de la sentencia se señaló la audiencia el día veintiséis de Agosto  de dos mil nueve, a las  doce horas.

CONSIDERANDO:
-I-

El recurso de apelación, aparece en nuestro ordenamiento legal, ligado al valor “seguridad Jurídica”, como medio para subsanar los errores judiciales en el caso concreto, para satisfacer la necesidad social de la corrección de las decisiones judiciales y que el Derecho sea aplicado de un modo uniforme y equitativo. El derecho fundamental  de recurrir el fallo ante un tribunal superior, consiste en la facultad de desencadenar el control, manifestado a través de mecanismos que permiten el dictado de un nuevo fallo integral o el control sobre la aplicación del Derecho y las condiciones de legitimidad del fallo, referidas a los límites impuestos por los principios dispositivos, de limitación del conocimiento y de no reformar en perjuicio, que lo limitan a cuestiones jurídicas sustantivas y procesales que afectan la sentencia dictada en juicio oral.

-II-

El recurso de apelación especial podrá hacerse valer cuando la sentencia contenga los vicios de fondo y forma que describe la ley; el Tribunal de alzada conocerá solamente de los puntos de la sentencia expresamente señalados en el recurso. En caso de proceder el recurso por motivos de fondo, el tribunal de alzada anulará la sentencia recurrida y pronunciará la que corresponda;  si se acoge el recurso, con base en inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituya un defecto de procedimiento, anulará total o parcialmente la decisión recurrida y ordenará la renovación del trámite del tribunal competente.

-III-

Por razones de técnica procesal, se analizará el recurso, en primer lugar por motivos de forma, y en el caso de ser desestimado por los sub-motivos invocados, se entrará a conocer el mismo por motivos de Fondo, dadas las consecuencias jurídicas que se derivan de la declaración de procedencia por esos motivos.
EL PRIMER SUB-CASO POR MOTIVO DE FORMA INOBSERVANCIA DE LA LEY QUE CONSTITUYE DEFECTO DE PROCEDIMIENTO, se fundamenta en el artículo 419 inciso 2 del Código Procesal Penal:  y considera violados los artículos 281, 283, 421 del mismo cuerpo legal, con relación al artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala;  argumentando defecto de procedimiento en la incorporación y valoración de prueba pericial y testimonial sin las formas que prescribe la ley con efecto decisivo en la parte resolutiva de la sentencia: manifiesta que se incorporó por su lectura documentos consistentes en dictámenes periciales practicados por la Perito BERTA ALICIA PACHECO DE HERNANDEZ, hoja veinticinco de la sentencia, dándole valor a la declaración e informe de fecha catorce de noviembre de dos mil ocho, no otorgándoles valor a los  tres informes de fecha veintiséis de enero del año en curso, con el argumento que pese a su utilidad no se puede aceptar informes que a la fecha de admisión de la prueba eran inexistentes; que la contradicción  y violación al debido proceso, estriba que la acusación se formuló por el Ministerio Público con fecha cinco de junio de dos mil ocho, por lo que dicha prueba declarada con valor probatorio infringe el contenido de los artículos 225, 227, 230, 231, 233 del Código Procesal Penal, al ignorar la defensa la forma de realización de dicha pericia y efectuarse fuera del período probatorio, que  no obstante su extemporaneidad se admitió y se valoró para condenar, habiendo hecho la defensa la protesta de anulación formal;  que el tribunal también recibió  la declaración de los menores MAYCOL ANDERSON JACINTO Y STEFANY BEVERLY DANIELA JACINTO, deposiciones de valor decisivo, los cuales declararon  sin la forma que prescribe el articulo 213 del Código Procesal Penal, al no requerirse la decisión del representante legal, que bien pudo ser la Procuraduría General de la Nación, lo que constituye violación al debido proceso, lo que no requiere de protesta previa en atención a lo que prescriben los artículos 283 del Código Procesal Penal y 12 de la Constitución. La aplicación que pretende, es que se acoja el recurso, anulando totalmente la sentencia recurrida y se ordene la renovación  desde el momento que corresponda. Esta Sala al confrontar los agravios denunciados por el sub-motivo antes identíficado con la sentencia de mérito, estima que no existe la violación de las normas procesales invocadas en relación al artículo 12 Constitucional, en virtud, de que al momento de la proposición y aceptación como medio de prueba del dictamen de la Perito Berta Alicia Pacheco de Hernández, de fecha catorce de noviembre de dos mil ocho, el cual fue ratificado en la audiencia del debate, no fue impugnado de manera alguna, además de que existe el principio de libertad de prueba y que esta se produce en la audiencia del debate, por lo que se considera, que el Tribunal de Sentencia al valorar el mismo, no violenta las normas invocadas;  de igual manera al recibir la declaración testimonial de los menores MAYCOL ANDERSON JACINTO Y ESTEFANY BEVERLY DANIELA JACINTO, sin que mediara autorización de los representantes legales, tutor designado o la Procuraduría General de la Nación, no se violenta el debido proceso, en virtud de que  de conformidad con o establecido en el artículo 12 de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, ESTOS TIENEN EL DERECHO DE EXPRESAR SU OPINION LIBREMENTE EN TODOS LOS ASUNTOS QUE LES AFECTEN; por lo anterior, no existen ninguna violación a las normas invocadas por el recurrente; consecuentemente; el recurso de apelación Especial por este Sub-motivo no puede ser acogido.
SEGUNDO CASO DE FORMA: Invoca  a) Vicio de la sentencia, errónea aplicación de la Ley, por no haberse observado en ella las reglas de la Sana Crítica Razonada con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo; b) Expresión de fundamentación legal del presente caso, conforme lo preceptúa el artículo 420 inciso 5to, y 394 inciso 3ero del Código Procesal Penal, invoca como normas violadas los artículos 186 y 385 primer párrafo del Código Procesal Penal. Como Agravio denuncia  que en la parte resolutiva del fallo de condena, en su apartado de razonamientos que inducen al tribunal a condenar, el tribunal ha cometido vicio absoluto de anulación formal, al no haber observado las reglas de la sana crítica, violando principios lógicos de contradicción y de razón suficiente y de la experiencia; argumenta que  fue sometido a proceso penal, sobre hechos que se señalan en la acusación  de fecha cinco de junio de dos mil ocho, en la que se afirma que el trece de enero de dos mil ocho, a la trece horas con treinta minutos, cuando ella se encontraba sentada en el interior del Pick-Up en la subestación de la Policía Nacional Civil trece punto cuatro, porque estaba sola le disparó, le señala que el acusado había argumentado que su arma Tipo Pistola numero de registro N diez mil seiscientos ochenta y ocho Z, no la había retirado de la Armería desde el veinte de diciembre de dos mil siete, con el argumento que estaba en mal estado de funcionamiento, pero según peritaje su arma si se encontraba en capacidad de disparar. (con esto se le indica al acusado, no obstante ser un hecho que no tiene nada de claro, preciso, ni concreto, que el arma usada en el hecho, fue la registrada al acusado, porque si estaba en capacidad de disparar), ya que en ningún punto o apartado del hecho acusatorio, se indica que el hecho se produjo con una tercera arma, tal y como lo tiene razonado el Tribunal en la Sentencia. INFRACCION A LAS REGLAS DE LA LOGICA:  En  cuanto al principio de no contradicción, para que un razonamiento sea lógico y solo determine una inequívoca conclusión, se debe arribar a certeza plena sobre responsabilidad, en la sentencia el tribunal tiene determinado en forma precisa y circunstanciada que el sindicado si disparó, en fecha, hora y lugar determinados a la víctima, describe  la forma en que le disparó y la posición de la víctima dentro del vehículo, ignorándose si era de dos o cuatro puertas, teniendo el tribunal por acreditado ese hecho. Que al confrontar los medios de prueba en forma íntegra, pericial y testimonial,  se comprueba, que ninguno de los medios de prueba puede inducir a certeza jurídica de que el acusado haya disparado a la víctima con arma de fuego,  de lo cual se desprende la infracción al principio lógico de no contradicción, ya que el tribunal extrae conclusiones de medios de prueba que no contiene la afirmación  que se hace en la sentencia; que ningún testigo afirmó haber visto que el acusado haya disparado a la victima para poderla concatenar con la prueba pericial, que en su conjunto le favorece.  Considera que el Tribunal infringe la lógica en medios de prueba decisivos en su parte resolutiva, tales como el Informe balístico del perito Jorge Fernando Fernández Pérez,  de fecha diez de marzo de dos mil ocho, al afirmar el tribunal que aún cuando las armas se encuentran en capacidad de disparar no fueron las que percutaron el proyectil identificado en el peritaje; faltando a la verdad en perjuicio del imputado, pues del examen del  peritaje se infiere claramente el contenido  de la prueba, pues la conclusión indica que no posee suficientes características identificativas  para determinar si fue disparado por la GLOCK, pero no indica categóricamente  que no fue disparado por esa arma, como concluye respecto a la Petro Bereta, es decir que dicho peritaje deja en la conclusión que pudo o no ser disparada  por esa arma, es decir la GLOCK a cargo y responsabilidad de la víctima. Que el informe de la perito BRENDA JEANNETTE TELLO LOPEZ DE GARCIA,  debidamente ratificado en el debate,  se puede determinar que el peritaje FISICO QUIMICO DEL ACUSADO, cuyas conclusiones no son compatibles con ambiente de disparo,  el peritaje físico químico en la victima, concluye que los resultados objetivos del análisis en mano izquierda, el mismo es compatible de ambiente de disparo, contrario a lo que concluye en los dictámenes periciales, el tribunal afirma que la víctima no disparó y que el acusado si disparó una tercera arma, y el tribunal da razones, criterios y deducciones personales por las cuales afirma que la prenda consistente en playera negra del acusado no tiene señales de pólvora por las razones que considera; que  las prendas de vestir que constan en el dictamen FIQ-08.0611 de fecha diecinueve de agosto de dos mil ocho, en el cual concluye que las prendas de la victima, en las cuales no se detecta pólvora, por lo  infringe el principio lógico de no contradicción y el de razón suficiente; por ende infringe la experiencia al afirmar que el ambiente cerrado tenía ambiente de disparo en la mano izquierda de la víctima, pero que por otras razones las prendas de la víctima no tienen residuos de pólvora. Que la apreciación de la prueba, respecto de la pericial tratada en el presente caso, los juicios de valor deben coincidir en una inequívoca conclusión, y el tribunal razona en forma contraria a lo que dictamina los testigos, basado en apreciaciones personales, tales como que el acusado disparó con una tercera arma que no aparece en la acusación, que el proyectil de evidencia en el lugar del hecho no fue disparado por el arma pistola Glock de la occisa, que la víctima no disparó, no obstante el resultado de la absorción atómica en su mano izquierda, lo que hace evidente la violación denunciada. La aplicación que pretende es que se anule la sentencia recurrida. Esta Sala, al poner en congruencia los agravios denunciados con la sentencia de mérito, estima que no existe la violación alegada por el recurrente; en virtud de que el tribunal en el apartado de la sentencia correspondiente a III) DETERMINACION PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS; acreditó que el acusado  fue quien disparó a la víctima; el cual es congruente con el apartado de la sentencia relativo a V) DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ACUSADO Y LA CALIFICACIÓN DEL DELITO, en donde con claridad establecen los jueces el porque arriban a la conclusión de certeza de la participación del acusado en el hecho atribuido; de igual manera en ese mismo apartado de la  sentencia, el Tribunal hace una análisis de los  informes periciales rendidos por los peritos  JORGE FERNANDO FERNANDEZ PEREZ;  BRENDA JEANNETTE TELLO LOPEZ DE GARCIA, explicando de manera coherente lo que de cada uno de ellos se desprende, así como, la razón por la cual concluyen que el disparo procedía de una arma diferente a las asignadas al acusado y a la víctima; explican debidamente  porque a la prenda de vestir, camisa negra, que portaba el acusado, al realizar el análisis químico  no se le encontraron residuos de pólvora; y porque la declaración de la perito TELLO LOPEZ DE GARCIA sirve para descartar  la posibilidad que la víctima se halla disparado; considerando que el razonamiento respeta el principio de razón suficiente, porque los razonamientos están conformados por deducciones razonables  conforme  la prueba producida en el debate, razonamiento que en ningún momento infringe los principios de la experiencia y psicología, ya que como se indicó con anterioridad, el tribunal de sentencia en el apartado de la  sentencia correspondiente a V)  DE LA RESPONSABILIDAD  PENAL DEL ACUSADO Y LA CALIFICACIÓNDEL DELITO,  establece un orden lógico que determina la forma como se produjeron los hechos. En virtud de lo anteriores recurso de apelación especial por el sub-motivo de forma antes analizado no puede ser acogido.
TERCER SUB-CASO DE FORMA: invoca  ERRONEA APLICACIÓN DE LA LEY POR FALTA DE FUNDAMENTACION EN VIOLACION DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONDENADO; como agravio indica que en la parte resolutiva de la sentencia se le condena a la pena de treinta y siete  años seis meses de prisión, fallo que se sustenta en violación a su derecho de defensa, con falta de fundamentación, para condenarlo por el delito de Parricidio, imponiéndole una pena aumentada en una cuarta parte, por agravante especial y de hechos no contenidos en la acusación. Considera inobservados los artículos 11 Bis y 283 del Código Procesal Penal y 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Como argumentación, el apelante indica que se le impone la pena de treinta años de prisión aumentada en una cuarta parte, con fundamente en el artículo 131 del Código Penal, por el hecho de haber sido cometido por Agente de la Policía Nacional Civil, hace un total de treinta y siete años con seis meses, en donde con violación a su derecho de defensa, aplica el contenido del artículo 28 del Código Penal.  Agrega que los jueces emitieron una sentencia en una forma arbitraria, porque sin base directa probatoria, dieron por acreditados los hechos de la acusación en su apartado de la determinación precisa y circunstanciadas de los hechos que el tribunal tiene por acreditados, copiando los pasajes más importantes de la acusación en la sentencia y sutilmente al valorar cada uno de los medios de prueba, afirman que el hecho se produjo con una tercera arma, lo cual se probó imaginariamente por los jueces sentenciadores, porque un objeto de tal magnitud debe probarse en juicio, porque es precisamente el fin del proceso penal, en el caso de la categoría de bien mueble, tiene que probarse con documento fehaciente, extendido por autoridad competente, así las cosas, se le acusó por parricidio y se le condeno sin prueba directa en su contra, acreditando que el hecho fue ejecutado con una tercera arma, que no consta en la acusación, además los jueces aplicaron el contenido del artículo 28 del Código Penal, es decir agravantes lo cual no consta en la acusación, por lo que no se puede imponer pena en ese sentido, pues jamás fue intimado sobre ese extremo, sobre que la pena se podía aumentar en una cuarta parte, pues en ningún momento se le intimó sobre que el hecho lo había producido con grave abuso de autoridad y abusando de que el Estado de Guatemala le había encargado como agente de la Policía Nacional Civil, lo que deviene en una inobservancia de la ley procesal penal y constitucional, artículos 11 Bis, 283 del Código Procesal Penal y 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala.  Pretende que se acoja el presente motivo y se anule totalmente la sentencia y acta de debate oral y público, ordenando la revonación del trámite desde el momento que corresponde. Esta Sala, al poner en congruencia los agravios denunciados por el recurrente con el fallo analizado, estima que no existe violación a los artículos 11 Bis, relativo a la fundamentación; 283 relativo a los Defectos Absolutos, ambas normas del Código Procesal Penal, con relación al artículo 12 Constitucional; puesto que los jueces al valorar todos y cada uno de los medos de prueba aportados a la audiencia del debate, contiene un conjunto de razonamientos de derecho sobre los hechos objeto de la actividad probatoria en el juicio, que indujeron, en este caso al tribunal a condenar, toda vez que la prueba producida en el debate no solo es enumerada o descrita, sino que expresan porque resultan útiles y  prueban los hechos , explicando las razones de hecho y de derecho por lo que arriban a la conclusión de condena; con la valoración de órganos y medios de prueba los juzgadores arriban a la conclusión que el acusado utilizó para cometer el hecho una tercera arma,  y  la razón por la cual al momento de fijar la pena aplicaron el artículo 28 del Código Penal,  al quedar acreditado en autos que el procesado al momento de la comisión del delito era agente de la Policía Nacional Civil; tal y como se describe en el aparato de la sentencia correspondiente a VI) DE LA PENA A IMPONER, lo cual en ningún momento violenta las normas procesales invocadas, ni el artículo 12 Constitucional, ya que el Tribunal para imponer la pena actuó en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales en relación a los agravantes determinados en la ley penal. En virtud de lo anterior, el recurso de apelación especial por motivo de Forma por el submotivo antes analizado, no puede acogerse.
No habiéndose acogido el Recurso de Apelación Especial por motivo de Forma, por los submotivos antes indicados, se entran a analizar, EL RECURSO POR MOTIVO DE FONDO, de la forma siguiente: PRIMER SUB-CASO DE FONDO: invoca  ERRONEA  APLICACIÓN DE LA LEY.  CONSIDERA ERRONEAMENTE APLICADOS EL ARTÍCULO 131 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 11, AMBOS DEL CODIGO PENAL. Manifiesta el apelante que la acción típica, antijurídica y culpable imputable al acusado el tribunal la encuadra en el delito de Parricidio, figura tipo que conforme el artículo 131 del Código Penal, implica en primer lugar una acción de matar a otra persona con quien tenga grado de parentesco o la persona con quien hace vida marital, siendo elementos de este tipo penal dicha circunstancia de parentesco, en segundo lugar establecer el dolo de muerte, que consiste en la declaración de voluntad, mediante la cual el tribunal haya tenido por acreditado que Edgar Benjamín Quiñónez Sánchez, previó su acción y resultado y aceptó como tal; o bien que sin perseguir ese resultado se le representó como posible, ejecutando el acto y que con conocimiento de dichas situaciones, efectivamente en hora, fecha y lugar determinado le disparó a la víctima.  En relación a lo anterior, agrega que la prueba valorada para condenarlo, es decir de los peritos Byron Estuardo Minera, Jorge Fernando Fernández Pérez, Ebeli Abraham García Escobar, Brenda Jeannett Tello López de García, Ronald Estuardo Arriola García, William Estuardo Gamboa Vásquez, Oscar Humberto Valencia Ordòñez, Carlos Humberto Barrios Bolaños, Fermin Ventura Sánchez Galvez, Fradel Antonio Andrade Ceballos, Erick Daniel Santos Barrera, se puede establecer que toda la prueba pericial enumerada sin excepción, la misma es ilustrativa de los jueces y no aporta certeza, sobre que el acusado en forma directa disparó en contra de la humanidad de la víctima, en hora, fecha y lugar determinado, por otra parte se tiene a los testigos Erica Jacinto Vicente, Rafael Antonio Salguero Reyes, Jorge Armando Estrada, Carlos Raúl Pérez Fuentes, Juan José Vásquez Urbina, José Cruz Pérez santos, en su calidad de bomberos municipales y los agentes Luis Róchale Cruz Sarceño, Misael Canastuj Zapon, Jorge Mario Tunchez, Mario Cuxum Sánchez, Lilian Libertad Delgado Mejia, Yadira zuleyca García, Maycol Anderson Jacinto, Stefany Beverly Daniela Jacinto, Aura Roselia Caal Bool, pruebas testimoniales que son también referenciales y a ninguno solo le consta de vista, el hecho central del tipo penal de Parricidio, es decir haber disparado en contra de la humanidad de la señora Maria de Jesús Velásquez Jacinto, por lo que se desprende errónea aplicación del contenido del artículo 11 y 131 del Código Penal, en el sentido que con los medios de prueba a que hace referencia no consta la participación directa en cuanto a ejecución de actos propios del delito y el dolo o intencionalidad que se haya tenido de dar muerte a la victima.   Pretende que se acoja el recurso por este motivo y al resolver en definitiva se le absuelva del delito de Parricidio y se ordene su libertad.  Esta Sala al poner en congruencia los agravios denunciados por el recurrente y el fallo de mérito, estima que no concurre la violación esgrimida por el recurrente, en virtud de que el tribunal en el apartado de la Sentencia correspondiente a III)  DETERMINACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS; tiene por acreditada la conducta ilícita del acusado en contra de la víctima, la cual se encuentra subsumida en el Delito de Parricidio; por lo que el Recurso de apelación especial por el submotivo de fondo antes analizado no puede acogerse.
SEGUNDO SUB-CASO DE FONDO: invoca  INOBSERVANCIA DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 127 DEL CODIGO PENAL. El apelante indica como agravio que no obstante que se acreditó en el fallo que existía separación entre el procesado y la fallecida María de Jesús Velásquez Jacinto, se le impone la pena de treinta y siete años con seis meses de prisión por el delito de Parricidio.  El apelante manifiesta en su argumentación que el tribunal debió fundamentar la conducta, típica, antijurídica, para arribar a la conclusión de certeza sobre la culpabilidad de su persona en un hecho de Parricidio, sin embargo al analizar los hechos probados, en comparación con los medios de prueba producidos en el debate, se tiene que el dolo como elemento esencial del delito no se encuentra probado, al no resultar como conclusión de certeza en base a los medios de prueba, puesto que no existe ninguna prueba que indique que el día de los hechos le haya disparado con arma de fuego a la señora Maria de Jesús Velásquez Jacinto, acreditando únicamente el indicio de presencia y que fue la persona que dio el aviso del hecho.   Agrega que si no se acredita la intención procesalmente,   resulta en consecuencia afirmar que si la victima era elemento activo de la Policía Nacional Civil, con equipo asignado entre ellos una pistola marca Glock, de la cual se puede desprender que el proyectil encontrado en el lugar del hecho, pudo haber sido disparado por esa arma, así como que el procesado tenia arma de fuego asignada, desprendiéndose acciones lícitas en cuanto a la portación de arma de fuego y que la muerte de la víctima no se acredita con ningún medio de prueba directo, sobre acciones propias del procesado, por lo que resulta procedente acoger el recurso por este sub-caso e imponer la sanción correspondiente que señala el artículo 127 del Código Penal, que corresponde a Homicidio Culposo, por no haberse acreditado el dolo o intencionalidad del sujeto en los hechos.  Pretende se le condene por el delito de Homicidio Culposo, en virtud de no haberse acreditado en juicio el tipo penal de Parricidio.  Esta Sala al poner en congruencia el falla analizado con el sub motivo antes relacionado, concluye que no existe la violación que denuncia el recurrente, en virtud de que LOS HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMO ACREDITADOS, se subsumen en el delito de PARRICIDIO y en el mismo apartado no concurre ningún elemento para poder subsumir la acción de acusado en la figura delictivo de  HOMICIDIO CULPOSO, por lo que no existe inobservancia de los artículos 12 y 127 del Código Penal, relativos al delito culposo y al Homicidio Culposo. En virtud de lo anterior, el recurso de Apelación Especial por motivo de Fondo por el submotivo o subcaso, antes analizado no puede prosperar.
TERCER SUB-CASO POR MOTIVO DE FONDO SEÑALANDO ERRONEA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 131 EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 28, 65 Y 66 DEL CODIGO PENAL. Manifiesta el apelante que el agravio consiste en el error cometido en la sentencia que se impugna, que lo condena a treinta años de prisión inconmutables, pero se le aumenta en una cuarta parte para un total de treinta y siete años con seis meses de prisión, pues en atención a los hechos probados y prueba recabada en el debate se debe interpretar el contenido del artículo 28 del Código Penal, que se refiere a hechos o delitos contra las personas o sus bienes, siempre que se pruebe en la realización del mismo, el grave abuso de autoridad y de la confianza que el Estado ha encargado, situación que no se da en el presente caso, por cuanto fue probado en el debate que tanto el condenado como la parte agraviada señora Maria de Jesús Velásquez Jacinto, eran elementos activos de la Policía Nacional Civil, con servicio en la Sección Antimaras y que el artículo antes indicado se refiere a personas que al ser afectadas por jefes o encargados de la autoridad, tienen que ser personas que estén fuera de dicha institución o sus bienes y no precisamente un hecho circunstancial del cual no existe prueba directa, más que referencial de donde los jueces extrajeron conclusiones de medios de prueba que no contienen su afirmación, de donde se desprende que el acusado no tiene antecedentes personales, que no se acredita su peligrosidad por lo que le corresponde una pena mínima de veinticinco años de prisión, al ser conceptualizado como autor responsable del delito de Parricidio.   Pretende que se dicte la sentencia que en derecho corresponde acogiendo el recurso por motivo de fondo en el caso concreto, se le imponga la pena mínima en la relativamente indeterminada para los autores del delito de Parricidio. Esta Sala al poner en congruencia el fallo analizado con los agravios denunciados por el recurrente, estima que no se infringe el artículo 131 en relación con los artículos 28, 65 y 66 del Código Penal; en virtud de que el Delito de Parricidio contenido en el artículo 131 de la Ley sustantiva Penal, establece para esta clase de delito una pena de veinticinco a cincuenta años de prisión; no se infringe el artículo 28 del Código Penal, en virtud de quedar acreditado en autos que el procesado al momento de los hechos, tenía la calidad de Agente de la Policía Nacional, es decir que era encargado del orden público; y no se infringe el artículo 65 del Código Penal, en virtud de que los juzgadores para imponer la pena, hacen un análisis del artículo 65 del Código Penal, tomando como agravante la extensión e intensidad del daño causado, al cegar la vida de una persona útil para la sociedad, mujer joven; de igual manera el tribunal no infringió el artículo 66 del Código Penal, en virtud de que explica de manera coherente la razón por la cual impone al procesado la pena que consta en la sentencia. En virtud de lo anterior, el recurso de apelación Especial por el sub-motivo antes analizado no puede ser acogido.

LEYES APLICABLES:

Artículos: 12, 14, 28,  203, 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 3, 4, 11, 11 bis, 160, 162, 165, 166, 167, 169,180, 282, 284, 398, 399, 401,415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 427, 429, 430 del Código Procesal Penal; 1, 10, 27 28, 36, 123, 132, 201, 281 del Código Penal;  88 literal b), 141, 142, 143 de la Ley del Organismo Judicial.

POR TANTO:

Esta Sala, con base en lo considerado y leyes citadas, POR UNANIMIDAD,  RESUELVE: I. SIN LUGAR  el recurso de Apelación Especial por motivos de FORMA Y FONDO, interpuesto por el procesado EDGAR BENJAMIN QUIÑONEZ SANCHEZ en contra de la sentencia de fecha veintiséis de febrero de dos mil nueve  emitida por el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de este departamento;  II.  La lectura de la presente sentencia, servirá  de legal notificación a las partes, debiendo entregar copias a quien lo solicite; III. Con certificación de lo resuelto,  y en su momento procesal oportuno, vuelvan los antecedentes al Tribunal de origen.
Thelma Noemí del Cid Palencia, Magistrada Presidente; José Antonio Pineda Barales, Magistrado Vocal Primero; Elda Nidia Najera Sagastume de Portillo, Magistrada Vocal Segunda. Sara Maritza Méndez Solís de Tager, Secretaria.