EXPEDIENTE 385-2008

10/08/2009 – PENAL

N.U. 1071-2008-00569. CAUSA  569-2008   TRIBUNAL  NOVENO DE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE. PROCESADO: ANGEL RIGOBERTO MENÈNDEZ (UNICO APELLIDO). DELITO:   PARRICIDIO

SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE; GUATEMALA, DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE.

I. EN NOMBRE DEL PUEBLO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, se pronuncia SENTENCIA en virtud de Recursos de Apelación Especial por motivos de FONDO, interpuestos por la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, a través de ELIDA FRANCISCA SALGUERO CARIAS, en su calidad de Querellante Adhesivo y Actor Civil  y por el procesado ANGEL RIGOBERTO MENENDEZ (UNICO APELLIDO), en contra de la sentencia de fecha TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO,  proferida por el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, dentro del proceso arriba identificado, que por el delito de PARRICIDIO, se instruye en contra del procesado ANGEL RIGOBERTO MENENDEZ (UNICO APELLIDO).
El procesado antes mencionado es de generales ya conocidas en autos.
La defensa del procesado ANGEL RIGOBERTO MENENDEZ (UNICO APELLIDO), está a cargo de los Abogados JOSÈ  GUDIEL TOLEDO PAZ, y JOSE LUIS ALEJOS RODRIGUEZ.
La acusación está llevada por el MINISTERIO PUBLICO, por medio de la Agente Fiscal,  Elida de los Angeles Mansilla  Herrera de Ortega.
Como Querellante Adhesivo y Actora Civil actúa la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, a través de los Abogados ELIDA FRANCISCA SALGUERO CARIAS y JOSE MIGUEL MORALES LÓPEZ.
No hay  Tercero Civilmente Demandado.

DEL HECHO ATRIBUIDO:

Al procesado se le señaló el hecho contenido en el memorial de solicitud de apertura a juicio y formulación de acusación, que en su oportunidad presentara el Ministerio Público.

DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, en sentencia de fecha TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, en el apartado DE LA DETERMINACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIA DE LOS HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS, consigna: “… I.  Porque usted Acusado en contra de la Víctima.  II. Usted Acusado el trece de enero de dos mil ocho, entre las cero horas con quince minutos y las cero horas con cuarenta y cinco minutos. III. Usted Acusado en la quince avenida B, nueve, cero tres A, zona dieciocho, Colonia Renacimiento Municipal, ciudad capital. IV. Usted Acusado convivía con la Víctima, con quien había procreado dos hijos de nombres, Kimberly Soraidy Menéndez Quinteros, de cuatro años de edad, y Angel De Jesús Menéndez Quinteros, de ocho meses de edad, teniendo la Victima una niña de nombre Jennifer Alejandra Ucum Quinteros, de once años de edad, procreada con su primer conviviente, Miguel Ángel Ucum.  Usted Acusado formó familia con la Víctima, y en el lugar al tiempo del hecho, Usted Acusado llegó a su residencia, discutió con su conviviente y después de agredirla físicamente sacó un arma de fuego, clase pistola, marca Daewoo, modelo Dp, cincuenta y uno, calibre nueve milímetros, largo de cañón ciento cinco milímetros, con número de registro Ba, seiscientos mil setecientos quince, registrada en el Departamento de Control de Armas y Municiones, del Ministerio de la Defensa Nacional, a nombre de Usted Acusado, según tenencia número setecientos cincuenta mil doscientos cincuenta y siete, arma de fuego que accionó en contra de la integridad física de su conviviente y madre de sus dos menores hijos, provocándole heridas por arma de fuego, en partes vitales del cuerpo que causaron su muerte, en presencia de Jennifer Alejandra Ucum Quinteros, quien por los gritos de su madre, se despertó y observó como le dio muerte, después de ello, Usted Acusado, se dirigió hacia la primera calle, Lote dos, zona dieciocho, Colonia Santa Cristina Lavarreda, lugar en donde reside Hilda Marina Espino Ortiz, persona a quien Usted Acusado conoce, cuando llegó a la casa de esta persona, empezó a tocar la puerta, al salir sus habitantes, Hilda Marina Espino Ortiz, William Alberto Del Cid Espino y Brenda Hernández, Usted Acusado les indicó que su conviviente estaba herida y los llevó hasta su casa, al llegar encontraron muerta a la Víctima.  En ese momento ya se encontraban presentes miembros de los Bomberos Voluntarios, así como agentes de la Policía Nacional Civil, a quienes Usted Acusado les manifestó que es conviviente de la Víctima y les indicó que personas desconocidas ingresaron a su casa y le dispararon a su conviviente, razón por la que salió a pedir auxilio y que por eso había regresado a la casa.  En esos momentos se iniciaron las primeras diligencias de investigación por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil, como por personal del Ministerio Público, estando Usted Acusado presente durante todo el procedimiento de la escena del crimen.  Además, Jennifer Alejandra Ucum Quinteros, manifestó a vecinos y autoridades que Usted Acusado le había dado muerte a su madre, teniendo suficientes medios razonables para creer que Usted Acusado había perpetrado el crimen, razón por la que fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente.  V.  Usted Acusado el resultado de la acción ilícita fue matar a la Víctima por disparos de arma de fuego, siendo la causa de la muerte por herida perforante en cráneo y penetrante en tórax, producidas por proyectiles de arma de fugo (sic)”.
Y por UNANIMIDAD, DECLARO: “I. Que el acusado Angel Rigoberto Menéndez es culpable de la comisión del delito de parricidio, realizado en contra de la vida de Ilsida Marisol Quinteros Tupas.  II. Que por la comisión del delito se le condena a la pena de veinte y cinco años de prisión inconmutable.  III. Que la pena de prisión impuesta deberá cumplirla en el centro penitenciario que decida el Juez de Ejecución con abono de la prisión efectivamente padecida desde el momento de su detención.  IV. Que se suspende al condenado en el ejercicio de sus derechos políticos durante el tiempo de la condena.  V. Que se ordena el comiso del instrumento del delito, arma de fuego, clase pistola, marca Daewoo, modelo Dp, cincuenta y uno, calibre nueve milímetros, largo de cañón ciento cinco milímetros, número de registro Ba, seiscientos mil setecientos quince.  VI. Que se exime al condenado al pago de las costas procesales esos gastos los soportará el Estado de Guatemala.  VII. Que no ha lugar a la demanda civil. VIII. Que se deja al condenado en la misma condición jurídica en que se encuentra…”.

DE LA INTERPOSICIÓN DE LA APELACIÓN:

Los Recursos de Apelación Especial fueron planteados por la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, a través de ELIDA FRANCISCA SALGUERO CARIAS, en su calidad de Querellante Adhesivo y Actor Civil y por el procesado ANGEL RIGOBERTO MENENDEZ (UNICO APELLIDO), por motivo de FONDO.
DEL RECURSO PLANTEADO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, a través de ELIDA FRANCISCA SALGUERO CARIAS, en su calidad de Querellante Adhesivo y Actor Civil, señala la inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación de la ley, ya que fueron violados los artículos 112, 119 y 121 del Código Penal; 393 del Código Procesal Penal y 1645, 1646 del Código Civil.
DEL RECURSO PLANTEADO por el procesado ANGEL RIGOBERTO MENENDEZ (UNICO APELLIDO): a) Señala como primer motivo inobservancia del artículo 1 del Código Penal; b) Señala como segundo motivo la errónea aplicación del artículo 10 del Código Penal; c) Señala como tercer motivo la inobservancia del artículo 5 del Código Procesal Penal; d) Señala como cuarto motivo la errónea aplicación del artículo 14 del Código Procesal Penal.

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO:

Los recursos de Apelación Especial, fueron declarados admisibles formalmente con fecha DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE.

DE LA AUDIENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA:

Para la audiencia oral y pública de Segunda Instancia, se señaló el MARTES VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, a las DIEZ HORAS, la que no se realizó en virtud de que todos los sujetos procesales reemplazaron su participación por medio de escrito.
DE LA DELIBERACIÓN Y LECTURA DE SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA: Para la deliberación y lectura de la sentencia se señaló la audiencia del DIEZ  DE  AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, A LAS DOCE HORAS.

C O N S I D E R A N D O:
- I -

El recurso de apelación, aparece en nuestro ordenamiento legal, ligado al valor “seguridad jurídica”, como medio para subsanar los errores judiciales en el caso concreto, para satisfacer la necesidad social de la corrección de las decisiones judiciales y que el Derecho sea aplicado de un modo uniforme y equitativo.  El derecho fundamental de recurrir el fallo ante un tribunal superior, consiste en la facultad de desencadenar el control, manifestado a través de mecanismos que permiten el dictado de un nuevo fallo integral o el control sobre la aplicación del Derecho y las condiciones de legitimidad del fallo,  referidas a los límites impuestos por los principios dispositivos, de limitación del conocimiento y de no reforma en perjuicio, que lo limitan a cuestiones jurídicas sustantivas y procesales que afectan la sentencia dictada en juicio  oral.

-II-

Para impugnar las sentencias proferidas por los tribunales de juicio, nuestro ordenamiento procesal penal, contempla el Recurso de Apelación Especial como medio de impugnación, limitándolo a la cuestión  jurídica, siendo su objeto la revisión por parte del tribunal de segunda instancia de la interpretación y aplicación que de la ley hayan hecho los tribunales correspondientes, definiendo y valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en congruencia con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de consideración puramente jurídica.   A este tribunal le está vedada la reconstrucción histórica del suceso al cual se haya aplicado la norma de derecho, por lo que este recurso, sólo procede para corregir el derecho ya sea sustantivo o procesal, saliendo del control jurisdiccional de la Sala, las cuestiones de hecho; como consecuencia de lo anterior, en esta instancia no se puede discutir el mérito de las pruebas, puesto que el tribunal de alzada no participa en el debate, que es el acto procesal en el que se generaron las mismas, tampoco de acuerdo con la ley, podría ponderar éstas, como quedó asentado. La revisión a través de este recurso, sólo tiene por objeto determinar la existencia de violaciones esenciales al procedimiento o a infracciones de la ley sustantiva que influyan en la parte resolutiva de la sentencia, persiguiendo dotar de un mayor grado de certeza a los fallos definitivos de los tribunales, garantizar el derecho de defensa y el control judicial, así como el restablecimiento del derecho violado o la justicia denegada, observando siempre respeto absoluto al principio de inmediación.

-III-

DE LOS  RECURSOS PLANTEADOS
LOS RECURSOS DE APELACIÓN ESPECIAL FUERON PLANTEADOS POR MOTIVO DE FONDO.
DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ESPECIAL INTERPUESTO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, a través de ELIDA FRANCISCA SALGUERO CARIAS, en su calidad de Querellante Adhesivo y Actor Civil, señala la inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación de la ley, ya que fueron violados los artículos 112, 119 y 121 del Código Penal; 393 del Código Procesal Penal y 1645, 1646 del Código Civil.
Manifiesta la apelante, en la calidad con que actúa, que en la sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil ocho, dictada por el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, contiene los vicios de fondo en el sentido de que no se aplicó el artículo 393 del Código Procesal Penal.  En el presente caso la acción civil y la pretensión se mantuvo hasta el momento de dictar sentencia y el hecho de haber condenado al sindicado Angel Rigoberto Menéndez, por el delito de Parricidio y no haberlo condenado en Responsabilidades Civiles, viola normas legales preestablecidas en ley.    Agrega que los artículos 112, 119 y 121 del Código Penal, regulan que toda persona penalmente de un delito o falta lo es también civilmente, por lo que al condenar al imputado también debió de condenar a la reparación de los daños y perjuicios que reclama el Estado de Guatemala, en su calidad de Actor Civil, a favor de los niños Jennifer Alejandra Ucum Quinteros, Kimberly Soraida Menéndez Quinteros y Angel de Jesús Menéndez Quinteros, así como a la pretensión reparadora; por lo expuesto, siendo que la acción civil reparadora, fue promovida tanto en la fase preparatoria, en la intermedia como en la fase del juicio oral y público y que en ningún momento procesal el actor civil fue separado de ella, la sentencia que se emita debe pronunciarse sobre la responsabilidad civil del procesado.  En relación a la inobservancia de los artículos 1645 y 1646 del Código Civil, tanto en la conclusión de la parte considerativa como en la parte resolutiva de  la sentencia impugnada, los miembros del tribunal, conllevan a condenar al sindicado en consecuencia inobservaron lo establecido en las normas citadas al dejar sin lugar la pretensión civil planteada sin tomar en cuenta los daños y perjuicios que como consecuencia del delito penal el sindicado cometió.  Manifiesta el apelante que el agravio que causa a sus representados es la violación de las normas y principios, por inobservancia de los artículos 112, 119 y 121 del Código Penal, 1645 y 1646 del Código Civil y el Principio de Interés Superior de los Niños y Niñas contemplado en la Convención Sobre los Derechos del Niño, el tribunal de sentencia por la naturaleza de su sentencia no determinó en forma legal ni la reparación de los daños morales ni la indemnización de perjuicios normados por los artículos referidos y que hubiera sido consecuencia de la condena de carácter penal que es lo que se pretende, no tomó en cuenta que sus representados quedaron en total indefensión y en total abandono, por la actitud del acusado no obstante que el tribunal probó la necesidad económica de sus representados. Manifiesta el apelante, en la calidad con que actúa que la acción civil se deberá determinar en un monto de UN MILLON QUINIENTOS MIL QUETZALES, por concepto de reparación de daños así como la indemnización de los perjuicios. Pretende que se acoja el recurso, y que se anule la sentencia recurrida en cuanto al numeral romano VII) de la sentencia que se refiere a la Acción Civil y se pronuncie la que corresponde y corrija los vicios apuntados.
Esta Sala, al analizar la sentencia impugnada en congruencia con el Recurso de Apelación Especial por Motivo de Fondo,  interpuesto por la actora civil en la calidad con que actúa, considera que el error in-iudicando o Motivo de Fondo, ocurre cuando en la sentencia, el Tribunal aplica incorrectamente el derecho sustantivo, es decir, el derecho penal material.  Se partirá aquí de un concepto de error in-iudicando como un vicio en la aplicación del derecho penal o sustantivo, que ha llevado a la inobservancia o errónea aplicación de la ley penal.  La premisa teórica es que los hechos que el tribunal ha dado por acreditados han sido determinados de una manera correcta y dentro de un proceso que ha observado todas las garantías.  En esta clase de error la base fáctica o la determinación de los hechos acreditados es admitida por el recurrente. El vicio que se alega es puramente de encuadramiento legal del hecho en la norma material sustantiva, es decir, existe un error se subsunciòn entre el hecho enunciado por el tribunal y norma jurídica sustantiva aplicada. A este respecto es necesario hacer mención que el tribunal de apelación únicamente puede referirse a los hechos probados para la aplicación de la ley sustantiva cuando existe contradicción entre éstos (hechos probados) y la parte resolutiva del fallo.  Además se debe tener en cuenta que la aplicación de la ley sustantiva es el sustento del Recurso de Apelación por motivo de fondo, en ese sentido el tribunal -ad quem- debe examinar la resolución únicamente en cuanto a establecer el juicio de derecho que ha tenido el tribunal -a quo-, referido a establecer si un caso concreto es aplicable o no a una norma abstracta.   Por ello la impugnación debe ser técnicamente desarrollada para que el tribunal de alzada pueda tener los elementos fácticos y jurídicos necesarios para realizar el examen jurídico correspondiente. Tomando como base lo considerado,    en  relación al recurso planteado invocando la inobservancia de los artículos  112,119 y 121 del Código Penal; 393 del Código Procesal Penal; 1645, 1646, del Código Civil,  de la argumentación hecha por la apelante en la calidad con que actúa, se aprecia que la misma corresponde a resultados de valoración que el tribunal sentenciador hizo respecto a prueba documental, consecuentemente al esgrimir dicha argumentación la misma corresponde a un motivo de forma y no de fondo como se planteo, ya que la apelante lo que pretende es que esta Sala valore prueba, lo cual no es permitido conforme lo señala el artìculo 430 del Código Procesal Penal, consecuentemente el recurso planteado por este motivo no puede acogerse y así debe resolverse. En el caso de análisis, de acuerdo a los hechos que el tribunal tuvo por acreditados, se establece que el tribunal no diò por acreditados hechos que puedan orientar a que se condene al acusado a la acción civil, consecuentemente el recurso planteado respecto a declarar con lugar la acción civil planteada por la apelante condenando al acusado a pagar la suma dineraria solicitada, no es procedente procediendo confirmar la sentencia de mérito en ese sentido, por lo que procedente resulta declarar  sin lugar el recurso planteado por motivo de fondo.
DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ESPECIAL INTERPUESTO POR EL SINDICADO ANGEL RIGOBERTO MENÈNDEZ (UNICO APELLIDO): a) Señala como primer motivo inobservancia del artículo 1 del Código Penal; b) Señala como segundo motivo la errónea aplicación del artículo 10 del Código Penal; c) Señala como tercer motivo la inobservancia del artículo 5 del Código Procesal Penal; d) Señala como cuarto motivo la errónea aplicación del artículo 14 del Código Procesal Penal.
PRIMER SUBMOTIVO DE FONDO: DE LA INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 1 DEL CODIGO PENAL:
Los miembros del Tribunal de Sentencia no observaron que el ente investigador el como lo es el Ministerio Público en una clara violación al principio de objetividad que debiese regir su actuar, no tomo o no quiso tomar en consideración al momento de recabar los medios de prueba las circunstancias que rodearon las acciones cometidas, las cuales le son sumamente favorables o por los menos sirve de base para determinar el delito del cual debería haber sido juzgado, como lo es el Homicidio en Estado de Emisión Violenta, por lo que los miembros del tribunal de sentencia, en una clara inobservancia del artículo 1 del Código Penal no revisaron los hechos y derivado de esto omitió recalificar el tipo penal por el cual era juzgado al momento de emitir la sentencia impugnada.  Dentro de los análisis que efectuó el tribunal admite que su actuar se encuentra contenido en un tipo diferente al cual era juzgado, es decir contenida en el tipo penal del Homicidio en Estado de Emoción Violenta, pero el tribunal de sentencia emitió sentencia en su contra por el delito de Parricidio, pese a que admitieron que ese no era el delito que encuadraba lo acontecido ese trágico día, argumentando únicamente que en su declaración intentó inculpar a la víctima, lo cual es falso ya que lo único que realizó fue narrar los hechos tal y como ocurrieron, constituyendo de esta forma una clara inobservancia del artículo 1 del Código Penal, en consecuencia inobservancia al principio de legalidad.  Pretende que al dictar la sentencia correspondiente se anule la sentencia impugnada, declarando que se acoge el recurso de apelación por el motivo de fondo planteado y en consecuencia se dicte la sentencia correspondiente respetando y aplicando de una forma correcta el artículo antes indicado y se recalifique el delito por el de Homicidio por Estado de Emoción Violenta, debido a las pruebas que fueron reveladas durante el desarrollo del debate.
SEGUNDO SUBMOTIVO: DE LA ERRONEA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 10 DEL CODIGO PENAL:
Manifiesta que en el presente caso no pude concluirse que después de diligenciarse los medios de prueba correspondientes durante el desarrollo del debate, fue revelado de una forma razonable que en efecto existen dos tipos penales de naturaleza similar, el delito de Parricidio y el Delito de Homicidio en Estado de Emoción Violenta, pero que al momento de analizar y conocer a fondo y a detalle las circunstancias acaecidas en el momento de los hechos, se pudo determinar claramente y sin temor a equivocarnos que la muerte lamentable de la señora Quinteros Tupas, fue derivada de las acciones que tanto la víctima como su persona realizaron y que constituyen una acción normalmente tipificada, pero no del delito de Parricidio sino del delito de Homicidio en Estado de Emoción Violenta, debido a que fue debidamente comprobado en especial por su declaración y por la de la testigo Jennifer Alejandra Ucum Quinteros, que previo a que ocurriera la lamentable muerte de la señora Ilsida Marisol Quinteros Tupas existió una riña o confrontación entre su persona y la occisa, que inclusive llegó al grado de que la occisa le gritaba cuando tenía el arma de fuego en su mano “mátame pues”, tal y como fue narrado por la testigo Ucum Quinteros ó el hecho de los disparos fueron realizados a una muy corta distancia, porque ocurrieron durante un forcejeo entre su persona y la víctima, tal y como lo manifestó en su declaración el Medico Forense Carlos Augusto Rodas González, con el inmediato arrepentimiento de su persona, arrepentimiento que se vio reflejando desde el momento que salió a pedir ayuda y sobre todo al regresar voluntariamente al lugar de los hechos, siendo destacable su permanencia voluntaria en el lugar.   Por lo que los miembros del Tribunal de Sentencia al indicar que su conducta fue la normalmente idónea para ser juzgado por el delito de Parricidio, evidentemente realizaron una errónea aplicación del artículo 10 del Código Penal y al mismo tiempo del principio de causalidad contenido en dicho artículo, toda vez que la conducta realizada el día del lamentable hecho es una conducta idónea para cometer el delito de Homicidio en Estado de Emoción Violenta y no el tipo penal por el cual fue condenado.   Pretende que se determine que su conducta es una conducta normalmente idónea para haber cometido el delito de Homicidio en Estado de Emoción Violenta.
TERCER SUBMOTIVO: DE LA INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 5 DEL CODIGO PROCESAL PENAL:
Manifiesta el apelante que a pesar de que el Tribunal de sentencia estaba consciente de que debido a las circunstancias reveladas durante el Juicio, el delito por el cual debía de ser juzgado era el delito de Homicidio en Estado de Emoción Violenta, obvio tal circunstancia y realizaron todo lo contrario al emitir la sentencia impugnada, condenándolo por un delito que debido a las pruebas reveladas y las circunstancias que rodearon los hechos no era el delito correcto, violando de esa forma principios y garantías fundamentales de las cuales goza cualquier persona que se encuentra sometida a un proceso y más aún a un proceso tan delicado como es un proceso penal y al mismo tiempo fueron alterados o inobservados los fines del proceso penal, establecidos en el artículo 5 del Código Procesal Penal, al dejar de lado e inobservar la serie de circunstancias que fueron reveladas y que su veracidad fue en más de una ocasión comprobada, tanto por su declaración, como por la declaración de la testigo Jennifer Alejandra Ucum Quinteros y por las declaraciones de peritos o expertos en la materia, como lo fue la del licenciado Fuentes Aqueche, por lo que los miembros del tribunal de sentencia al ser de su conocimiento de forma clara y contundente las circunstancias que rodearon los hechos, estos en atención al fin del proceso, las debieron de haber tomado en consideración al momento de emitir la sentencia impugnada, sin embargo realizaron todo lo contrario, inobservando de esa forma el artículo 5 del Código Procesal Penal.  El tribunal al momento de encuadrar en un tipo penal su actuar debió concluir que el mismo se encuentra establecido en el artículo 124 del Código Penal, que tipifica el delito de Homicidio en Estado de Emoción Violenta.  Pretende que al dictar sentencia se anule la sentencia impugnada y se dicte la sentencia correspondiente respetando y aplicando de una forma correcta el artículo 5 del Código Procesal Penal, recalificando el delito al de Homicidio en Estado de Emoción Violenta.
CUARTO SUBMOTIVO: DE LA INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 14 DEL CODIGO PROCESAL PENAL:
Manifiesta el apelante que el presente caso, siendo innegable la existencia de la duda antes indicada, sobre que tipo penal debe de ser aplicado en su juzgamiento y en una correcta aplicación del In dubio pro reo debe de ser aplicada la figura idónea para enmarcar a perfección los hechos acontecidos y las circunstancias que los rodearon es decir el Homicidio en Estado de Emoción Violenta y no como fue realizado por el Tribunal de sentencia aplicando el delito de Parricidio, a pesar de que ellos mismos aceptan que medió un estado de emoción violenta en su actuar.   Por lo que al haberlo condenado por un delito que no encuadra en los hechos que se le imputan y es más al haberse aceptado expresamente eso por el Tribunal de Sentencia, tomando en consideración la duda creada por los medios de prueba diligenciados es innegable, por lo que al no haberse aplicado de una forma favorable la resolución o decisión sobre los hechos que conformaron esa duda, se violó el Principio de In Dubio Pro Reo, en consecuencia aplicando de una forma errónea el artículo 14 del Código Procesal Penal.  Pretende que en virtud de la errónea aplicación del artículo 14 del Código Procesal Penal, al dictar sentencia se anula la sentencia impugnada, declarando que se acoge el recurso por este motivo de fondo y en consecuencia se dicte la sentencia correspondiente, recalificando el delito por el cual se le juzga al delito de Homicidio en Estado de Emoción Violenta.
Esta Sala al analizar el recurso de apelación especial interpuesto, por  tener íntima relación, se analizan en forma conjunta los tres submotivos  invocados. En  relación a la interpretación indebida de los artículos 1 y 101 del Código Penal y violación a los artículos 5 y 14 del Código Procesal Penal, al analizar la sentencia examinada, en cuanto a los dos primeros preceptos legales que se alega fueron inobservados, parte del principio que el error in judicando o motivo de fondo ocurre cuando en la sentencia, el Tribunal aplica incorrectamente el derecho sustantivo, es decir, el derecho penal material.  La premisa teórica es que los hechos que el tribunal ha dado por acreditados han sido determinados de una manera correcta y dentro de un proceso que ha observado todas las garantías. En este error la base fáctica o la determinación de los hechos acreditados es admitida por el recurrente.   El vicio que se alega es puramente de encuadramiento legal del hecho en la norma material sustantiva, aplicada en la determinación de la autoría, calificación legal del delito imputado, violación al derecho de defensa y  la imposición de la pena de prisión. En este caso de procedencia lo que se pretende es dar una nueva valoración jurídica al material fáctico establecido en la sentencia, no se pretende entrar a cuestionar la reconstrucción histórica del suceso, sino tan sólo la aplicación del derecho (ley sustantiva). En el caso de análisis, esta Sala, advierte que la argumentación hecha por  la parte  apelante a través de su abogado defensor, se centra en que el tribunal sentenciador, no  tomó en cuenta lo normado en el artìculo 1 del Código Penal relativo al principio de legalidad y lo relativo a la  relación de causalidad para calificar su actuar como autor del delito de Homicidio, siendo lo correcto Homicidio cometido en Estado de Emoción violenta, sin  explicar el porque considera el tribunal que es lógico pensar que lo manifestado por la testigo Jennifer Alejandra Ucum Quinteros es verdad, pese a no  presenciar  todos los hechos acontecidos, por lo  que los jueces al efectuar la calificación jurídica de los hechos cometieron el error jurídico de adjudicarle Homicidio, ya que las acciones realizadas encuadran el delito de  Homicidio Cometido en estado de Emoción violenta, por lo que se aplicó erróneamente el principio de legalidad , el principio de causalidad y el principio de in dubio pro reo.  Asimismo argumenta que se aplicó erróneamente los  artículos 3, 5 y 389 del Código Procesal Penal, argumentando el apelante que se le condenó por un delito que no encuadra en los hechos que se le imputan y es más al haberse aceptado expresamente eso por el Tribunal, se aplicó erróneamente los principios referidos, al condenarlo por un delito que no encuadra en su actuar, sin embargo se puede apreciar, al analizar la sentencia de mérito en su conjunto, en donde el tribunal sentenciador, fundamenta adecuadamente lo relativo al encuadramiento de la autoría del imputado, la calificación legal del delito que se le sindica  y la imposición de la pena, señalando las razones en forma clara y precisa del por que se le condena por la comisión del delito de Homicidio, en calidad de autor y no por el delito de Homicidio Cometido en Estado de Emoción Violenta como se pretende, razonando conforme lo exige la sana critica razonada cada uno de los apartados de la sentencia de mérito.   Consecuentemente, al haber quedado demostrado los hechos que el tribunal señala en la  sentencia impugnada que  fue acreditada después de valorar los medios de prueba recibidos durante el debate. De conformidad con la calificación jurídica que otorgaron los jueces en la sentencia, por la comisión del Delito de Homicidio, figura delictiva que se encuentra contemplada en nuestro ordenamiento penal vigente se establece que la decisión del tribunal se fundamenta en las circunstancias acreditadas, ya que esta apreciación  surgió  en la fase del debate oral y público, que es la fase procesal en la cual se advierte la concurrencia de los elementos que integran el tipo penal;  por ello se estima que la calificación legal del delito, la forma de la autoría y  la pena impuesta se encuentran ajustadas a derecho y dentro de los parámetros que señala la ley, consecuentemente  no surgen las violaciones a los artículos 1, 10 del Código Penal y en relación a la inobservancia de los artículos 3, 5 y 389 del Código Procesal Penal, es de advertir que en virtud de haberse planteado el Recurso por Motivo de fondo, las normas previamente señaladas, son objeto de planteamiento de Recurso de Apelación Especial pero por motivo de forma y no de fondo como se planteo y esta Sala no puede corregir el error cometido, de acuerdo a la rigurosidad que exige el  planteamiento del Recurso de Apelación Especial,  por lo que no se entra a conocer el Recurso por las razones invocadas,  consecuentemente  el recurso planteado por estos submotivos no puede prosperar y así debe resolverse.

LEYES APLICABLES:

Artículos: 12, 203, 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 3, 4, 11, 11 bis, 160, 162, 165, 166, 167, 169, 398, 399, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 427, 429, 430,  del Código Procesal Penal; 10, 13, 36, 123 del Código Penal; 88 literal b), 141, 142, 143 de la Ley del Organismo Judicial.

POR TANTO:

Esta Sala, con base a lo considerado y leyes citadas por unanimidad, RESUELVE: I)No Acoge el Recurso de Apelación Especial por motivo de  Fondo, interpuesto por la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION a través de Elida Francisca Salguero Carias en su calidad de Querellante Adhesivo y Actor Civil y por el acusado ANGEL RIGOBERTO MENÈNDEZ (único apellido), con el auxilio de su Abogado Defensor José Gudiel  Toledo  Paz, en  contra de la sentencia de fecha  TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, dictada por el Tribunal Noveno  de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de este departamento; II) La lectura de la presente sentencia, servirá de legal notificación a las partes, debiendo entregarse copia a quien lo solicite; III) Con certificación de lo resuelto, vuelvan los antecedentes al tribunal de origen.

Thelma Noemí del Cid Palencia, Magistrada Presidente; José  Antonio Pineda Barales, Magistrado Vocal Primero; Elda Nidia Najera Sagastume de Portillo, Magistrada Vocal  Segundo. Sara Maritza Méndez Solís de Tager, Secretaria.