DECRETO NUMERO 17-73

 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,

 

 CONSIDERANDO:

 

Que se hace necesario y urgente la emisión de un nuevo Código Penal, acorde con la realidad guatemalteca y los avances de la ciencia penal;

 

CONSIDERANDO:

 

Que, además, por la época en que fue emitido el Código Penal actualmente en vigor, se ha tenido necesidad de incorporarle, a través de reformas parciales, nuevas normas que han afectado su unidad y dificultado su aplicación y estudio,

 

 

POR TANTO,

 

Con fundamento en el artículo 156 de la Constitución de la República y en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el inciso 1º. del artículo 170 de la misma,

 

DECRETA

 

El siguiente

 

CÓDIGO PENAL

 

LIBRO PRIMERO

 

PARTE GENERAL

 

TÍTULO I

DE LA LEY PENAL

 

De la legalidad

 

ARTÍCULO 1.- Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados, como delitos o faltas, por ley anterior a su perpetración; ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley.

 

Extractividad

 

ARTÍCULO 2.- Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará aquélla cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquél se halle cumpliendo su condena.

 

Ley excepcional o temporal

 

ARTÍCULO 3.- La ley excepcional o temporaria se aplicará a los hechos cometidos bajo su vigencia, aun cuando ésta hubiere cesado al tiempo de dictarse el fallo, salvo lo dispuesto en el artículo 2.

 

Territorialidad de la ley penal

 

ARTÍCULO 4.- Salvo lo establecido en tratados internacionales, este Código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción.

 

Extraterritorialidad de la ley penal

 

ARTÍCULO 5.- Este Código también se aplicará:

 

1º. Por delito cometido en el extranjero por funcionario al servicio de la República, cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se perpetró el hecho.

 

2º. Por delito cometido en nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte guatemalteco, cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se cometió el delito.

 

3º. Por delito cometido por guatemalteco, en el extranjero, cuando se hubiere denegado su extradición.

 

4º. Por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco, cuando no hubiere sido juzgado en el país de su perpetración, siempre que hubiere acusación de parte o del Ministerio Público y el imputado se hallare en Guatemala.

 

5º. Por delito que, por tratado o convención, deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiere sido cometido en su territorio.

 

6º. Por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como falsificación de la firma del Presidente de la República, falsificación de moneda o de billetes de banco, de curso legal, bonos y demás títulos y documentos de crédito.

 

Sentencia extranjera

 

ARTÍCULO 6.- En los casos de los incisos 1º. y 6º. del artículo anterior, el imputado será juzgado según la ley guatemalteca, aun cuando haya sido absuelto o condenado en el extranjero. La pena o parte de ella que hubiere cumplido, así como el tiempo que hubiere estado detenido, se abonará al procesado.

 

En los demás casos, si hubiere condena, se aplicará la ley más benigna. La sentencia extranjera producirá cosa juzgada.

 

Exclusión de la analogía

 

ARTÍCULO 7.- Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones.

 

Extradicción

 

ARTÍCULO 8.- La extradición sólo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes. Cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales, sólo podrá otorgarse si existe reciprocidad.

 

En ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos, ni por delitos comunes conexos con aquéllos.

 

Leyes especiales

 

ARTÍCULO 9.- Las disposiciones de este Código se aplicarán a todas las materias de naturaleza penal, reguladas por otras leyes, en cuanto éstas, implícita o expresamente, no dispusieren lo contrario.

 

TÍTULO II

 

DEL DELITO

 

Relación de casualidad

 

ARTÍCULO 10.- Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado, cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta.

 

Delito doloso

 

ARTÍCULO 11.- El delito es doloso, cuando el resultado ha sido previsto o cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto.

 

Delito culposo

 

ARTÍCULO 12.- El delito es culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas, se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia.

 

Los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley.

 

Delito consumado

 

ARTÍCULO 13.- El delito es consumado, cuando concurren todos los elementos de su tipificación.

 

Tentativa

 

ARTÍCULO 14.- Hay tentativa, cuando con el fin de cometer un delito, se comienza su ejecución por actos exteriores, idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad del agente.

 

Tentativa imposible

 

ARTÍCULO 15.- Si la tentativa se efectuare con medios normalmente inadecuados o sobre un objeto de tal naturaleza, que la consumación del hecho resulta absolutamente imposible, el autor solamente quedará

sujeto a medidas de seguridad.

 

Desistimiento

 

ARTÍCULO 16.- Cuando comenzada la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo, sólo se le aplicará sanción por los actos ejecutados, si éstos constituyen delito por sí mismos.

 

Conspiración y proposición

 

ARTÍCULO 17.- Hay conspiración, cuando dos o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo.

 

Hay proposición, cuando el que ha resuelto cometer un delito, invita a otra u otras personas a ejecutarlo.

 

La conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción para cometer un delito, sólo son punibles en los casos en que la ley lo determine expresamente.

 

Comisión por omisión

 

ARTÍCULO 18.- Quien, omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiere producido.

 

Tiempo de comisión del delito

 

ARTÍCULO 19.- El delito se considera realizado en el momento en que se ha ejecutado la acción. En los delitos de omisión en el momento en que debió realizarse la acción omitida.

 

Lugar del delito

 

ARTÍCULO 20.- El delito se considera realizado: en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte; en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida.

 

Error en persona

 

ARTÍCULO 21.- Quien comete un delito será responsable de él, aunque su acción recaiga en persona distinta a aquélla a quien se proponía ofender o el mal causado sea distinto del que se proponía ejecutar.

 

Caso fortuito

 

ARTÍCULO 22.- No incurre en responsabilidad penal, quien con ocasión de acciones u omisiones lícitas, poniendo en ellas la debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente.

 

 

TÍTULO III

 

DE LAS CAUSAS QUE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL

 

CAPÍTULO I

 

CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD

 

 

ARTÍCULO 23.- No es imputable:

 

1º. El menor de edad.

 

2º. Quien en el momento de la acción u omisión, no posea, a causa de enfermedad mental, de desarrollo síquico incompleto o retardado o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio, haya sido buscado de propósito por el agente.

 

 

CAPÍTULO II

 

CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN

 

 

ARTÍCULO 24.- Son causas de justificación:

 

Legítima defensa

1º. Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

 

a) Agresión ilegítima;

 

b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla;

 

c) Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores.

 

El requisito previsto en el literal c) no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación.

 

Estado de necesidad

2º. Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro, no causado por él voluntariamente, ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro.

 

Esta exención se extiende al que causare daño en el patrimonio ajeno, si concurrieren las condiciones siguientes:

 

 

a) Realidad del mal que se trate de evitar;

 

b) Que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo;

 

c) Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo.

 

No puede alegar estado de necesidad, quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse.

 

Legítimo ejercicio de un derecho

3º. Quien ejecuta un acto, ordenado o permitido por la ley, en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que preste a la justicia.

 

 

CAPÍTULO III

 

CAUSA DE INCULPABILIDAD

 

 

ARTÍCULO 25.- Son causas de inculpabilidad:

 

Miedo invencible

 

1º. Ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente, según las circunstancias.

 

Fuerza exterior

 

2º. Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible, directamente empleada sobre él.

 

Error

 

3º. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto.

 

Obediencia debida

 

4º. Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. La obediencia se considera debida, cuando reúna las siguientes condiciones:

 

a) Que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto;

 

b) Que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite, y esté revestida de las formalidades legales;

 

c) Que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta.

 

Omisión justificada

 

5º. Quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar, por causa legítima e insuperable.

 

 

TÍTULO IV

 

DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MODIFICAN LA

RESPONSABILIDAD PENAL

 

CAPÍTULO I

 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES

 

 

ARTÍCULO 26.- Son circunstancias atenuantes:

 

Inferioridad síquica

 

1º. Las condiciones determinadas por circunstancias orgánicas o patológicas que disminuyan, sin excluirla, la capacidad de comprender o de querer del sujeto.

 

Exceso de las causas de justificación

 

2º. El exceso de los límites establecidos en las causas de justificación.

 

Estado emotivo

 

3º. Obrar el delincuente por estímulos tan poderosos que, naturalmente, hayan producido arrebato u obcecación.

 

Arrepentimiento eficaz

 

4º. Si el delincuente ha procurado, con celo, reparar el daño causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias.

 

Reparación del perjuicio

 

5º. Si el delincuente, a criterio del tribunal, ha reparado, restituido o indemnizado adecuada y satisfactoriamente el daño causado antes de dictarse sentencia.

 

Preterintencionalidad

 

6º. No haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad, como el que se produjo

 

Presentación a la autoridad

 

7º. Si, pudiendo el imputado eludir la acción de la justicia por fuga u otro medio idóneo, se ha presentado voluntariamente a la autoridad.

 

Confesión espontánea

 

8º. La confesión del procesado, si la hubiere prestado en su primera declaración.

 

Ignorancia

 

9º. La falta de ilustración, dada la naturaleza del delito, en cuando haya influido en su ejecución.

 

Dificultad de prever

 

10. En los delitos culposos, causar el resultado dañoso en circunstancias que lo hacían muy improbable o difícil de prever.

 

Provocación o amenaza

 

11. Haber precedido inmediatamente, de parte del ofendido, provocación o amenaza en proporción al delito.

 

Vindicación de ofensas

 

12. Haber ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave, causada al autor del delito, su cónyuge, su concubinario, sus parientes dentro de los grados de ley, sus adoptantes o sus adoptados.

 

Se entiende por vindicación próxima la que se ejerce consecutivamente a la ofensa, o cuando no ha habido el tiempo necesario para la reflexión.

 

Inculpabilidad incompleta

 

13. Las expresadas en el artículo 25 cuando no concurran los requisitos necesarios para excluir de responsabilidad en los respectivos casos.

 

Atenuantes por analogía

 

14. Cualquiera otra circunstancia de igual entidad y análoga a las anteriores.

 

 

CAPÍTULO II

 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

 

ARTÍCULO 27.- Son circunstancias agravantes:

 

Motivos fútiles o abyectos

 

1º. Haber obrado el delincuente por motivos fútiles o abyectos.

 

Alevosía

 

2º. Ejecutar el hecho con alevosía.

Hay alevosía, cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas, que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución, sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido; o cuando éste, por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentre, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse.

 

Premeditación

 

3º. Obrar con premeditación conocida.

 

Hay premeditación conocida, cuando se demuestre que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de su autor, con anterioridad suficiente a su ejecución, para organizarlo, deliberarlo o planearlo y que, en el tiempo que medió entre el propósito y su realización, preparó ésta y la ejecutó fría y reflexivamente.

 

Medios gravemente peligrosos

 

4º. Ejecutar el hecho por medio de explosivos, gases perjudiciales, inundación, incendio, envenenamiento, narcótico, varamiento de nave. accidente de aviación, avería causada a propósito, descarrilamiento, alteración del orden público o por cualquier otro medio idóneo para ocasionar estragos de carácter general.

 

Aprovechamiento de calamidad

 

5º. Aprovechar para la ejecución del delito, que ocurra o haya ocurrido un ciclón, terremoto, inundación, naufragio, incendio, descarrilamiento, accidente de tránsito de cualquier clase, explosión, alteración del orden público o cualquier otro estrago o calamidad pública.

 

Abuso de superioridad

 

6º. Abusar de superioridad física o mental, o emplear medios que debiliten la defensa de la víctima.

 

Ensañamiento

 

7º. Aumentar, deliberadamente los efectos del delito, causando otros innecesarios para su realización o emplear medios que añadan la ignominia a la acción delictual.

 

Preparación para la fuga

 

8º. Ejecutar el hecho empleando vehículo o cualquier medio, modo o forma que asegure la fuga del delincuente.

 

Artificio para realizar el delito

 

9º. Cometer el delito empleando astucia, fraude, disfraz o cualquier otro engaño suficiente para facilitar la ejecución del delito u ocultar la identidad del delincuente.

 

Cooperación de menores de edad

 

10. Cometer el delito utilizando la participación o ayuda de persona menor de edad.

 

Interés lucrativo

 

11. Cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria.

 

Abuso de autoridad

 

12. Prevalerse, el delincuente, de su carácter público o del poder inherente al cargo, oficio, ministerio o profesión, o cometerlo haciendo uso defunciones que anteriormente, hubiere tenido.

 

Auxilio de gente armada

 

13. Ejecutar el delito con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad.

 

Cuadrilla

 

14. Ejecutar el delito en cuadrilla.

 

Hay cuadrilla cuando concurren a la comisión del delito más de tres personas armadas.

 

Nocturnidad y despoblado

 

15. Ejecutar el delito de noche o en despoblado, ya sea que se elija o se aproveche una u otra circunstancia, según la naturaleza y accidentes del hecho.

 

Menosprecio de autoridad

 

16. Ejecutar el delito con ofensa o menosprecio de la autoridad pública o en el lugar en que ésta este ejerciendo sus funciones.

 

Embriaguez

 

17. Embriagarse el delincuente o intoxicarse, deliberadamente para ejecutar el delito.

 

Menosprecio al ofendido

 

18. Ejecutar el hecho con desprecio de la edad avanzada o de la niñez, del sexo, de la enfermedad o de la condición de incapacidad física o penuria económica del ofendido, según la naturaleza y accidentes del hecho.

 

Vinculación con otro delito

 

19. Ejecutar el delito para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para impedir su descubrimiento.

 

Menosprecio del lugar

 

20. Ejecutar el delito en la morada del ofendido, cuando éste no haya provocado el suceso.

 

Facilidades de prever

 

21. En los delitos culposos, haber ocasionado el resultado dañoso en circunstancias que lo hacían muy probable o fácilmente previsible.

 

Uso de medios publicitarios

 

22. Ejecutar el hecho por medio de la imprenta, grabado, cuadros expuestos al público, cinematógrafo, proyecciones luminosas, radiotelégrafo, teléfono, televisión o cualquier otro medio de alta difusión.

 

Reincidencia

 

23. La de ser reincidente el reo.

 

Es reincidente quien comete un nuevo delito después de haber sido condenado, en sentencia ejecutoriada, por un delito anterior cometido en el país o en el extranjero, haya o no cumplido la pena.

 

Habitualidad

 

24. La de ser el reo delincuente habitual.

 

Se declarará delincuente habitual a quien, habiendo sido condenado por más de dos delitos anteriores, cometiere otro u otros, en Guatemala o fuera de ella, hubiere o no cumplido las penas.

 

El delincuente habitual será sancionado con el doble de la pena.

 

CAPÍTULO III

 

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES

 

 

 

ARTÍCULO 28.- Agravante especial de aplicación relativa. Los Jefes o Agentes encargados del orden público, que cometieren cualquier delito contra las personas o sus bienes, siempre que se pruebe que en la realización del mismo, se produjo grave abuso de autoridad y de la confianza que el Estado les ha otorgado, se les impondrá la pena correspondiente al delito cometido aumentada en una cuarta parte.

 

Exclusión de agravantes

 

ARTÍCULO 29.- No se apreciarán como circunstancias agravantes, las que por si mismas constituyen un delito especialmente previsto por la ley, ni las que ésta haya expresado al tipificarlo, o sean de tal manera inherentes al delito que, sin la concurrencia de ellas, no pudiere cometerse.

 

Circunstancias incomunicables

 

ARTÍCULO 30.- Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en factores o caracteres meramente personales del delincuente, o que resulten de sus relaciones particulares con el ofendido, no se comunican a los codelincuentes.

 

Las circunstancias atenuantes o agravantes que resulten de la ejecución material del hecho delictuoso o de los medios empleados para realizarlo, sólo se apreciarán respecto de aquellos partícipes que de ellas tuvieren conocimiento antes o en el momento de la acción.

 

Circunstancias mixtas

 

ARTÍCULO 31.- Podrán ser apreciadas como circunstancias atenuantes o agravantes, según la naturaleza, los móviles y los afectos del delito:

 

Ser el agraviado cónyuge o concubinario, o pariente del ofensor por consanguinidad o por afinidad dentro de los grados de ley; así como las relaciones de respeto, amistad, gratitud, dependencia u hospitalidad que existan en el imputado con respecto al ofendido.

 

En caso de error en persona, para la sanción no se tomarán en cuenta las circunstancias agravantes que provengan de la naturaleza del ofendido o de vínculos con éste. Las circunstancias atenuantes concurrentes si el delito lo hubiere cometido en la persona, contra quien se lo había propuesto, se apreciarán en favor del responsable.

 

ARTÍCULO 32.- No existe reincidencia ni habitualidad entre delitos dolosos y culposos, entre delitos comunes y puramente militares, entre delitos comunes y políticos, entre delitos y faltas.

 

En cuanto a delitos políticos, es facultativo de los jueces apreciar o no la reincidencia, atendidas las condiciones personales del responsable y las circunstancias especiales en que se cometió el hecho.

 

Consecuencias de la habitualidad

 

ARTÍCULO 33.- Además de aplicarle la pena respectiva, el delincuente habitual quedará sujeto a medidas de seguridad.

 

Prescripción

 

ARTÍCULO 34.- Transcurridos diez años entre la perpetración de uno y otro delito, no se tomará en cuenta la condena anterior.

 

No se computará en este término, el tiempo en que el delincuente permanezca privado de libertad por detención preventiva o por la pena.

 

 

TÍTULO V

 

CAPÍTULO I

 

DE LA PARTICIPACIÓN EN EL DELITO

 

Responsables

 

ARTÍCULO 35.- Son responsables penalmente del delito: Los autores y los cómplices.

 

De las faltas sólo son responsables los autores.

 

Autores

 

ARTÍCULO 36.- Son autores:

 

1º. Quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito.

 

2º. Quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo.

 

3º. Quienes cooperan a la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiere podido cometer.

 

4º. Quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de un delito, están presentes en el momento de su consumación.

 

Cómplices

 

ARTÍCULO 37.- Son cómplices:

 

1º. Quienes animaren o alentaren a otro en su resolución de cometer el delito.

 

2º. Quienes prometieren su ayuda o cooperación para después de cometido el delito.

 

3º. Quienes proporcionaren informes o suministraren medios adecuados para realizar el delito; y

 

4º. Quienes sirvieren de enlace o actuaren como intermediarios entre los partícipes para obtener la concurrencia de éstos en el delito.

 

Responsabilidad penal de personas jurídicas

 

ARTÍCULO 38.- En lo relativo a personas jurídicas se tendrá como responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas, que hubieren intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiere realizado éste y serán sancionados con las mismas penas señaladas en este Código para las personas individuales.

 

Delito de muchedumbre

 

ARTÍCULO 39.- Cuando se trate de delitos cometidos por una muchedumbre, se aplicarán las disposiciones siguientes:

 

1º. Si la reunión tuvo por objeto cometer determinados delitos, responderán como autores todos los que hayan participado materialmente en su ejecución, así como los que sin haber tenido participación material, asumieren el carácter de directores.

 

2º. Si la reunión no tuvo por objeto cometer delitos y éstos se cometieren después por impulso de la muchedumbre en tumulto, responderán como cómplices todos los que hubieren participado materialmente en la ejecución y, como autores, los que revistieren el carácter de instigadores, hallan tenido o no participación material en la ejecución de los hechos delictivos.

 

Quedarán exentos de pena los demás.

 

Esta última exención no alcanza a la reunión en sí misma, cuando estuviere prevista en la ley, como delito.

 

ARTÍCULO 40.- Si el delito cometido fuere más grave que el concertado o de igual gravedad, pero de distinta naturaleza, o complicado por otros delitos, los partícipes extraños al hecho, responderán por el delito concertado y cometido, y sólo por el cometido sin concierto, en cuanto hubiere podido ser previsto, de acuerdo con los principios generales.

 

Si el delito cometido fuere menos grave que el concertado, responderán sólo por el primero.

 

TÍTULO VI

 

DE LAS PENAS

 

CAPÍTULO I

 

PENAS PRINCIPALES

 

ARTÍCULO 41.- Son penas principales: La de muerte, la de prisión, el arresto y la multa.

 

Penas accesorias

 

ARTÍCULO 42.- Son penas accesorias: Inhabilitación absoluta; inhabilitación especial; comiso y pérdida de los objetos o instrumentos del delito; expulsión de extranjeros del territorio nacional; pago de costas y gastos procesales; publicación de la sentencia y todas aquellas que otras leyes señalen.

 

Pena de muerte

 

ARTÍCULO 43.- La pena de muerte, tiene carácter extraordinario y sólo podrá aplicarse en los casos expresamente consignados en la ley y no se ejecutará, sino después de agotarse todos los recursos legales.

 

No podrá imponerse la pena de muerte:

 

1º. Por delitos políticos.

 

2º. Cuando la condena se fundamente en presunciones.

 

3º. A mujeres.

 

4º. A varones mayores de setenta años.

 

5º. A personas cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición.

 

En estos casos y siempre que la pena de muerte fuere conmutada por la de privación de libertad, se le aplicará prisión en su límite máximo.

 

 

 

ARTÍCULO 44.- Pena de prisión. La pena de prisión consiste en la privación de la libertad personal y deberá cumplirse en los centros penales destinados para el efecto. Su duración se extiende desde un mes hasta cincuenta años.

 

A los condenados a prisión que observen buena conducta durante las tres cuartas partes de la condena, se les pondrá en libertad, en el entendido que si cometieren un nuevo delito durante el tiempo que estén gozando de dicho privilegio, deberán cumplir el resto de la pena y la que corresponda al nuevo delito cometido.

 

La rebaja a que se refiere este artículo no se aplicará cuando el reo observe mala conducta, cometiere nuevo delito o infringiere gravemente los reglamentos del centro penal en que cumpla su condena.

 

Pena de arresto

 

ARTÍCULO 45.- La pena de arresto consiste en la privación de la libertad personal hasta por sesenta días. Se aplicará a los responsables de faltas y se ejecutará en lugares distintos a los destinados al cumplimiento de la pena de prisión.

 

La privación de la libertad de la mujer

 

ARTÍCULO 46.- Las mujeres cumplirán las penas privativas de libertad en establecimientos especiales. Cuando éstos no tuvieren las condiciones necesarias para atender a aquellas que se hallaren en estado de gravidez o dentro de los cuarenta días siguientes al parto, se les remitirá a un centro adecuado de salud, bajo custodia, por el tiempo estrictamente necesario.

 

Producto del trabajo

 

ARTÍCULO 47.- El trabajo de los reclusos es obligatorio y debe ser remunerado. El producto de la remuneración será inembargable y se aplicará:

 

1º. A reparar e indemnizar los daños causados por el delito.

 

2º. A las prestaciones alimenticias a que esté obligado.

 

3º. A contribuir a los gastos extraordinarios y necesarios para mantener o incrementar los medios productivos que, como fuente de trabajo, beneficien al recluso.

 

4º. A formar un fondo propio que se le entregará al ser liberado.

 

Determinación del trabajo

 

ARTÍCULO 48.- El trabajo deberá ser compatible con el sexo, edad, capacidad y condición física del recluso. No están obligados a trabajar los reclusos mayores de sesenta años de edad, los que tuvieren impedimento físico y los que padecieren de enfermedad que les haga imposible o peligroso el trabajo.

 

Enfermedad sobreviniente

 

ARTÍCULO 49.- Si el encausado o el reo padeciere enfermedad que requiera internamiento especial, deberá ordenarse su traslado a un establecimiento adecuado, en donde solo permanecerá el tiempo indispensable para su curación o alivio. Esta disposición no se aplicará si el centro contare con establecimiento adecuado.

 

El tiempo de internamiento se computará para el cumplimiento de la pena, salvo simulación o fraude para lograr o prolongar el internamiento.

 

Conmutación de las penas privativas de libertad

 

ARTÍCULO 50.- Son conmutables:

 

1º. La prisión que no exceda de cinco años. La conmuta se regulará entre un mínimo de cinco quetzales y un máximo de cien quetzales por cada día atendiendo a las circunstancias del hecho y a las condiciones económicas del penado.

 

2º. El arresto.

 

 

ARTÍCULO 51. Inconmutables.  La conmutación no se otorgará:

 

1º. A los reincidentes y delincuentes habituales;

 

2º. A los condenados por hurto y robo;

 

3º. Cuando así lo prescriban otras leyes;

 

4º. Cuando apreciadas las condiciones del penado, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho, se establezca, a juicio del Juez, su peligrosidad social;

 

5º. A los condenados por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera, contrabando aduanero, apropiación indebida de tributos y resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria.

 

Multa

 

ARTÍCULO 52.- La pena de multa consiste en el pago de una cantidad de dinero que el juez fijará, dentro de los límites legales.

 

Determinación del monto de la multa

 

ARTÍCULO 53.- La multa tiene carácter personal y será determinada de acuerdo con la capacidad económica del reo; su salario, su sueldo o renta que perciba; su aptitud para el trabajo, o capacidad de producción; cargas familiares debidamente comprobadas y las demás circunstancias que indiquen su situación económica.

 

Forma de ejecución de la multa

 

ARTÍCULO 54.- La multa deberá ser pagada por el condenado dentro de un plazo no mayor de tres días, a contar de la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada.

 

Previo otorgamiento de caución real o personal, a solicitud del condenado, podrá autorizarse el pago de la multa por amortizaciones periódicas, cuyo monto y fechas de pago señalará el juzgador teniendo en cuenta las condiciones económicas del obligado; en ningún caso excederá de un año el término en que deberán hacerse los pagos de las amortizaciones.

 

Conversión

 

ARTÍCULO 55.- Los penados con multa, que no la hicieren efectiva en el término legal, o que no cumplieren con efectuar las amortizaciones para su debido pago, o fueren insolventes, cumplirán su condena con privación de libertad, regulándose el tiempo, según la naturaleza del hecho y las condiciones personales del penado entre cinco quetzales y cien quetzales por cada día.

 

Inhabilitación absoluta

 

ARTÍCULO 56.- La inhabilitación absoluta comprende:

 

1º. La pérdida o suspensión de los derechos políticos.

 

2º. La pérdida del empleo o cargo público que el penado ejercía, aunque proviniere de elección popular.

 

3º. La incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicos.

 

4º. La privación del derecho de elegir y ser electo.

 

5º. La incapacidad de ejercer la patria potestad y de ser tutor o protutor.

 

Inhabilitación especial

 

ARTÍCULO 57.- La inhabilitación especial consistirá, según el caso:

 

1º. En la imposición de alguna o algunas de las inhabilitaciones establecidas en los distintos incisos del artículo que antecede.

 

2º. En la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación.

 

Aplicación de inhabilitación especial

 

ARTÍCULO 58.- Conjuntamente con la pena principal, se impondrá la de inhabilitación especial, cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad.

 

Suspensión de derechos políticos

 

ARTÍCULO 59.- La pena de prisión lleva consigo la suspensión de los derechos políticos, durante el tiempo de la condena, aunque ésta se conmute, salvo que obtenga su rehabilitación.

 

Comiso

 

ARTÍCULO 60.- El comiso consiste en la pérdida, a favor del Estado, de los objetos que provengan de un delito o falta, y de los instrumentos con que se hubieren cometido, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho. Cuando los objetos referidos fueren de uso prohibido o no sean de lícito comercio, se acordará el comiso, aunque no llegue a declararse la existencia del delito o la culpabilidad del imputado.

 

Los objetos decomisados de lícito comercio, se venderán y el producto de la venta incrementará los fondos privativos del Organismo Judicial.

 

Publicación de la sentencia

 

ARTÍCULO 61.- La publicación de la sentencia es pena accesoria a la principal que se imponga por los delitos contra el honor.

 

A petición del ofendido o de sus herederos, el juez, a su prudente arbitrio, ordenará la publicación de la sentencia en uno o dos periódicos de los de mayor circulación en la República, a costa del condenado o de los solicitantes subsidiariamente, cuando estime que la publicidad pueda contribuir a reparar el daño moral causado por el delito.

 

En ningún caso podrá ordenarse la publicación de la sentencia cuando afecte a menores o a terceros.

 

 

CAPÍTULO II

 

DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS

 

Al autor del delito consumado

 

ARTÍCULO 62.- Salvo determinación especial, toda pena señalada en la ley para un delito, se entenderá que debe imponerse al autor del delito consumado.

 

Al autor de tentativa y al cómplice del delito consumado

 

ARTÍCULO 63.- Al autor de tentativa y al cómplice de delito consumado, se les impondrá la pena señalada en la ley para los autores del delito consumado, rebajada en una tercera parte.

 

Al cómplice de tentativa

 

ARTÍCULO 64.- A los cómplices de tentativa, se les impondrá la pena que la ley señala para los autores del delito consumado, rebajada en dos terceras partes.

 

Fijación de la pena

 

ARTÍCULO 65.- El juez o tribunal determinará, en la sentencia, la pena que corresponda, dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley, para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de éste y de la víctima, el móvil del delito, la extensión e intensidad del daño causado y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el hecho apreciadas tanto por su número como por su entidad o importancia. El juez o tribunal deberá consignar, expresamente, los extremos a que se refiere el párrafo que antecede y que ha considerado determinantes para regular la pena.

 

Aumento y disminución de límites

 

ARTÍCULO 66.- Cuando la ley disponga que se aumente o disminuya una pena en una cuota o fracción determinada, se aumentará el máximo y el mínimo en la proporción correspondiente, o se disminuirá en su caso, quedando así fijada la nueva pena, dentro de cuyos límites se graduará su aplicación conforme a lo dispuesto en el artículo que antecede.

 

Enfermedad mental del detenido

 

ARTÍCULO 67.- Si el delincuente enfermare mentalmente después de pronunciada sentencia, se suspenderá su ejecución, en cuanto a la pena personal. Al recobrar el penado su salud mental, cumplirá su pena.

 

En igual forma se procederá cuando la enfermedad mental sobreviniere hallándose el penado cumpliendo condena.

 

Cómputo de la pena

 

ARTÍCULO 68.- La condena se computará desde la fecha en que el reo hubiere sido detenido, salvo que haya sido excarcelado.

 

 

CAPÍTULO III

 

DEL CONCURSO DE DELITOS

 

ARTÍCULO 69.- Concurso real. Concurso real. Al responsable de dos o más delitos, se le impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido a fin de que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves, pero el conjunto de las penas de la misma especie no podrá exceder del triple de la de mayor duración, si todas tuvieren igual duración, no podrán exceder del triple de la pena.

 

Este máximo, sin embargo, en ningún caso podrá ser superior:

 

1º. A cincuenta años de prisión

 

2º. A doscientos mil quetzales de multa

 

Concurso ideal

 

ARTÍCULO 70.- En caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario de cometer el otro, únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada hasta en una tercera parte.

 

El tribunal impondrá todas las penas que correspondan a cada una de las infracciones si a su juicio esto fuera más favorable al reo, que la aplicación de la regla anterior.

 

Cuando se trate de concurso ideal de delitos sancionados con prisión, de delitos sancionados con prisión y multa o de delitos sancionados sólo con multa, el juez, a su prudente arbitrio y bajo su responsabilidad, aplicará las sanciones respectivas en la forma que resulte más favorable al reo.

 

Delito continuado

 

ARTÍCULO 71.- Se entenderá que hay delito continuado cuando varias acciones u omisiones se cometan en las circunstancias siguientes:

 

1º. Con un mismo propósito o resolución criminal.

 

2º. Con violación de normas que protejan un mismo bien jurídico de la misma o de distinta persona.

 

3º. En el mismo o en diferente lugar.

 

4º. En el mismo o distinto momento, con aprovechamiento de la misma situación.

 

5º. De la misma o de distinta gravedad.

 

En este caso se aplicará la sanción que corresponda al delito, aumentada en una tercera parte.

 

 

CAPÍTULO IV

 

DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL

DE LA PENA

 

Suspensión condicional

 

ARTÍCULO 72.- Al dictar sentencia, podrán los tribunales suspender condicionalmente la ejecución de la pena, suspensión que podrán conceder por un tiempo no menor de dos años ni mayor de cinco, si concurrieren los requisitos siguientes:

 

1º. Que la pena consista en privación de libertad que no exceda de tres años;

 

2º. Que el beneficiado no haya sido condenado anteriormente por delito doloso;

 

3º. Que antes de la perpetración del delito, el beneficiado haya observado buena conducta y hubiere sido un trabajador constante;

 

4º. Que la naturaleza del delito cometido, sus móviles y circunstancias, no revelen peligrosidad en el agente y pueda presumirse que no volverá a delinquir.

 

5º. En los delitos contra el Régimen Tributario a que se refieren los artículos 358 “A” 358 “B” y 358 “C”, si el penado ha cumplido con restituir al Estado el valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios que previa liquidación fiscal determine la autoridad tributaria, a pedido del Juez competente. En este caso no se tomará en cuenta para el otorgamiento de este beneficio el límite máximo de la pena prevista en la Ley para tales ilícitos.

 

Este beneficio se podrá otorgar al momento de dictarse el fallo, o en los casos en que exista sentencia que haya pasado por autoridad de cosa juzgada cuando el penado cumpla con el pago antes indicado. La aplicación del beneficio en este último caso corresponderá al Juez de Ejecución.

 

 

Reo sometido a medidas de seguridad

 

ARTÍCULO 73.- No se otorgará el beneficio establecido en el artículo que antecede, cuando en la sentencia se imponga, además de la pena personal, una medida de seguridad, excepto en caso de libertad vigilada.

 

Responsabilidades civiles

 

ARTÍCULO 74.- La suspensión condicional de la pena podrá hacerse extensiva a las penas accesorias; pero no eximirá de las obligaciones civiles derivadas del delito.

 

Advertencias

 

ARTÍCULO 75.- El juez o tribunal de la causa deberá hacer advertencia personal al reo, en relación de la naturaleza del beneficio que se le otorga y de los motivos que puedan producir su revocación, lo que se hará constar por acta en el expediente.

 

Revocación del beneficio

 

ARTÍCULO 76.- Si durante el período de suspensión de la ejecución de la pena, el beneficiado cometiera un nuevo delito, se revocará el beneficio otorgado y se ejecutará la pena suspendida más lo que le correspondiere por el nuevo cometido. Si durante la suspensión de la condena se descubriese que el penado tiene antecedentes por haber cometido un delito doloso, sufrirá la pena que le hubiere sido impuesta.

 

Extinción de la pena

 

ARTÍCULO 77.- Transcurrido el período fijado, sin que el penado haya dado motivo para revocar la suspensión, se tendrá por extinguida la pena.

 

CAPÍTULO V

 

DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

 

 Autoridad competente para decretarla

 

ARTÍCULO 78.- La Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de acordar la libertad condicional, previa información que al efecto se tramitará ante el Patronato de Cárceles y Liberados o la institución que haga sus veces.

 

Condiciones

 

ARTÍCULO 79.- La libertad condicional será acordada en resolución que expresará las condiciones que se imponen al favorecido, consistentes en la sujeción a alguna o algunas medidas de seguridad.

 

Régimen de libertad condicional

 

ARTÍCULO 80.- Podrá concederse la libertad condicional al reo que haya cumplido más de la mitad de la pena de prisión que exceda de tres años y no pase de doce; o que haya cumplido las tres cuartas partes de la pena que exceda de doce años y concurran, además, las circunstancias siguientes:

 

1º. Que el reo no haya sido ejecutoriadamente condenado con anterioridad por otro delito doloso.

 

2º. Haber observado buena conducta durante su reclusión, justificada con hechos positivos que demuestren que ha adquirido hábito de trabajo, orden y moralidad.

 

3º. Que haya restituido la cosa y reparado el daño en los delitos contra el patrimonio y, en los demás delitos, que haya satisfecho, en lo posible, la responsabilidad civil a criterio de la Corte Suprema de Justicia.

 

 

Duración y revocación del régimen de libertad condicional

 

ARTÍCULO 81.- El régimen a que estará sujeto quien obtenga su libertad condicional, durará todo el tiempo que le falte para cumplir la pena impuesta.

 

Si durante ese período incurriere en nuevo delito o violare las medidas de seguridad impuestas, se revocará la libertad condicional y se hará efectiva la parte de la pena que haya dejado de cumplir, sin computar en la misma, el tiempo que haya permanecido en libertad.

 

Extinción de la pena

 

ARTÍCULO 82.- Transcurrido el período de libertad bajo régimen condicional, sin que el beneficiado haya dado motivo a la revocación, se tendrá por extinguida la pena.

 

CAPÍTULO VI

 

DEL PERDÓN JUDICIAL

 

Condiciones para otorgarlo

 

ARTÍCULO 83.- Los jueces tienen facultad para otorgar, en sentencia, perdón judicial, siempre que, a su juicio, las circunstancias en que el delito se cometió lo amerite y se llenen los requisitos siguientes:

 

1º. Que se trate de delincuente primario.

 

2º. Que antes de la perpetración del delito, el beneficiado haya observado conducta intachable y la hubiere conservado durante su prisión.

 

3º. Que los móviles del delito y las circunstancias personales del agente no revelen en éste peligrosidad social y pueda presumirse que no volverá a delinquir.

 

4º. Que la pena no exceda de un año de prisión o consista en multa.

 

TÍTULO VII

 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

 

CAPÍTULO I

 

DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

 

Principio de legalidad

 

ARTÍCULO 84.- No se decretarán medidas de seguridad sin disposición legal que las establezca expresamente, ni fuera de los casos previstos en la ley.

 

Indeterminación en el tiempo

 

ARTÍCULO 85.- Las medidas de seguridad se aplicarán por tiempo indeterminado, salvo disposición expresa de la ley en contrario.

 

Aplicación jurisdiccional

 

ARTÍCULO 86.- Las medidas de seguridad previstas en este TÍTULO, solo podrán decretarse por los tribunales de justicia en sentencia condenatoria o absolutoria por delito o falta.

 

Sin embargo, en cualquier tiempo podrán reformar o revocar sus resoluciones al respecto, si se modifica o cesa el estado de peligrosidad del sujeto. Los tribunales podrán decretar la aplicación simultánea de medidas de seguridad compatibles.

 

Estado peligroso

 

ARTÍCULO 87.- Se consideran índices de peligrosidad:

 

1º. La declaración de inimputabilidad.

 

2º. La interrupción de la ejecución de la pena por enfermedad mental del condenado.

 

3º. La declaración del delincuente habitual.

 

4º. El caso de tentativa imposible de delito, prevista en el artículo 15 de este Código.

 

5º. La vagancia habitual.

 

Se entiende por vago el que teniendo aptitud para ejecutar un trabajo remunerable se mantiene habitualmente en holganza, viviendo a costa del trabajo de otros, o de mendicidad, o sin medios de subsistencia conocidos.

 

6º. La embriaguez habitual.

 

7º. Cuando el sujeto fuere toxicómano.

 

8º. La mala conducta observada durante el cumplimiento de la condena.

 

9º. La explotación o el ejercicio de la prostitución.

 

Medidas de seguridad

 

ARTÍCULO 88.- Las medidas de seguridad aplicables son las siguientes:

 

1º. Internamiento en establecimiento siquiátrico.

 

2º. Internamiento en granja agrícola, centro industrial u otro análogo.

 

3º. Internamiento en establecimiento educativo o de tratamiento especial.

 

4º. Libertad vigilada.

 

5º. Prohibición de residir en lugar determinado.

 

6º. Prohibición de concurrir a determinados lugares.

 

7º. Caución de buena conducta.

 

Internamiento especial

 

ARTÍCULO 89.- Cuando un inimputable de los comprendidos en el inciso 2º. del artículo 23, cometa un hecho que la ley califique de delito, se ordenará su internación en un establecimiento psiquiátrico, hasta que por resolución judicial dictada con base en dictámenes periciales, pueda modificarse la medida, o revocarse si cesó el estado de peligro del sujeto.

 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también, en el caso comprendido en el inciso 2º. del artículo 87.

 

Medidas curativas

 

ARTÍCULO 90.- Los tribunales podrán ordenar,  después de cumplida la pena, si lo estimaren peligroso, que comprendido en el caso previsto en el inciso 1º. del artículo 26, sea internado en un establecimiento educativo o de tratamiento especial.

 

Régimen de trabajo

 

ARTÍCULO 91.- Los declarados delincuentes habituales serán sometidos, según el grado de peligrosidad que demuestren, al régimen de trabajo en granja agrícola, en centro industrial o centro análogo. Esta internación se decretará cuando, cumplida la condena impuesta, se estime que ésta ha sido ineficaz en lo relativo a la readaptación del delincuente.

 

Peligrosidad por tentativa imposible

 

ARTÍCULO 92.- En los casos del artículo 15, se someterá el sujeto, según su grado de peligrosidad, a régimen especial de trabajo en alguna de las instituciones mencionadas en el inciso 3º. del artículo 88.

 

Peligrosidad por vagancia

 

ARTÍCULO 93.- Los vagos que hayan cometido delito, así como los sancionados por vagancia, serán sometidos al régimen de trabajo en granja agrícola, centro industrial u otro análogo, por un término no menor de un año ni mayor de tres.

 

Internamiento de ebrios habituales y toxicómanos

 

ARTÍCULO 94.- Al condenar por delito cometido bajo la influencia del alcohol o de drogas tóxicas o estupefacientes y en todo caso, en que se compruebe que el delincuente es toxicómano o ebrio habitual, el tribunal correspondiente podrá disponer que, antes o después de cumplida la pena si fuere de privación de libertad o simultáneamente con ella, si fuere pecuniaria, el sujeto sea internado en un establecimiento de tratamiento especial, hasta que se demuestre, previo dictamen médico, que puede ser sometido a otro régimen, como los previstos en los incisos 4º, 5º y 6º del artículo 88.

 

Sustitución de establecimiento

 

ARTÍCULO 95.- Donde no haya establecimiento adecuado, la medida de internamiento, según su naturaleza, se cumplirá en anexo o sección especial de otro establecimiento.

 

Modificación de medidas

 

ARTÍCULO 96.- Las medidas de internamiento en establecimiento siquiátrico o en establecimiento educativo o de tratamiento especial, cesarán por resolución judicial, dictada con base en dictámenes médico y criminológico, que demuestren que el sujeto puede ser sometido a libertad vigilada.

 

Libertad vigilada

 

ARTÍCULO 97.- La libertad vigilada no tendrá carácter de custodia, sino de protección y consiste, para los enfermos mentales, toxicómanos o ebrios habituales, en confiarlos al cuidado de su familia, bajo la inspección inmediata del Patronato de Cárceles y Liberados o la institución que haga sus veces, que la ejercerá en la forma y por los medios que estime convenientes.

 

En los casos de suspensión condicional de la pena y de la libertad condicional, la medida de libertad vigilada, durará el mismo tiempo que se fije para dichos regímenes; en los demás casos, durará el tiempo que señale el tribunal, sin que pueda ser menor de un año.

 

Al aplicar esta medida, el tribunal que corresponda prescribirá las reglas de comportamiento destinadas a evitar nuevas infracciones.

 

Prohibición de residir en determinados lugares

 

ARTÍCULO 98.- Los tribunales, a su prudente arbitrio y cuando lo exijan las circunstancias, podrán imponer al sujeto que haya cumplido una pena o una medida de seguridad, la prohibición de residir en determinados lugares durante un año, como mínimo.

 

Prohibición de concurrir a determinados lugares

 

ARTÍCULO 99.- Cuando un delito haya sido motivado por hábito vicioso de su autor o por sus costumbres disolutas o cuando el caso lo requiera, el tribunal podrá imponer, además de la pena, la prohibición de concurrir a determinados lugares.

 

Caución de buena conducta

 

ARTÍCULO 100.- La caución de buena conducta consiste en la garantía personal, hipotecaria, prendaria o depósito de una cantidad de dinero, prestada a satisfacción del tribunal y por el término señalado en la sentencia, de que el sujeto peligroso no cometerá nuevos delitos y de que cumplirá las normas de conducta que le sean impuestas durante un período de prueba que no será menor de un año ni excederá de cinco.

 

Esta medida se aplicará en los casos que el tribunal lo estime oportuno.

 

La caución se hará efectiva cuando el sometido a ella violare las normas de conducta impuestas, en caso contrario, al finalizar su plazo, se ordenará la devolución de la suma depositada o la cancelación de la garantía.

 

TÍTULO VIII

 

DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y DE LA PENA

 

Extinción de la responsabilidad penal

 

ARTÍCULO 101.- La responsabilidad penal se extingue:

 

1º. Por muerte del procesado o del condenado.

 

2º. Por amnistía.

 

3º. Por perdón del ofendido, en los casos en que la ley lo permita expresamente.

 

4º. Por prescripción.

 

5º. Por cumplimiento de la pena.

 

Extinción de la pena

 

ARTÍCULO 102.- La pena se extingue:

 

1º. Por su cumplimiento.

 

2º. Por muerte del reo.

 

3º. Por amnistía.

 

4º. Por indulto.

 

5º. Por perdón del ofendido, en los casos señalados por la ley.

 

6º. Por prescripción.

 

Extinción por muerte

 

ARTÍCULO 103.- La muerte de quien ha sido condenado, extingue también la pena pecuniaria impuesta pendiente de satisfacer y todas las consecuencias penales de la misma.

 

Amnistía

 

ARTÍCULO 104.- La amnistía extingue por completo la pena y todos sus efectos.

 

Indulto

 

ARTÍCULO 105.- El indulto sólo extingue la pena principal.

 

Perdón del ofendido

 

ARTÍCULO 106.- El perdón del ofendido extingue la responsabilidad penal y la pena si ya se hubiere impuesto, por delitos solamente perseguibles mediante denuncia o querella.

 

En los delitos cometidos contra menores o incapacitados, el tribunal podrá rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquéllos, ordenando la continuación del proceso o el cumplimiento de la condena, a solicitud o con intervención del Ministerio Público.

 

Prescripción de la responsabilidad

 

ARTÍCULO 107.- La responsabilidad penal prescribe:

 

1º. A los veinticinco años, cuando correspondiere pena de muerte.

 

2º. Por el transcurso de un período igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de veinte años ni ser inferior a tres.

 

3º. A los cinco años, en los delitos penados con multa.

 

4º. A los seis meses, si se tratare de faltas.

 

Comienzo del término

 

ARTÍCULO 108.- La prescripción de la responsabilidad penal comenzará a contarse:

 

1º. Para los delitos consumados, desde el día de su consumación.

 

2º. Para el caso de tentativa, desde el día en que se suspendió la ejecución.

 

3º. Para los delitos continuados, desde el día en que se ejecutó el último hecho.

 

4º. Para los delitos permanentes, desde el día en que cesaron sus efectos.

 

5º. Para la conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción, cuando éstas sean punibles, desde el día en que se haya ejecutado el último acto.

 

Interrupción

 

ARTÍCULO 109.- La prescripción de la acción penal se interrumpe, desde que se inicie proceso contra el imputado, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia.

 

También se interrumpe respecto a quien cometiere otro delito.

 

Prescripción de la pena

 

ARTÍCULO 110.- Las penas impuestas por sentencia firme prescriben por el transcurso de un tiempo doble de la pena fijada, sin que pueda exceder de treinta años.

 

Esta prescripción empezará a contarse desde la fecha en que la sentencia quede firme, o desde el día del quebrantamiento de la condena.

 

Interrupción

 

ARTÍCULO 111.- La prescripción de la pena se interrumpe, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, por la comisión de un nuevo delito, o porque el reo se presente o fuere habido.

 

TÍTULO IX

 

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

 

Personas responsables

 

ARTÍCULO 112.- Toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente.

 

Solidaridad de las obligaciones

 

ARTÍCULO 113.- En el caso de ser dos o más los responsables civilmente de un delito o falta, el tribunal señalará la cuota por la que debe responder cada uno.

 

Sin embargo, los autores y los cómplices serán responsables solidariamente entre sí y responderán subsidiariamente de las cuotas que correspondan, no sólo a los insolventes de su respectivo grupo, sino también de los insolventes del otro. Tanto en uno como en el otro caso, queda a salvo el derecho de quien hubiere pagado, de repetir contra los demás por las cuotas correspondientes a cada uno.

 

Participación lucrativa

 

ARTÍCULO 114.- Quien hubiere obtenido algún beneficio económico de los efectos de un delito, aun sin haber sido partícipe en su ejecución, responderá civilmente hasta por el tanto en que hubiere lucrado.

 

Transmisión

 

ARTÍCULO 115.- La responsabilidad civil derivada de delito o falta, se transmite a los herederos del responsable; igualmente, se transmite a los herederos del perjudicado la acción para hacerla efectiva.

 

Responsabilidad civil de inimputables

 

ARTÍCULO 116.- Los comprendidos en el artículo 23 responderán con sus bienes por los daños que causaren. Si fueren insolventes, responderán subsidiariamente quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal, salvo que demuestren que no incurrieron en descuido o negligencia en la vigilancia del que cometió el hecho.

 

Responsabilidad civil en caso de estado de necesidad

 

ARTÍCULO 117.- En el caso del inciso 2º. del artículo 24, la responsabilidad civil se declarará siempre y se distribuirá entre las personas a cuyo favor se haya precavido el mal, en proporción del beneficio que hubieren reportado.

 

Los tribunales señalarán, a su prudente arbitrio, la cuota proporcional por la que cada interesado debe responder.

 

Responsabilidad civil en casos de inculpabilidad

 

ARTÍCULO 118.- En los casos de los incisos 1º. y 2º. del artículo 25, responderán civilmente los que hubieren producido el miedo o la fuerza.

 

Extensión de la responsabilidad civil

 

ARTÍCULO 119.- La responsabilidad civil comprende:

 

1º. La restitución.

 

2º. La reparación de los daños materiales y morales.

 

3º. La indemnización de perjuicios.

 

La restitución

 

ARTÍCULO 120.- La restitución deberá hacerse de la misma cosa, siempre que fuere posible, con abono de deterioros o menoscabos a juicio del tribunal y aunque la cosa se hallare en poder de un tercero que la haya adquirido legalmente, salvo su derecho a repetir contra quien corresponda. Esta última disposición no es aplicable cuando la cosa sea irreivindicable de poder del tercero, por haberla adquirido en la forma y con las condiciones que establecen las leyes civiles.

 

Reparación del daño material

 

ARTÍCULO 121.- La reparación se hará valorando la entidad del daño material, atendiendo el precio de la cosa y el de afección del agraviado, si constare o pudiere apreciarse.

 

Remisión a las leyes civiles

 

ARTÍCULO 122.- En cuanto a lo no previsto en este título, se aplicarán las disposiciones que sobre la materia contienen el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil.

 

LIBRO SEGUNDO

 

PARTE ESPECIAL

 

TÍTULO I

 

DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LA PERSONA

 

CAPÍTULO I

 

DEL HOMICIDIO SIMPLE

 

 

ARTÍCULO 123.-  Homicidio.  Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona.

 

Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años.

 

Homicidio cometido en estado de emoción violenta

 

ARTÍCULO 124.- Quien matare en estado de emoción violenta, se le impondrá prisión de dos a ocho años.

 

Homicidio en riña tumultuaria

 

ARTÍCULO 125.- Cuando riñendo varios y acometiéndose entre sí, confusa y tumultuariamente, hubiere resultado muerte de una o más personas y no constare su autor, pero sí los que hubieren causado lesiones graves, se impondrá a éstos prisión de seis a doce años.

 

No constando quién o quiénes causaron las lesiones, se impondrá a todos los partícipes prisión de dos a seis años.

 

Homicidio preterintencional

 

ARTÍCULO 126.- Quien cometiere homicidio preterintencional, será sancionado con prisión de dos a diez años.

 

 

ARTÍCULO 127.- Homicidio culposo.  Al autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de dos a cinco años. Cuando el hecho causare, además, lesiones a otras personas o resultare la muerte de varios, la sanción será de tres a ocho años de prisión.

 

Si el delito fuere cometido al manejar un vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes, que afecten la personalidad del conductor o con temeridad o impericia manifiestas o en forma imprudente o negligente en situación que menoscabe o reduzcan su capacidad mental, volitiva o física, se impondrá al responsable el doble de la pena que le correspondería en caso de no existir alguna de estas circunstancias.

 

Si el delito se causare por pilotos de transporte colectivo en cualquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de diez a quince años.

 

Inducción o ayuda al suicidio

 

ARTÍCULO 128.- Quien indujere a otro al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, si ocurriere la muerte, se le impondrá prisión de cinco a quince años.

 

Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones de las comprendidas en los artículos 146 y 147 de este Código, la pena de prisión será de seis meses a tres años.

 

Infanticidio

 

ARTÍCULO 129.- La madre que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzcan indudable alteración síquica, matare a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido tres días, será sancionada con prisión de dos a ocho años.

 

Suposición de muerte

 

ARTÍCULO 130.- Quien maliciosamente se hiciere pasar por muerto o conociendo la existencia de proceso instruido con ocasión o con motivo de su fallecimiento, no se manifestare, será sancionado con prisión de uno a cinco años.

 

CAPÍTULO II

 

DE LOS HOMICIDIOS CALIFICADOS

 

ARTÍCULO 131.- Parricidio. Quien conociendo el vínculo, matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Se le impondrá pena de muerte, en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor y particular peligrosidad en el agente.

 

A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa.

 

ARTÍCULO 132.-  Asesinato.  Comete asesinato quien matare a una persona:

 

1) Con alevosía

 

2) Por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro

 

3) Por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago

 

4) Con premeditación conocida

 

5) Con ensañamiento

 

6) Con impulso de perversidad brutal

 

7) Para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para si o para copartícipes o por no haber obtenido el resultado que se hubiere propuesto al intentar el otro hecho punible

 

8) Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas.

 

Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años, sin embargo se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor particular peligrosidad del agente.

 

A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa.

 

 

ARTÍCULO 132 –BIS-. Ejecución extrajudicial. Comete el delito de ejecución extrajudicial, quien por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado, privare, en cualquier forma, de la vida a una o más personas, por motivos políticos; en igual forma comete dicho delito el funcionario o empleado público, perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para la comisión de tales acciones.

 

Constituye delito de ejecución extrajudicial, la privación de la vida de una o más personas, aún cuando no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Igualmente cometen delito de ejecución extrajudicial, los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes , subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando como resultado de su accionar resultare la muerte de una o más personas.

 

El reo de ejecución extrajudicial será sancionado con prisión de veinticinco a treinta años.

 

Se impondrá la pena de muerte en lugar de máximo de prisión, en cualesquiera de los siguientes casos:

 

 a) Cuando la víctima sea menor de doce años de edad o persona mayor de sesenta años.

 

b) Cuando por circunstancias del hecho o de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor peligrosidad del agente.

 

 

CAPÍTULO III

 

DEL ABORTO

 

Concepto

 

ARTÍCULO 133.- Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.

 

Aborto procurado

 

ARTÍCULO 134.- La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será sancionada con prisión de uno a tres años. Si lo hiciere impulsada por motivos que, ligados íntimamente a su estado, le produzcan indudable alteración síquica, la sanción será de seis meses a dos años de prisión.

 

Aborto con o sin consentimiento

 

ARTÍCULO 135.- Quien, de propósito causare un aborto, será sancionado:

 

1º. Con prisión de uno a tres años, sí la mujer lo consintiere.

 

2º. Con prisión de tres a seis años, si obrare sin consentimiento de la mujer.

 

Si se hubiere empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será de cuatro a ocho años de prisión.

 

Aborto calificado

 

ARTÍCULO 136.- Si a consecuencia del aborto consentido o de las maniobras abortivas consentidas, resultare la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con prisión de tres a ocho años. Si se tratare de aborto o maniobras abortivas efectuados sin consentimiento de la mujer y sobreviniere la muerte de ésta, el responsable será sancionado con prisión de cuatro a doce años.

 

Aborto terapéutico

 

ARTÍCULO 137.- No es punible el aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro, debidamente establecido, para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos.

 

Aborto preterintencional

 

ARTÍCULO 138.- Quien, por actos de violencia ocasionare el aborto, sin propósito de causarlo, pero constándole el estado de embarazo de la ofendida, será sancionado con prisión de uno a tres años. Si los actos de violencia consistieren en lesiones a las que corresponda mayor sanción, se aplicará ésta aumentada en una tercera parte.

 

Tentativa y aborto culposo

 

ARTÍCULO 139.- La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio, son impunes.

 

El aborto culposo verificado por otra persona, será sancionado con prisión de uno a tres años, siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo.

 

Agravación específica

 

ARTÍCULO 140.- El médico que, abusando de su profesión causare el aborto o cooperare en él, será sancionado con las penas señaladas en el artículo 135, con multa de quinientos a tres mil quetzales, con inhabilitación para el ejercicio de su profesión de dos a cinco años.

 

Iguales sanciones se aplicarán, en su caso, a los practicantes o personas con título sanitario, sin perjuicio de lo relativo al concurso de delitos.

 

CAPÍTULO IV

 

DE LA AGRESIÓN Y DISPARO DE

ARMA DE FUEGO

 

Agresión

 

ARTÍCULO 141.- Quien agrediere a otro, excepto en los casos de riña o pelea entre los dos, ya embistiéndolo con armas o lanzándole cualquier objeto capaz de causar lesión, será sancionado con multa de diez a doscientos quetzales. Si a consecuencia del acontecimiento se causare lesión, sólo será sancionado por ésta.

 

Disparo de arma de fuego

 

ARTÍCULO 142.- Quien, de propósito, dispare arma de fuego contra otro, aunque causare lesión leve, será sancionado con prisión de uno a dos años. Si a consecuencia del disparo se causaren lesiones graves o gravísimas o se ocasionare muerte, sólo se le impondrá la pena que por estos delitos corresponda. En caso de lesión leve, para la aplicación de la pena, se atenderá lo dispuesto en el artículo 70 de este Código.

 

No aplicabilidad

 

ARTÍCULO 143.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable cuando concurran las circunstancias necesarias para constituir tentativa de delito que tenga señalada pena mayor.

 

CAPÍTULO V

 

DE LAS LESIONES

 

Concepto

 

ARTÍCULO 144.- Comete delito de lesiones quien, sin intención de matar, causare a otro daño en el cuerpo o en la mente

 

Lesiones específicas

 

ARTÍCULO 145.- Quien, de propósito castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilare a otra persona, será sancionado con prisión de cinco a doce años.

 

Lesiones gravísimas

 

ARTÍCULO 146.- Quien causare a otro lesión gravísima, será sancionado con prisión de tres a diez años.

 

Es lesión gravísima la que produjere alguno de los resultados siguientes:

 

1º. Enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable;

 

2º. Inutilidad permanente para el trabajo;

 

3º. Pérdida de un miembro principal o de su uso de la palabra.

 

4º. Pérdida de un órgano o de un sentido.

 

5º. Incapacidad para engendrar o concebir.

 

Lesiones graves

 

ARTÍCULO 147.- Quien causare a otro lesión grave, será sancionado con prisión de dos a ocho años

 

Es lesión grave la que produjere alguno de los resultados siguientes:

 

1º. Debilitación permanente de la función de un órgano, de un miembro principal o de un sentido.

 

2º. Anormalidad permanente uso de la palabra.

 

3º. Incapacidad para el trabajo por más de un mes.

 

4º. Deformación permanente del rostro.

 

Lesiones leves

 

ARTÍCULO 148.- Quien causare a otro lesión leve, será sancionado con prisión de seis meses a tres años.

 

Es lesión leve la que produjere en el ofendido alguno de los siguientes resultados:

 

1º. Enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de diez días, sin exceder de treinta.

 

2º. Pérdida e inutilización de un miembro no principal.

 

3º. Cicatriz visible y permanente en el rostro.

 

Lesión en riña

 

ARTÍCULO 149.- Cuando en riña tumultuaria se causaren lesiones, sin que pueda determinarse al autor o autores de las mismas, se aplicará la pena correspondiente a las lesiones, rebajada en una tercera parte, a quienes hubieren ejercido alguna violencia en la persona del ofendido.

 

ARTÍCULO 150.-  Lesiones culposas. Quien causare lesiones por culpa, aún cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de tres meses a dos años.

 

Si el delito fuere ejecutado al manejar vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor o en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física, se impondrá al responsable, además, una multa de trescientos a tres mil quetzales.

 

Si el delito se causare por pilotos de transporte colectivo, en cualquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de cinco a nueve años.

 

Contagio venéreo

 

ARTÍCULO 151.- Quien, conociendo que padece de enfermedad venérea, expusiere a otro al contagio, será sancionado con multa de cincuenta a trescientos quetzales.

 

Si el contagio ocurriere, además, se le impondrá prisión de dos meses a un año. Este delito sólo es perseguible a instancia de parte.

 

CAPÍTULO VI

 

DEL DELITO DEPORTIVO

 

Delito por dolo o culpa

 

ARTÍCULO 152.- Quien, aprovechando su participación en el ejercicio de cualquier deporte, causare, de propósito y con infracción a las reglas o indicaciones correspondientes, un resultado dañoso, será responsable del hecho resultante e incurrirá en las sanciones que este Código señala para cada caso.

 

Si el resultado dañoso se causare sin propósito pero con infracción de las reglas o indicaciones respectivas, el responsable será sancionado a título de culpa.

 

Eximente

 

ARTÍCULO 153.- Quien, en deportes, violentos debidamente autorizados por la autoridad, que tengan por finalidad el acometimiento personal, sin infracción de las reglas o indicaciones respectivas, causare lesiones a su contrincante, no incurre en responsabilidad penal.

 

Tampoco incurre en responsabilidad penal quien, en ejercicio de un deporte debidamente autorizado, sin infracción de las reglas o indicaciones del caso y sin propósito, causare un resultado dañoso.

 

 

CAPÍTULO VII

 

DE LA EXPOSICIÓN DE PERSONAS A PELIGRO

 

 

Abandono de niños y personas desvalidas

 

ARTÍCULO 154.- Quien abandonare a un niño menor de diez años o a una persona incapaz de valerse por sí misma, que estuviere bajo su cuidado o custodia, será sancionado con prisión de seis meses a tres años.

 

Si a consecuencia del abandono ocurriere la muerte del abandonado, la sanción será de tres a diez años de prisión. Si sólo se hubiere puesto en peligro la vida del mismo o le hayan producido lesiones, la sanción será de tres meses a cinco años de prisión.

 

Abandono por estado afectivo

 

ARTÍCULO 155.- La madre que, impulsada por motivos que ligados íntimamente a su estado, le produzcan indudable alteración síquica, abandonare al hijo que no haya cumplido tres días de nacido, será sancionada con prisión de cuatro meses a dos años.

 

Si a consecuencia del abandono resultare la muerte del hijo, la sanción será de uno a cuatro años de prisión.

 

Omisión de auxilio

 

ARTÍCULO 156.- Quien, encontrando perdido o desamparado a un menor de diez años; a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario, según las circunstancias, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con multa de veinticinco a doscientos quetzales.

 

CAPÍTULO VIII

 

DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRANSITO

 

 

ARTÍCULO 157.-  Responsabilidad de conductores. Será sancionado con multa de cincuenta a un mil quetzales y privación de la licencia de conducir de tres meses a tres años:

 

1º. Quien condujere un vehículo de motor bajo influencia de bebidas alcohólicas o fermentadas, fármacos, drogas tóxicas o estupefacientes.

 

2º. Quien condujere un vehículo de motor con temeridad o impericia manifiesta o en forma imprudente o negligente, poniendo en riesgo o peligro la vida de las personas, su integridad o sus bienes, o causando intranquilidad o zozobra públicas.

 

En caso de reincidencia, las sanciones de este artículo se duplicarán.

 

Si como consecuencia de la conducta irregular resultare lesión o daño, cualquiera que sea su gravedad, los Tribunales aplicarán únicamente la infracción penal más gravemente sancionada.

 

Serán sancionados con el doble de la pena prevista, si el delito se causare por pilotos de transporte colectivo en cualquiera de las circunstancias relacionadas con los incisos primero y segundo del párrafo primero del presente artículo.

 

ARTÍCULO 157 bis. Quien condujere un vehículo de transporte colectivo sin que se le haya autorizado la licencia de conducir respectiva, será sancionado con prisión de seis meses a un año y multa de tres mil a cinco mil quetzales.

 

El empleador propietario, o el responsable de la Dirección de la empresa si se trata de persona jurídica, que emplee conductores de vehículos de transporte colectivo a quienes no haya autorizado la licencia correspondiente, serán sancionados con el doble de la pena señalada en el párrafo anterior.

 

 

Responsabilidad de otras personas

 

ARTÍCULO 158.- Serán sancionados con multa de veinticinco a quinientos quetzales y prisión de dos a seis meses, quienes pusieren en grave e inminente riesgo o peligro la circulación de vehículos en cualquiera de las siguientes maneras:

 

Alterando la seguridad del tránsito mediante la colocación de obstáculos imprevisibles, derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables, mutación o destrucción, total o parcial, de la señalización o por cualquier otro medio, o no restableciendo los avisos o indicadores de seguridad de la vía, cuando por circunstancias necesarias debieron ser interrumpidos o removidos.

 

 

TÍTULO II

 

DE LOS DELITOS CONTRA EL HONOR

 

CAPÍTULO I

 

DE LA CALUMNIA, DE LA INJURIA Y DE LA DIFAMACIÓN

 

Calumnia

 

ARTÍCULO 159.- Es calumnia la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio.

 

El responsable de calumnia será sancionado con prisión de cuatro meses a dos años y multa de cincuenta a doscientos quetzales.

 

Veracidad de la imputación

 

ARTÍCULO 160.- En el caso del artículo anterior, el acusado de calumnia quedará exento de toda responsabilidad penal probando la veracidad de la imputación.

 

Injuria

 

ARTÍCULO 161.- Es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito menosprecio de otra persona.

 

El responsable de injuria será sancionado con prisión de dos meses a un año.

 

Exclusión de prueba de veracidad

 

ARTÍCULO 162.- Al acusado de injuria no se le admitirá prueba sobre la verdad de la imputación.

 

Injurias provocadas o recíprocas

 

ARTÍCULO 163.- Cuando las injurias fueren provocadas o recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, eximir de responsabilidad penal a las dos partes o a alguna de ellas.

 

Difamación

 

ARTÍCULO 164.- Hay delito de difamación, cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria se hicieren en forma o por medios de divulgación que puedan provocar odio o descrédito, o que menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido, ante la sociedad.

 

Al responsable de difamación se le sancionará con prisión de dos a cinco años.

 

Publicación de ofensas

 

ARTÍCULO 165.- Quien a sabiendas reprodujere por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será sancionado como autor de las mismas de dos a cinco años.

 

Excepciones

 

ARTÍCULO 166.- No incurre en delito de calumnia, injuria o difamación, siempre que no haya obrado por interés o con ánimo de perjudicar:

 

1º. Quien manifestare técnicamente su parecer sobre alguna producción literaria, artística o científica.

 

2º. Quien, por razón de cometido, expresare su juicio sobre la capacidad, instrucción, aptitud o conducta de otra persona.

 

CAPÍTULO II

 

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES

 

Modos de comisión

 

ARTÍCULO 167.- Se comete el delito de calumnia, de injuria o de difamación, no sólo manifiestamente, sino también por alegorías, dibujos, caricaturas, fotografías, emblemas, alusiones o cualquier otro medio similar a los anteriores.

 

Cesación de procedimiento

 

ARTÍCULO 168.- Cesará la tramitación de proceso por calumnia, injurias o difamación:

 

1º. Si el acusado se retractare públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo y el ofendido aceptare la retractación.

 

2º. Si tratándose de calumnia o injuria encubiertas o equívocas, el acusado diere explicaciones satisfactorias antes de contestar la querella o en el momento de hacerlo.

 

Esta disposición no es aplicable cuando la imputación ha sido dirigida contra un funcionario público.

 

Régimen de la acción

 

ARTÍCULO 169.- Sólo pueden ser perseguidos por acusación de la parte agraviada, los delitos de calumnia, injuria o difamación, salvo cuando la ofensa se dirija contra funcionario, autoridad pública o instituciones del Estado.

 

Para este efecto, también se reputan autoridad los jefes de Estado o los representantes diplomáticos de naciones amigas o aliadas y las demás personas que, según las reglas del Derecho Internacional, deben comprenderse en esta disposición. En este caso, sólo podrá procederse a excitativa del Ministerio Público.

 

Autorización judicial

 

ARTÍCULO 170.- Nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria causadas en juicio, sin previa autorización del juez o tribunal que de él conociere.

 

Ofensa a la memoria de un difunto

 

ARTÍCULO 171.- Cuando se ofendiere la memoria de un difunto, la acción por calumnia, injuria o difamación corresponde al cónyuge, cualquiera de los ascendientes, descendientes, hermanos del difunto o al heredero del mismo.

 

Extinción de la pena

 

ARTÍCULO 172.- El perdón de la parte ofendida extingue la responsabilidad penal o la pena en los delitos de calumnia, injuria y difamación contra particulares.

 

 

TÍTULO III

 

DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA

SEGURIDAD SEXUALES Y CONTRA EL PUDOR

 

CAPÍTULO I

 

DE LA VIOLACIÓN

 

Violación

 

ARTÍCULO 173.- Comete delito de violación quien yaciere con mujer en cualquiera de los siguientes casos:

 

1º. Usando de violencia suficiente para conseguir su propósito.

 

2º. Aprovechando las circunstancias, provocadas o no por el agente, de encontrarse la mujer privada de razón o de sentido o incapacitada para resistir.

 

3º. En todo caso, si la mujer fuere menor de doce años.

 

En los casos prescritos la pena a imponer será de seis a doce años.

 

Agravación de la pena

 

ARTÍCULO 174.- La pena a imponer será de ocho a veinte años de prisión en los siguientes casos:

 

1º. Cuando concurrieren en la ejecución del delito dos o más personas.

 

2º. Cuando el autor fuere pariente de la víctima, dentro de los grados de ley, o encargado de su educación, custodia o guarda.

 

3º. Cuando, como consecuencia del delito, se produjere grave daño a la víctima.

 

 

 

ARTÍCULO 175.-  Violación calificada. Si con motivo o a consecuencia de la violación, resultare la muerte de la ofendida, se impondrá prisión de 30 a 50 años.

 

Se le impondrá pena de muerte, si la víctima no hubiere cumplido 10 años de edad.

 

 

CAPÍTULO II

 

DEL ESTUPRO

 

Estupro mediante inexperiencia o confianza

 

ARTÍCULO 176.- El acceso carnal con mujer honesta, mayor de doce años y menor de catorce, aprovechando su inexperiencia u obteniendo su confianza, se sancionará con prisión de uno a dos años.

 

Si la edad de la víctima estuviere comprendida entre los catorce y los diez y ocho años, la pena a imponerse será de seis meses a un año.

 

Estupro mediante engaño

 

ARTÍCULO 177.- El acceso carnal con mujer honesta, menor de edad, interviniendo engaño o mediante promesa falsa de matrimonio, se sancionará con prisión de uno a dos años, si la edad de la víctima estuviere comprendida entre los doce y los catorce años y con prisión de seis meses a un año si la víctima fuere mayor de catorce años.

 

Estupro agravado

 

ARTÍCULO 178.- Cuando el autor fuere pariente, dentro de los grados de ley, de la estuprada o encargado de su educación, custodia o guarda, las sanciones señaladas en los artículos anteriores se aumentarán en sus dos terceras partes.

 

CAPÍTULO III

 

DE LOS ABUSOS DESHONESTOS

 

 

ARTÍCULO 179.-  Abusos deshonestos violentos. Comete abuso deshonesto quien empleando los medios o valiéndose de las condiciones indicadas en los artículos 173, 174 y 175 de este Código, realiza en persona de su mismo o de diferente sexo, actos sexuales distintos al acceso carnal.

 

Los abusos deshonestos a que se refiere el presente artículo serán sancionados así:

 

1. Si concurren las circunstancias previstas en el artículo 173, con prisión de seis a doce años; 2. Si concurren las circunstancias prescritas en el artículo 174, con prisión de ocho a veinte años; 3. Si concurren las circunstancias previstas en el artículo 175, con prisión de veinte a treinta años.

 

Se impondrá la pena de cincuenta años si la víctima no hubiere cumplido diez años de edad y ésta falleciere.

 

ARTÍCULO 180.-  Abusos deshonestos agravados.  Los abusos deshonestos cometidos en persona de uno u otro sexo mayor de doce años y menor de diez y ocho, en las circunstancias a que se refieren los artículos 176 y 177 de este Código, serán sancionados, respectivamente: 1. Con prisión de dos a cuatro años; 2. Con prisión de uno a dos años. En los del artículo 178. 1. Con prisión de cuatro a seis años 2. con prisión de dos a cuatro años.

 

Si los abusos deshonestos fueren cometidos en persona menor de doce años y mayor de diez, las penas anteriores se aumentarán en una tercera parte, y en dos terceras partes, si la víctima fuere menor de diez años.

 

 

CAPÍTULO IV

 

DEL RAPTO

 

Rapto propio

 

ARTÍCULO 181.- Quien, con propósitos sexuales sustrajere o retuviere a una mujer, sin su voluntad o empleando violencia o engaño, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

 

Rapto impropio

 

ARTÍCULO 182.- Quien sustrajere o retuviere a mujer mayor de doce años y menor de diez y seis, con propósitos sexuales, de matrimonio o de concubinato, con su consentimiento, será sancionado con prisión de seis meses a un año.

 

Rapto específicamente agravado

 

ARTÍCULO 183.- En todo caso, la sanción será de cuatro a diez años de prisión en proporción a la edad de la raptada, si ésta fuere menor de doce años.

 

Desaparición o muerte de la raptada

 

ARTÍCULO 184.- En caso de desaparición de la raptada, si los raptores no probaren el paradero de la víctima o que su muerte o desaparición se debió a causas ajenas al rapto, serán sancionados con prisión de seis a doce años.

 

 Sin embargo, si la persona desaparecida fuere encontrada, por virtud de recurso de revisión, la pena se reducirá en la forma que corresponda.

 

Presunción

 

ARTÍCULO 185.- Todo rapto se presume ejecutado con propósitos sexuales, mientras no se pruebe lo contrario o lo revelaren, de modo evidente, las circunstancias del hecho.

 

Concurso

 

ARTÍCULO 186.- Si se hubiere realizado acceso carnal con la raptada, la sanción se establecerá de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 de este Código.

 

Ocultación o desaparición maliciosa de la raptada

 

ARTÍCULO 187.- La ocultación o desaparición maliciosa de la raptada hecha por ella misma, por un tercero o de común acuerdo ambos, será sancionada con prisión de uno a cinco años.

 

CAPÍTULO V

 

DE LA CORRUPCIÓN DE MENORES

 

 

Corrupción de menores de edad

 

ARTÍCULO 188.- Quien, en cualquier forma promoviere, facilitare o favoreciere la prostitución o la corrupción sexual de menor de edad, aunque la víctima consienta en participar en actos sexuales o en verlos ejecutar, será sancionado con prisión de dos a seis años.

 

Corrupción agravada

 

ARTÍCULO 189.- La pena señalada en el artículo anterior se aumentará en dos terceras partes, cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

 

1º. Si la ofendida fuere menor de doce años.

 

2º. Si el hecho fuere ejecutado con propósito de lucro o para satisfacer deseos de tercero.

 

3º. Cuando para su ejecución mediare engaño, violencia o abuso de autoridad.

 

4º. Si la corrupción se efectuare mediante actos sexuales perversos, prematuros o excesivos.

 

5º. Si el autor fuere ascendiente, hermano, tutor o encargado de la educación, guarda o custodia de la víctima.

 

6º. Cuando los hechos a que se refiere el artículo anterior, fueren realizados con habitualidad.

 

Inducción mediante promesa o pacto

 

ARTÍCULO 190.- Quien, mediante promesa o pacto aun con apariencia de lícitos, indujere o diere lugar a la prostitución o a la corrupción sexual de menor de edad, será sancionado con prisión de uno a tres años.

 

En la misma pena incurrirá quien, con cualquier motivo o pretexto, ayude o sostenga la continuación en la prostitución o en la corrupción sexual o la estancia de menor de edad, en las casas o lugares respectivos.

 

CAPÍTULO VI

 

DE LOS DELITOS CONTRA EL PUDOR

 

Proxenetismo

 

ARTÍCULO 191.- Quien, con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos, promoviere, facilitare o favoreciere la prostitución, sin distinción de sexo, será sancionado con multa de quinientos a dos mil quetzales.

 

Quien, en provecho propio, realice las actividades a que se refiere el párrafo anterior, será sancionado con multa de trescientos a un mil quetzales.

 

Proxenetismo agravado

 

ARTÍCULO 192.- Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán en una tercera parte, en los casos siguientes:

 

1º. Si la víctima fuere menor de edad.

 

2º. Si el autor fuere pariente, dentro de los grados de ley, tutor o encargado de la educación, custodia o guarda de la víctima.

 

3º. Cuando mediare violencia, engaño o abuso de autoridad.

 

Rufianería

 

ARTÍCULO 193.- Quien, sin estar comprendido en los artículos anteriores del presente capítulo, viviere, en todo o en parte, a expensas de persona o personas que ejerzan la prostitución o de las ganancias provenientes de ese comercio, será sancionado con multa de quinientos a tres mil quetzales.

 

Trata de personas

 

ARTÍCULO 194.- (Reformado por el artículo 1. del Decreto 14-2005 del Congreso de la República) Quien, en cualquier forma promueva, induzca, facilite, financie, colabore o participe en la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de una o más personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, al plagio o secuestro , o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, prostitución, pornografía o cualquier otra forma de explotación sexual; será sancionado con pena de seis a doce años de prisión.

 

En igual pena incurrirá quien, valiéndose de las circunstancias expresadas en el párrafo anterior, someta a otra persona a mendicidad, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, adopción irregular, esclavitud o prácticas análogas a ésta.

 

El consentimiento dado por la víctima de trata de personas o su representante legal cuando se trate de menor de edad, a toda forma de explotación descrita, no se tendrá en cuenta como atenuante.

 

La pena se aumentará en una tercera parte cuando la víctima fuere una persona menor de edad, persona con discapacidad o de la tercera edad.

 

Cuando la víctima sea menor de edad se cometerá este delito aunque no se recurra a cualquiera de los medios enunciados en el párrafo primero de este artículo.

 

Si en el hecho descrito la víctima resultare con lesiones, la pena se aumentará hasta en dos terceras partes; en caso de fallecimiento de la víctima se aplicará la pena que corresponda.

 

Exhibiciones obscenas

 

ARTÍCULO 195.- Quien, en sitio público o abierto o expuesto al público, ejecutare o hiciere ejecutar actos obscenos, será sancionado con multa de doscientos a dos mil quetzales.

 

Publicaciones y espectáculos obscenos

 

ARTÍCULO 196.-  (Declarado Inconstitucional por Sentencia de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 29 de mayo de 2003, dictada en el Expediente Número 1021-2002).

 

CAPÍTULO VII

 

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES

 

De la acción penal

 

ARTÍCULO 197.- Los delitos comprendidos en los capítulos I, II, III y IV anteriores, serán perseguibles, únicamente, mediante denuncia del agraviado, de sus padres, abuelos, hermanos, tutores o protutores o, en su caso, del Ministerio Público, aunque no formalicen acusación.

 

Sin embargo, serán perseguibles por acción pública:

 

1º. Si la persona agraviada careciere por su edad o por cualquier otra circunstancia, de capacidad para acusar, no tuviere representante legal o no estuviere bajo custodia o guarda.

 

2º. Si el delito fuere cometido por el padre, la madre, el tutor o la persona encargada por ley o de hecho, de la guarda o custodia del ofendido.

 

3º. En caso de violación o de abuso deshonesto violento, si la víctima fuere menor de quince años o se encontrare, en el momento del hecho, en situación de trastorno mental.

 

Penas accesorias

 

ARTÍCULO 198.- A los responsables de los delitos a que se refieren los artículos 173, 174, 175, 178, 179, 181, 183, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195 y 196 precedentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de este mismo Código, se les aplicarán las inhabilitaciones especiales contenidas en los incisos 2º, 3º y 4º del artículo 56 de este mismo cuerpo de ley.

 

Penas para los cómplices

 

ARTÍCULO 199.- Los ascendientes, tutores, protutores, albaceas, maestros o cualesquiera otras personas que, con abuso de autoridad o de confianza, cooperen como cómplices a la perpetración de los delitos de violación, estupro, abusos deshonestos, rapto, corrupción de menores o delitos contra el pudor, serán sancionados con las penas que corresponden a los autores.

 

Matrimonio de la ofendida con el ofensor

 

ARTÍCULO 200.- En los delitos comprendidos en los capítulos I, II, III y IV anteriores, la responsabilidad penal del sujeto activo o la pena, en su caso, quedarán extinguidas por el legítimo matrimonio de la víctima con el ofensor, siempre que aquélla fuere mayor de doce años y, en todo caso, con la previa aprobación del Ministerio Público.

 

 

TÍTULO IV

 

DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA

SEGURIDAD DE LA PERSONA

 

CAPÍTULO I

 

DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

INDIVIDUAL

 

 

ARTÍCULO 201.-  Plagio o secuestro.  A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual, se les aplicará la pena de muerte y cuando ésta no pueda ser impuesta, se aplicará prisión de veinticinco a cincuenta años. En este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante.

 

Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de veinte a cuarenta años de prisión.

 

A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa.

 

 

ARTÍCULO 201  BIS.- Comete el delito de tortura, quien por orden, con la autorización, el apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado, inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiere cometido, o que persiga intimidar a una persona o, por ese medio, a otras personas.

 

Igualmente cometen el delito de tortura los miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo.

 

El o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro.

 

No se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público.

 

El o los responsables del delito de tortura serán sancionados con prisión de veinticinco a treinta años.

 

 

ARTÍCULO 201 TER. Desaparición forzada Comete el delito de desaparición forzada quien, por orden, con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privare en cualquier forma de la libertad a una o más personas, por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público, pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para tales acciones.

 

Constituye delito de desaparición forzada, la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Igualmente, cometen delito de desaparición forzada, los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas.

 

El delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima.

 

El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de veinticinco a cuarenta años. Se impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, cuando con motivo u ocasión de la desaparición forzada, la víctima resultare con lesione s graves o gravísimas, trauma psíquico o psicológico permanente o falleciere”.

 

Sometimiento a servidumbre

 

ARTÍCULO 202.- Será reprimido con prisión de dos a diez años, quien redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y a quienes la mantuvieren en ella.

 

ARTÍCULO 202. bis. Discriminación. Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil, o en cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia, que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones, el ejercicio de un derecho legalmente establecido incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos.

 

Quien por acción u omisión incurriere en la conducta descrita en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de quinientos a tres mil quetzales.

 

La pena se agravará en una tercera parte:

 

a) Cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica.

 

b) Para quien de cualquier forma y por cualesquiera medio difunda, apoye o incite ideas discriminatorias.

 

c) Cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo.

 

d) Cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público.

 

Detenciones ilegales

 

ARTÍCULO 203.- La persona que encerrare o detuviere a otro, privándolo de su libertad, será sancionado con prisión de uno a tres años. Igual sanción se impondrá a quien proporcionare lugar para la ejecución de este delito.

 

Agravantes específicas

 

ARTÍCULO 204.- Las penas señaladas en los artículos anteriores se aumentarán en una tercera parte, si concurriere alguna de las circunstancias siguientes:

 

1º. Si el secuestro o plagio, encierro o detención, durare más de diez días.

 

2º. Si en la ejecución del delito mediare amenaza de muerte, trato cruel o infamante para la persona ofendida.

 

3º. Si el delito fuere cometido por más de dos personas.

 

4º. Si fuere debilitada o anulada la voluntad de la víctima, de propósito, por cualquier medio.

 

5º. Si en los casos comprendidos en los artículos 201 y 203 la acción se hubiere ejecutado con simulación de autoridad.

 

6º. Si la víctima, a consecuencia del hecho, resultare afectada mentalmente, temporal o en forma definitiva.

 

Aprehensión ilegal

 

ARTÍCULO 205.- El particular que, fuera de los casos permitidos por la ley, aprehendiere a una persona para presentarla a la autoridad, será sancionado con multa de cincuenta a doscientos quetzales.

 

 

 CAPÍTULO II

 

DEL ALLANAMIENTO DE MORADA

 

Allanamiento

 

ARTÍCULO 206.- El particular que, sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador clandestinamente o con engaño, entrare en morada ajena o en sus dependencias o permaneciere en ellas, será sancionado con prisión de tres meses a dos años.

 

Agravación específica

 

ARTÍCULO 207.- Si los hechos descritos en el artículo anterior se ejecutaren con simulación de autoridad, con armas, con violencia o por más de dos personas, la sanción será de dos a cuatro años de prisión.

 

Excepciones

 

ARTÍCULO 208.- Lo dispuesto en los artículos 206 y 434, no es aplicable al que entra en la morada ajena para evitar un mal grave asimismo, a los moradores o a un tercero.

 

Tampoco tiene aplicación respecto de los cafés, cantinas, tabernas, posadas, casas de hospedaje y demás establecimientos similares, mientras estuvieren abiertos al público.

 

No están comprendidos en esta excepción, las habitaciones privadas de los hoteles y demás establecimientos a que se refiere el párrafo anterior, que constituyan morada para quien las habita.

 

 

 CAPÍTULO III

 

DE LA SUSTRACCIÓN DE MENORES

 

Sustracción propia

 

ARTÍCULO 209.- Quien sustrajere a un menor de doce años de edad o a un incapaz del poder de sus padres, tutor o persona encargada del mismo y el que lo retuviere contra la voluntad de estos, será sancionado con prisión de uno a tres años.

 

La misma pena se aplicará si el menor tuviere más de doce años de edad y no mediare consentimiento de su parte.

 

La pena a imponer será de seis meses a dos años, si el menor de más de doce años de edad hubiere prestado consentimiento.

 

Sustracción impropia

 

ARTÍCULO 210.- Quien, hallándose encargado de la persona de un menor, no lo presentare a sus padres o guardadores, ni diere razón satisfactoria de su desaparición, será sancionado con prisión de uno a tres años.

 

Sustracción agravada

 

ARTÍCULO 211.- En caso de desaparición del sustraído, si los responsables no probaren el paradero de la víctima o que su muerte o desaparición se debió a causas ajenas a la sustracción, serán sancionados con prisión de seis a doce años. Sin embargo, si la persona sustraída fuere encontrada la pena se reducirá en la forma que corresponde, mediante recurso de revisión.

 

Inducción al abandono del hogar

 

ARTÍCULO 212.- Quien indujere a un menor de edad, pero mayor de diez años, a que abandone la casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

 

Entrega indebida de un menor

 

ARTÍCULO 213.- Quien, teniendo a su cargo la crianza o educación de un menor de edad lo entregare a un establecimiento público o a otra persona, sin la anuencia de quien se lo hubiere confiado, o de la autoridad en su defecto, será sancionado con multa de cien a quinientos quetzales.

 

CAPÍTULO IV

 

DE LAS COACCIONES Y AMENAZAS

 

ARTÍCULO 214 Coacción.- Quien, sin estar legítimamente autorizado, mediante procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma compela a otro, obligue a éste para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere que otra persona lo haga, sea justo o no, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

 

Si la coacción se cometiere contra funcionario judicial para que resuelva en determinado sentido o deje de resolver sobre un asunto de su conocimiento, la pena a aplicar será de dos a seis años de prisión.

 

 

 

ARTÍCULO 215.- Amenazas.- Quien amenazare a otro con causar al mismo o a sus parientes dentro de los grados de ley, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya o no delito, será sancionado con prisión de seis meses a tres años.

 

Si la amenaza se cometiere contra funcionario judicial por razón del ejercicio de su cargo, se sancionará con prisión de dos a seis años.

 

Coacción contra la libertad política

 

ARTÍCULO 216.- Quien, fuera de los casos previstos en las leyes especiales respectivas, por medio de violencias o amenazas impidiere o coartare el ejercicio de cualquier derecho político, será sancionado con prisión de seis meses a tres años.

 

 

CAPÍTULO V

 

DE LA VIOLACIÓN Y REVELACIÓN DE SECRETOS

 

Violación de correspondencia y papeles privados

 

ARTÍCULO 217.- Quien, de propósito o para descubrir los secretos de otro, abriere correspondencia, pliego cerrado o despachos telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le estén dirigidos o quien, sin abrirlos, se impusiere de su contenido, será sancionado con multa de cien a un mil quetzales.

 

Sustracción, desvío o supresión de correspondencia

 

ARTÍCULO 218.- Quien, indebidamente, se apoderare de correspondencia, pliego o despachos, a que se refiere el artículo anterior o de otro papel privado, aunque no estén cerrados o quien los suprimiere o desviare de su destino, será sancionado con multa de cien a un mil quetzales.

 

Intercepción o reproducción de comunicaciones

 

ARTÍCULO 219.- Quien, valiéndose de medios fraudulentos interceptare, copiare o grabare comunicaciones televisadas, radiales, telegráficas, telefónicas u otras semejantes o de igual naturaleza, o las impida o interrumpa, será sancionado con multa de cien a un mil quetzales.

 

Agravación específica

 

ARTÍCULO 220.- Las sanciones señaladas para los hechos delictuosos definidos en los tres artículos que preceden, serán de prisión de seis meses a tres años, en los siguientes casos:

 

1º. Si el autor se aprovechare de su calidad de funcionario o empleado de la dependencia, empresa o entidad respectivas.

 

2º. Si se tratare de asuntos oficiales.

 

3º. Si la información obtenida, el autor la hiciere pública, por cualquier medio.

 

Excepciones

 

ARTÍCULO 221.- Lo preceptuado en los artículos 217, 218 y 219 de este capítulo, no es aplicable a los padres respecto a sus hijos menores de edad, ni a los tutores o protutores respecto a las personas que tengan bajo su custodia o guarda.

 

Publicidad indebida

 

ARTÍCULO 222.- Quien, hallándose legítimamente en posesión de correspondencia, de papeles o de grabaciones, fotografías no destinadas a la publicidad, los hiciere públicos, sin la debida autorización, aunque le hubieren sido dirigidos, cuando el hecho cause o pudiere causar perjuicio, será sancionado con multa de doscientos a dos mil quetzales.

 

Revelación de secreto profesional

 

ARTÍCULO 223.- Quien, sin justa causa, revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que con ello ocasionare o pudiere ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión de seis meses a dos años o multa de cien a un mil quetzales.

 

 

CAPÍTULO VI

 

DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE

CULTOS Y EL SENTIMIENTO RELIGIOSO

 

Turbación de actos de culto

 

ARTÍCULO 224.- Quien interrumpa la celebración de una ceremonia religiosa o ejecute actos en menosprecio o con ofensa del culto o de los objetos destinados al mismo, será sancionado con prisión de un mes a un año.

 

Profanación de sepulturas

 

ARTÍCULO 225.- Quien violare o vilipendiare sepultura, sepulcro o urna funeraria, o en cualquier otra forma profanare el cadáver de un ser humano o sus restos, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

 

 

CAPÍTULO VII

 

 DE LOS DELITOS DE INSEMINACIÓN

 

ARTÍCULO 225  "A". Inseminación forzosa.  Será sancionado con prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial hasta diez años el que, sin consentimiento de la mujer procurare su embarazo utilizando técnicas médicas o químicas de inseminación artificial.

 

 Si resultare el embarazo, se aplicará prisión de dos a seis años e inhabilitación especial hasta quince años.

 

 Si la mujer sufriere lesiones gravísimas o la muerte, se aplicará prisión de tres a diez años e inhabilitación especial de diez a veinte años.

 

ARTÍCULO 225  "B". Inseminación fraudulenta Se impondrá prisión de uno a tres años e inhabilitación especial hasta diez años al que alterare fraudulentamente las condiciones pactadas para realizar una inseminación artificial o lograre el consentimiento mediante engaño o promesas falsas.

 

ARTÍCULO 225  "C". Experimentación. Se impondrá de uno a tres años de prisión e inhabilitación especial hasta diez años al que, aún con el consentimiento de la mujer, realizare en ella experimentos destinados a provocar su embarazo.

 

 No se consideran experimentos los diversos intentos para procurar el embarazo, que se realicen conforme a una técnica ya experimentada y aprobada.

 

 

TÍTULO V

DE LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN JURÍDICO

 

FAMILIAR Y CONTRA EL ESTADO CIVIL

 

CAPÍTULO I

 

 DE LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS

ILEGALES

 

Matrimonio ilegal

 

ARTÍCULO 226.- Quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, será sancionado con prisión de uno a tres años.

 

Igual sanción se impondrá a quien, siendo soltero, contrajere matrimonio, a sabiendas, con persona casada.

 

Ocultación de impedimento

 

ARTÍCULO 227.- Quienes contrajeren matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta, serán sancionados con prisión de dos a cinco años.

 

Igual sanción se aplicará a quien contrajere matrimonio, sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta y ocultare esta circunstancia al otro contrayente.

 

Simulación

 

ARTÍCULO 228.- Quien, engañando a una persona, simulare matrimonio con ella, será sancionado con prisión de uno a cuatro años.

 

Con igual pena serán sancionados quienes, con ánimo de lucro, otro propósito ilícito o con daño a tercero, contrajeren matrimonio, exclusivamente para cualquiera de esos efectos, sin perjuicio de las otras responsabilidades que pudieran derivarse de su acción.

 

Inobservancia de plazos

 

ARTÍCULO 229.- La viuda que contrajere matrimonio antes de transcurrido el plazo señalado en el Código Civil para que pueda contraer nuevas nupcias, será sancionada con multa de cien a quinientos quetzales.

 

Igual sanción se aplicará a la mujer cuyo matrimonio hubiere sido disuelto por divorcio o declarado nulo, si contrajere nuevas nupcias antes de que haya transcurrido el plazo señalado por el Código Civil.

 

Celebración ilegal

 

ARTÍCULO 230.- Quien, sin estar legalmente autorizado, celebrare un matrimonio, civil o religioso, será sancionado con multa de doscientos a dos mil quetzales, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a otros delitos en que pudo incurrir.

 

Responsabilidad de representantes

 

ARTÍCULO 231.- El tutor o protutor que antes de la aprobación legal de sus cuentas, contrajere matrimonio o prestare su consentimiento para que lo contraigan sus hijos o descendientes con la persona que tuviere o hubiere tenido bajo su tutela, a no ser que el padre de ésta lo haya autorizado, será sancionado con multa de doscientos a dos mil quetzales.

 

CAPÍTULO II

 

DEL ADULTERIO Y CONCUBINATO

 

Adulterio

 

ARTÍCULO 232.-  Declarado Inconstitucional por sentencia de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 7 de marzo de 1996, dictada en el Expediente 936-95.

 

Régimen de la acción

 

ARTÍCULO 233.- Declarado Inconstitucional por sentencia de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 7 de marzo de 1996, dictada en el Expediente 936-95.

 

Perdón

 

ARTÍCULO 234.- Declarado Inconstitucional por sentencia de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 7 de marzo de 1996, dictada en el Expediente 936-95.

 

Concubinato

 

ARTÍCULO 235.- Declarado Inconstitucional por sentencia de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 7 de marzo de 1996, dictada en el Expediente 936-95.

 

CAPÍTULO III

 

DEL INCESTO

 

Incesto propio

 

ARTÍCULO 236.- Comete incesto, quien yaciere con su ascendiente, descendiente o hermano.

 

El incesto será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

 

Incesto agravado

 

ARTÍCULO 237.- Quien cometiere incesto con un descendiente menor de edad, será sancionado con prisión de tres a seis años.

 

CAPÍTULO IV

 

DE LOS DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL

 

Suposición de parto

 

ARTÍCULO 238.- La mujer que fingiere parto o embarazo para obtener para sí o para el supuesto hijo, derechos que no le correspondan, será sancionada con prisión de uno a tres años.

 

En igual pena incurrirá quien inscribiere o hiciere inscribir en el Registro Civil un nacimiento inexistente.

 

El médico, la obstetra o comadrona, que coopere a la ejecución de este delito, será sancionado con multa de doscientos a dos mil quetzales.

 

Sustitución de un niño por otro

 

ARTÍCULO 239.- Quien, mediante sustitución de un recién nacido por otro, altere los derechos o el estado civil del mismo, será sancionado con prisión de uno a cinco años.

 

Supresión y alteración de estado civil

 

ARTÍCULO 240.- Será sancionado con prisión de uno a ocho años:

 

1º. Quien, falsamente denunciare e hiciere inscribir en el Registro Civil, cualquier hecho que altere el estado civil de una persona, o que, a sabiendas, se aprovechare de la inscripción falsa.

 

2º. Quien, ocultare o expusiere un hijo con el  propósito de hacerlo perder sus derechos o su estado civil.

 

Usurpación de estado civil

 

ARTÍCULO 241.- Quien, usurpare el estado civil de otro, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

 

 

CAPÍTULO V

 

DEL INCUMPLIMIENTO DE DEBERES

 

Negación de asistencia económica

 

ARTÍCULO 242.- Quien, estando obligado legalmente a prestar alimentos, en virtud de sentencia firme o de convenio que conste en documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal obligación después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión de seis meses a dos años, salvo que probare no tener posibilidades económicas para el cumplimiento de su obligación.

 

El autor no quedará eximido de responsabilidad penal, por el hecho de que otra persona los hubiere prestado.

 

Incumplimiento agravado

 

ARTÍCULO 243.- La sanción señalada en el artículo anterior, se aumentará en una tercera parte, cuando el autor, para eludir el cumplimiento de la obligación, traspasare sus bienes a tercera persona o empleare cualquier otro medio fraudulento.

 

Incumplimiento de deberes de asistencia

 

ARTÍCULO 244.- Quien, estando legalmente obligado incumpliere o descuidare los derechos de cuidado y educación con respecto a descendientes o a personas que tenga bajo su custodia o guarda, de manera que éstos se encuentren en situación de abandono material y moral, será sancionado con prisión de dos meses a un año.

 

Eximente por cumplimiento

 

ARTÍCULO 245.- En los casos previstos en los tres artículos anteriores, quedará exento de sanción, quien pagare los alimentos debidos y garantizare suficientemente, conforme a la ley, el ulterior cumplimiento de sus obligaciones.

 

 

TÍTULO VI

 

DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

 

CAPÍTULO I

 

DEL HURTO

 

ARTÍCULO 246.- HURTO. Quien tomare, sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años.

 

 

Hurto agravado

 

ARTÍCULO 247.- Es hurto agravado:

 

1º. El cometido por doméstico o interviniendo grave abuso de confianza.

 

2º. Cuando fuere cometido aprovechándose de calamidad pública o privada, o de peligro común.

 

3º. Cuando se cometiere en el interior de casa, habitación o morada o para ejecutarlo el agente se quedare subrepticiamente en edificio o lugar destinado a habitación. Esta circunstancia agravante no se aplicará cuando el hurto concursare con el de allanamiento de morada.

 

4º. Cuando se cometiere usando ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, o llave verdadera, que hubiese sido sustraída, hallada o retenida.

 

5º. Cuando participaren en su comisión dos o más personas; una o varias fingiéndose autoridad o jefes o empleados de un servicio público.

 

6º. Cuando el hurto fuere de objetos o dinero de viajeros y se realizare en cualquier clase de vehículos o en estaciones, muelles, hoteles, pensiones o casas de huéspedes.

 

7º. Cuando fuere de cosas religiosas o militares, de valor científico, artístico o histórico o destinadas al uso u ornato públicos.

 

8º. Si el hurto fuere de armas de fuego.

 

9º. Si el hurto fuere de ganado.

 

10. Cuando los bienes hurtados fueren productos separados del suelo, máquinas, accesorios o instrumentos de trabajo dejados en el campo, o de alambre u otros elementos de los cercos.

 

11. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. Si los vehículos hurtados fueren llevados y aceptados en predios, talleres, estacionamientos o lugares de venta de repuestos, con destino a su venta, realización o desarme, serán solidariamente responsables con los autores del hurto, los propietarios de los negocios antes mencionados, sus gerentes, administradores o representante legales, quienes en todo caso, están obligados a verificar la legítima procedencia de los vehículos recibidos para su comercialización.

 

 Al responsable de hurto agravado se le sancionará con prisión de 2 a 10 años.

 

 

Hurto de uso

 

ARTÍCULO 248.- Quien, sin la debida autorización, tomare una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con el solo propósito de usarla y efectuare su restitución en circunstancias que claramente lo indiquen o se dedujere de la naturaleza del hecho, dejare la cosa en condiciones y lugar que permitan su fácil y pronta recuperación, será sancionado con multa de doscientos a tres mil quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades resultantes de los daños causados a la cosa.

 

Cuando el hurto de uso se cometiere para efectuar plagio o secuestro o con fines o propósitos subversivos, se impondrá al responsable prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de las sanciones que correspondan al otro delito.

 

Hurto de fluidos

 

ARTÍCULO 249.- Quien, ilícitamente, sustrajere energía eléctrica, agua, gas, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno, será sancionado con multa de doscientos a tres mil quetzales.

 

Hurto impropio

 

ARTÍCULO 250.- El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, será sancionado con multa de cien a dos mil quetzales.

 

CAPÍTULO II

 

DEL ROBO

 

ARTÍCULO 251 Robo.-  Quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa, mueble total o parcialmente ajena será sancionado con prisión de 3 a 12 años.

 

Robo agravado

 

ARTÍCULO 252.-  Es robo agravado:

 

 1º. Cuando se cometiere en despoblado o en cuadrilla.

 

2º. Cuando se empleare violencia, en cualquier forma, para entrar al lugar del hecho.

 

3º. Si los delincuentes llevaren armas o narcóticos, aun cuando no  hicieren uso de ellos.

 

4º. Si lo efectuaren con simulación de autoridad o usando disfraz.

 

5º. Si se cometiere contra oficina bancaria, recaudatoria, industrial, comercial o mercantil u otra en que se conserven caudales o cuando la violencia se ejerciere sobre sus custodios.

 

6º. Cuando el delito se cometiere asaltando ferrocarril, buque, nave, aeronave, automóvil u otro vehículo.

 

7º. Cuando concurrieren alguna de las circunstancias contenidas en  los incisos 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 y 11 del artículo 247 de este  Código.

 

 El responsable de robo agravado será sancionado con prisión de 6 a 15 años.

 

Robo de uso

 

ARTÍCULO 253.- Cuando el hecho a que se refiere el artículo 248 de este Código se cometiere con violencia, será calificado como robo de uso y sancionado con prisión de seis meses a dos años.

 

Cuando concurrieren las circunstancias a que se refiere el párrafo último del artículo citado, la pena a imponer será de tres a ocho años de prisión.

 

Robo de fluidos

 

ARTÍCULO 254.- Cuando los hechos a que se refiere el artículo 249 de este Código, se cometieren con violencia, serán calificados como robo y sancionados con prisión de seis meses a dos años.

 

Robo impropio

 

ARTÍCULO 255.- Cuando el hecho a que se refiere el artículo 250 de este Código, se cometiere con violencia, será calificado como robo impropio y sancionado con prisión de seis meses a dos años.

 

ARTÍCULO 255 bis.  DE LOS HECHOS SACRÍLEGOS. Cuando los hechos a que se refieren los artículos anteriores relativos al Hurto y Robo, el objeto materia del delito sea destinado al culto, sea cosa sagrada o no, tales como Santísimo Sacramento, Santos Oleos, Santas Imágenes, en bulto o en pintura, vasos sagrados, cálices, copones, patenas, custodias, corporales, purificadores, ornamentos, vestiduras sagradas, pilas bautismales, confesionarios, púlpitos, coronas, resplandores, anillos, cadenas, pulseras, crucifijos, floreros, candeleros; Cruz Alta, ciriales, incensarios, alcancías, biblias o cualquier otro objeto similar de alto contenido religioso, profano o histórico, independientemente de que se cometan o no en el lugar destinado al culto, la pena a imponer será, para el caso de hurto la de doce años (12) de prisión correccional inconmutables, y para el de robo la de veinte años (20) de prisión correccional inconmutables. En ambos casos se impondrá una multa de no menos del doble del valor de dichos objetos.

 

 A las personas que a sabiendas adquieran, enajenen, exporten, trafiquen o alteren en cualquier forma dichos objetos, o similares, la pena a imponer será de diez años (10) de prisión correccional inconmutables, y multa del doble del valor de los objetos materia del delito. Se exceptúan sus legítimos propietarios y tenedores, y las personas legalmente autorizadas.

 

 Será obligación del Estado velar por el inmediato aseguramiento de tales objetos, así como la pronta entrega a sus propietarios, y/o legítimos tenedores.

 

CAPÍTULO III

 

DE LAS USURPACIONES

 

ARTÍCULO 256.- Usurpación. Comete delito de usurpación quien, con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos, despojare o pretendiere despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo, o quien, ilícitamente, con cualquier propósito, invada u ocupe un bien inmueble.

 

La permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito. La Policía, el Ministerio Público o el Juez, están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose según corresponda, al inmediato desalojo.

 

 El responsable de usurpación será sancionado con prisión de uno a tres años.

 

 

ARTÍCULO 257. Usurpación agravada.- La pena será de dos a seis años de prisión, cuando en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo anterior, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

 

a) Que el hecho se lleve a cabo por más de cinco personas;

 

b) Cuando el o los usurpadores se mantengan en el inmueble por más de tres días;

 

c) Cuando a los poseedores o propietarios del inmueble, sus trabajadores, empleados o dependientes, se les vede el acceso al inmueble o fuesen expulsados del mismo por los usurpadores o tuvieren que abandonarlo por cualquier tipo de intimidación que estos ejercieren en su contra;

 

d) Cuando el hecho se lleve a cabo mediante hostigamiento, desorden, violencia, engaño, abuso de confianza, clandestinidad o intimidación;

 

e) Cuando se cause cualquier tipo de daño o perjuicio al inmueble, sus cultivos, instalaciones, caminos de acceso o recursos naturales

 

Las penas señaladas en este artículo o en el anterior, según el caso, se aplicarán también a quienes instiguen, propongan, fuercen o induzcan a otros a cometer este delito o cooperen en su planificación, preparación o ejecución.

 

ARTÍCULO 258. Alteración de linderos. Quien, con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito, de todo o parte de un inmueble, alterare los términos y linderos de los pueblos o heredades o cualquier clase de señales destinadas a fijar los límites de predios contiguos, será sancionado con prisión de uno a dos años, si el hecho se efectuare con violencia, y con prisión de seis meses a un año, si no mediare violencia.

 

ARTÍCULO 259. Perturbación de la posesión. Quien, sin estar comprendido en los tres artículos anteriores perturbare con violencia la posesión o tenencia de un inmueble, será sancionado con prisión de uno a tres años.

 

ARTÍCULO 260.  Usurpación de aguas.  Quien, con fines de apoderamiento, de aprovechamiento ilícito o de perjudicar a otro, represare, desviare o detuviere las aguas, destruyere, total o parcialmente, represas, canales, acequias o cualquier otro medio de retención o conducción de las mismas o, de cualquier otra manera estorbare o impidiere los derechos de un tercero sobre dichas aguas, será sancionado con prisión de uno a tres años y una multa de mil a cinco mil quetzales.

 

CAPÍTULO IV

 

DE LA EXTORSIÓN Y DEL CHANTAJE

 

Extorsión

 

ARTÍCULO 261.- Quien, para procurar un lucro injusto o para defraudarlo obligare a otro, con violencia, a firmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación o a condonarla o a renunciar a algún derecho, será sancionado con prisión de uno a seis años.

 

Chantaje

 

ARTÍCULO 262.- Comete delito de chantaje quien exigiere a otro, dinero, recompensa o efectos, bajo amenaza directa o encubierta de imputaciones contra su honor o prestigio, o de violación o divulgación de secretos, en perjuicio del mismo, de su familia o de la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés.

 

El responsable de este delito será sancionado con prisión de tres a ocho años.

 

 

CAPÍTULO V

 

DE LA ESTAFA

 

Estafa propia

 

ARTÍCULO 263.- Comete estafa quien, induciendo a error a otro, mediante ardid o engaño, lo defraudare en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno.

 

El responsable de este delito será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años y multa de doscientos a diez mil quetzales.

 

Casos especiales de estafa

 

ARTÍCULO 264.- Incurrirá en las sanciones señaladas en el artículo anterior:

 

1º. Quien defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia, relaciones o cualidades supuestas, aparentando bienes, comisión, empresa o negociaciones imaginarias.

 

2º. El platero o joyero que alterare en su calidad, ley o peso, los objetos relativos a su arte o comercio, o traficare con ellos.

 

3º. Los traficantes que defraudaren, usando pesas o medidas falsas, en el despacho de los objetos de su tráfico.

 

4º. Quien defraudare a otro con supuesta remuneración, a funcionarios, autoridades, agentes de ésta o empleados públicos, o como recompensa de su mediación para obtener una resolución favorable en un asunto que de los mismos dependa, sin perjuicio de las acciones de calumnia que a éstos corresponda.

 

5º. Quien cometiere alguna defraudación, abusando de firma de otro en blanco o extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo o de un tercero.

 

6º. Quien defraudare a otro haciéndole suscribir, con engaño, algún documento.

 

7º. Quien se valiere de fraude para asegurar la suerte en juegos de azar.

 

8º. Quien cometiere defraudación sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, documento u otro escrito.

 

9º. Quien, fingiéndose dueño de una cosa inmueble, la enajenare, gravare o dispusiere de ella, en cualquier otra forma.

 

10. Quien dispusiere de un bien como libre, sabiendo que estaba gravado o sujeto a otra clase de limitaciones y quien, con su enajenación o gravamen, impidiere, con ánimo de lucro, el ejercicio de tales derechos.

 

11. Quien enajena separadamente una cosa a dos o más personas, con perjuicio de cualquiera de ellas o de tercero.

 

12. Quien otorgare, en perjuicio de otro, un contrato simulado.

 

13. Quien, a sabiendas, adquiere o recibiere, en cualquier forma, bienes de quien no fuere su dueño o no tuviere derecho para disponer de ellos.

 

14. Quien, con perjuicio de otro, ejerciere un derecho de cualquier naturaleza a sabiendas de que ha sido privado del mismo por resolución judicial firme.

 

15. Quien destruyere o deteriorare, total o parcialmente, bienes que le pertenezcan, afectos a derechos de un tercero, con el propósito de defraudar a éste.

 

16. Quien comprare a plazos un bien y lo enajenare posteriormente o dispusiere de él, en cualquier otra forma, sin haber pagado la totalidad del precio.

 

17. Quien negare su firma en cualquier documento de obligación o descargo.

 

18. Quien, con datos falsos u ocultando antecedentes que le son conocidos, celebrare, dolosamente, contratos basados en dichos datos o antecedentes.

 

19. Quien, sin autorización o haciendo uso indebido de ésta, mediante colectas o recaudaciones, defraudare a otros.

 

Si la recaudación o colecta se hace sin autorización y sin propósito

de defraudar, o estando autorizada no se cumple con los requisitos legales correspondientes, la sanción será de multa de veinte a doscientos quetzales.

 

20. Quien cobrare sueldos no devengados, servicios o suministros no efectuados.

 

21. Quien defraudare valiéndose de la inexperiencia, falta de discernimiento o pasiones de un menor o incapacitado.

 

22. El deudor que dispusiere, en cualquier forma, de los frutos gravados con prenda para garantizar créditos destinados a la producción.

 

23. Quien defraudare o perjudicare a otro, usando de cualquier ardid o engaño, que no se haya expresado en los incisos anteriores.

 

Estafa mediante destrucción de cosa propia

 

ARTÍCULO 265.- Quien, para obtener el pago de un seguro o algún provecho indebido en perjuicio de otro, destruyere, deteriorare u ocultare, total o parcialmente, un bien propio, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de cien a cinco mil quetzales.

 

Estafa mediante lesión

 

ARTÍCULO 266.- A quien, con el mismo propósito señalado en el artículo anterior, se causare o se hiciere causar por tercero, lesión corporal o se agravare la causada por accidente, se le impondrán las mismas sanciones del referido artículo.

 

Estafa en la entrega de bienes

 

ARTÍCULO 267.- Quien defraudare en la substancia, calidad o cantidad de los bienes que entregue a otro, en virtud de contrato de cualquier otro título obligatorio, será sancionado con prisión de seis meses a cinco años y multa de cien a cinco mil quetzales.

 

Estafa mediante cheque

 

ARTÍCULO 268.- Quien defraudare a otro dándole en pago un cheque sin provisión de fondos o disponiendo de ellos, antes de que expire el plazo para su presentación, será sancionado con prisión de seis meses a cinco años y multa de cien a cinco mil quetzales.

 

Igual sanción se aplicará a quien endosare un cheque con conocimiento de la falta de fondos del librador.

 

Defraudación en consumos

 

ARTÍCULO 269.- Quien de propósito defraudare a otro consumiendo bebida o alimento, o utilizando o haciéndose prestar algún servicio de los de pago inmediato, será sancionado con multa de veinte a quinientos quetzales.

 

Estafa de fluidos

 

ARTÍCULO 270.- Quien aproveche indebidamente, energía eléctrica o cualquier otro fluido que le esté siendo suministrado, o alterare los medidores o contadores destinados a marcar el consumo o las indicaciones o datos registrados por esos aparatos, será sancionado con multa de diez a dos mil quetzales.

 

Quien defraudare al consumidor, alterando por cualquier medio los medidores o contadores de energía eléctrica o de otro fluido, o las indicaciones registradas por esos aparatos, será sancionado con multa de quinientos a cinco mil quetzales.

 

ARTÍCULO 271. Estafa mediante informaciones contables. Comete el delito de estafa mediante informaciones contables, el auditor, perito contador, experto, director, gerente, ejecutivo, representante, intendente, liquidador, administrador, funcionario o empleado de entidades mercantiles, bancarias, sociedades o cooperativas, que en sus dictámenes o comunicaciones al público, firmen o certifiquen informes, memorias o proposiciones, inventarios, integraciones, estados contables o financieros, y consignen datos contrarios a la verdad o a la realidad o fueren simulados con el ánimo de defraudar al público o al Estado.

 

Los responsables, serán sancionados con prisión inconmutable de uno a seis años y multa de cinco mil a diez mil quetzales.

 

De la misma forma serán sancionados quienes realicen estos actos con el fin de atraer inversiones o aparentar una situación económica o financiera que no se tiene.

 

Si los responsables fueren auditores o peritos contadores, además de la sanción antes señalada, quedarán inhabilitados por el plazo que dure la condena y si fueren reincidentes quedarán inhabilitados de por vida.

 

 

CAPÍTULO VI

 

DE LAS APROPIACIONES INDEBIDAS

 

Apropiación y retención indebidas

 

ARTÍCULO 272.- Quien, en perjuicio de otro, se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otro bien mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por cualquier otra causa que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años y multa de cien a tres mil quetzales.

 

Apropiación irregular

 

ARTÍCULO 273.- Comete el delito de apropiación irregular, quien:

 

1º. Tomare dinero u otro bien mueble que encontrare perdido y no le pertenezca.

 

2º. Habiendo encontrado un tesoro lo tomare en todo o en parte, o tomare la cuota que, según la ley, corresponda al dueño del inmueble.

 

3º. Tomare cosa ajena que haya llegado a su poder por error o caso fortuito.

 

Los responsables serán sancionados con prisión de dos meses a dos años y multa de cincuenta a dos mil quetzales.

 

CAPÍTULO VII

 

 DE LOS DELITOS CONTRA EL DERECHO

DE AUTOR, LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DELITOS INFORMÁTICOS

 

Violación a derechos de autor y derechos conexos

 

ARTÍCULO 274.- Salvo los casos de excepción contemplados expresamente en las leyes o tratados sobre la materia de los que Guatemala sea parte, será sancionado con prisión de uno a cuatro años y multa de un mil a quinientos mil quetzales, quien realizare cualquiera de los actos siguientes:

 

a) La atribución falsa de la calidad de autor y/o titular de un derecho de autor, o de artista, intérprete o ejecutante, de productor de fonograma o de un organismo de radiodifusión;

 

b) La deformación, mutilación, modificación o cualquier atentado que cause perjuicio a la integridad de la obra o al honor y reputación del autor;

 

c) La reproducción de cualquier obra, de una interpretación o ejecución, de un fonograma o de una emisión, sin la autorización del autor o titular del derecho correspondiente;

 

d) La adaptación, arreglo o transformación de una obra protegida o de parte de ella, sin autorización del autor o del titular del derecho;

 

e) La comunicación al público por cualquier medio o procedimiento de una obra protegida o de un fonograma, sin la autorización del titular del derecho correspondiente;

 

f) La distribución de reproducciones no autorizadas, totales o parciales, de una obra protegida o de un fonograma, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento, el alquiler, el arrendamiento con opción a compra, el préstamo o en cualquier otra forma;

 

g) La fijación, reproducción o comunicación al público, por cualquier medio o procedimiento de una interpretación o ejecución artística, sin la autorización del artista intérprete o ejecutante o del titular del derecho;

 

h) La fijación, reproducción o retransmisión de una emisión, transmitida por satélite, radiodifusión o por hilo, cable, fibra óptica o cualquier otro procedimiento, sin autorización del titular;

 

i) La comunicación al público de una emisión o transmisión efectuada en un lugar al que el público pueda acceder mediante el pago de un derecho de admisión, o bien, para efectos de consumir o adquirir productos o servicios, sin la autorización del titular del derecho correspondiente;

 

j) La publicación de una obra protegida con el título cambiado o suprimido, con o sin alteración de la misma;

 

k) La decodificación de señales transmitidas por satélite o cualquier otro medio de telecomunicación, portadoras de programas de cualquier tipo, sin la autorización del distribuidor legítimo;

 

l) La realización de cualquier acto que eluda o pretenda eludir una medida tecnológica implementada por el autor o el titular del respectivo derecho o del titular de un derecho conexo, para evitar la utilización no autorizada de todo tipo de obra, de un fonograma, de una interpretación o ejecución artística o de una emisión protegidas;

 

m) La realización de cualquier acto que induzca, permita, facilite u oculte una infracción a cualesquiera de los derechos exclusivos correspondientes a los autores, a los titulares de un derecho de autor, a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los organismos de radiodifusión;

 

n) La supresión o alteración no autorizadas de cualquier información electrónica sobre la gestión colectiva de los derechos de autor o derechos conexos;

 

o) La distribución, comercialización, promoción, importación, emisión o comunicación al público sin autorización de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, producciones fonográficas o emisiones, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión colectiva de cualesquiera de esos derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización;

 

p) El transporte, almacenamiento u ocultamiento de reproducciones o ejemplares, en cualquier tipo de soporte material, de obras protegidas, de fonogramas, de interpretaciones o ejecuciones artísticas o de emisiones, fabricadas sin el consentimiento del autor o el titular del derecho correspondiente;

 

q) La recaudación de beneficios económicos por la utilización de obras, de interpretaciones artísticas o ejecuciones, de fonogramas o de emisiones de organismos de radiodifusión protegidos, o la realización de cualesquiera otras actividades propias de una sociedad de gestión colectiva, sin estar facultado para tales efectos;

 

r) La divulgación de una obra inédita sin el consentimiento del autor o del titular del respectivo derecho;

 

s) La traducción, total o parcial, de una obra sin la autorización del autor o titular del derecho correspondiente;

 

t) La distribución no autorizada del original o reproducciones legítimas de una obra protegida o de un fonograma, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento, el alquiler, el arrendamiento con opción a compra, el préstamo o en cualquier otra forma; y

 

u) La importación o exportación del original o de reproducciones de toda obra protegida, con fines de explotación comercial, en cualquier tipo de soporte o de fonogramas, sin la autorización del titular del derecho respectivo.

 

La determinación de los supuestos contenidos en esta norma se hará con base en las disposiciones aplicables de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

 

 

ARTÍCULO 274 "A". Destrucción de registros informáticos. Será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años, y multa de doscientos a dos mil quetzales, el que destruyere, borrare o de cualquier modo inutilizarse registros informáticos.

 

 La pena se elevará en un tercio cuando se trate de información necesaria para la prestación de un servicio público o se trate de un registro oficial.

 

ARTÍCULO 274 "B". Alteración de programas. La misma pena del artículo anterior se aplicará al que alterare, borrare o de cualquier modo inutilizare las instrucciones o programas que utilizan las computadoras.

 

 

ARTÍCULO 274 "C". Reproducción de instrucciones o programas de computación Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y multa de quinientos a dos mil quinientos quetzales al que, sin autorización del autor, copiare o de cualquier modo reprodujere las instrucciones o programas de computación.

 

ARTÍCULO 274  "D". Registros prohibidos. Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y multa de doscientos a mil quetzales, al que creare un banco de datos o un registro informático con datos que puedan afectar la intimidad de las personas.

 

ARTÍCULO 274 "E". Manipulación de información.  Se impondrá prisión de uno a cinco años y multa de quinientos a tres mil quetzales, al que utilizare registros informáticos o programas de computación para ocultar, alterar o distorsionar información requerida para una actividad comercial, para el cumplimiento de una obligación respecto al Estado o para ocultar, falsear o alterar los estados contables o la situación patrimonial de una persona física o jurídica.

 

ARTÍCULO 274  "F". Uso de información. Se impondrá prisión de seis meses a dos años, y multa de doscientos a mil quetzales al que, sin autorización, utilizare los registros informáticos de otro, o ingresare, por cualquier medio, a su banco de datos o archivos electrónicos.

 

ARTÍCULO 274 "G". Programas destructivos. Será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años, y multa de doscientos a mil quetzales, al que distribuyere o pusiere en circulación programas o instrucciones destructivas, que puedan causar perjuicio a los registros, programas o equipos de computación.

 

ARTÍCULO 275.- Violación a los derechos de propiedad industrial.  Sin perjuicio de las responsabilidades civiles que correspondan, será sancionado con prisión de uno a cuatro años y multa de un mil a quinientos mil quetzales, quien sin el consentimiento del titular del derecho, realice alguno de los siguientes actos:

 

a). Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado o por una imitación o falsificación de dichos signos, con relación a los productos o servicios iguales o similares a los protegidos por el registro;

 

b). Usar en el comercio un nombre comercial, un emblema o una expresión o señal de propaganda protegidos;

 

c). Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado, después de haberlo alterado, sustituido o suprimido, total o parcialmente;

 

d). Usar, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios que lleven una marca registrada, parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que se haya emitido resolución ordenando el cese del uso de dicha marca;

 

e). Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan el signo registrado o una imitación o falsificación del mismo, así como comercializar, almacenar o detentar tales materiales;

 

f). Rellenar o volver a usar con cualquier fin envases, envolturas o embalajes que lleven un signo distintivo registrado;

 

g). Usar en el comercio etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de embalaje o empaque de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante o de copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que puedan inducir a error o confusión sobre el origen de los productos o servicios;

 

h). Usar o explotar un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de comercialización, divulgación o adquisición indebida de tales secretos;

 

i). Revelar a un tercero un secreto empresarial que haya conocido con motivo de su trabajo, puesto, cargo, profesión, relación de negocios o en virtud de una licencia de uso, después de haber sido prevenido sobre la confidencialidad de dicha información;

 

j). Apoderarse de un secreto empresarial por cualquier medio, sin la autorización de la persona que lo guarda o de su usuario autorizado;

 

k). Fabricar, elaborar, comerciar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o detentar productos amparados por una patente ajena;

 

l). Emplear un procedimiento amparado por una patente ajena o ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal anterior, respecto a un producto obtenido directamente por ese procedimiento;

 

m). Fabricar, elaborar, comercializar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o detentar productos que en sí mismos o en su presentación reproduzcan un diseño industrial protegido;

 

n). Usar en el comercio, con relación a un producto o servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o sobre la identidad del producto, de su fabricante o del comerciante que lo distribuye; y

 

ñ). Usar en el comercio con relación a un producto, una denominación de origen falsa o engañosa, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee una traducción de la denominación o se la use acompañada de expresiones como "tipo", "género", "manera", "imitación" u otras análogas.

 

La determinación de los supuestos contenidos en esta norma se hará con base en las disposiciones aplicables de la Ley de Propiedad Industrial.

 

ARTÍCULO 275. -BIS- Violación a los derechos marcarios.  Será sancionado con prisión de cuatro a seis años y multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, quien realizare cualquiera de los actos siguientes:

 

a). Usar en el comercio una marca registrada, o una copia servil o imitación fraudulenta de ella, en relación a productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.

 

b) Usar en el comercio un nombre comercial o un emblema protegidos.

 

c). Usar en el comercio, en relación con un producto o un servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o sobre la identidad del producto, fabricante o comerciante del producto o servicio.

 

d). Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido esta, parcial o totalmente.

 

e). Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que se haya emitido resolución ordenando el cese del uso de la marca no registrada.

 

f). Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la literal anterior.

 

CAPÍTULO VIII

 

DE LA USURA

 

Usura

 

ARTÍCULO 276.- Comete el delito de usura quien exige de su deudor, en cualquier forma, un interés mayor que el tipo máximo que fije la ley o evidentemente desproporcionado con la prestación, aun cuando los réditos se encubran o disimulen bajo otras denominaciones.

 

El responsable de usura será sancionado con prisión de seis meses a dos años y multa de doscientos a dos mil quetzales.

 

Negociaciones usurarias

 

ARTÍCULO 277.- La misma sanción señalada en el artículo que antecede, se aplicará:

 

1º. A quien, a sabiendas, adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario.

 

2º. A quien exigiere de su deudor garantías de carácter extorsivo.

 

 

CAPÍTULO IX

 

DE LOS DAÑOS

Daño

 

ARTÍCULO 278.- Quien, de propósito, destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo deteriorare, parcial o totalmente, un bien de ajena pertenencia, será sancionado con prisión de seis meses a dos años y multa de doscientos a dos mil quetzales.

 

Daño agravado

 

ARTÍCULO 279.- Es daño específicamente agravado y será sancionado con una tercera parte más de la pena a que se refiere el artículo anterior:

 

1º. Cuando recayere en ruinas o monumentos históricos, o si fuere ejecutado en bienes de valor científico, artístico o cultural.

 

2º. Cuando el daño se hiciere en instalaciones militares, puentes, caminos o en otros bienes de uso público o comunal.

 

3º. Cuando en su comisión se emplearen sustancias inflamables, explosivas, venenosas o corrosivas.

 

 

CAPÍTULO X

 

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES DE LA EXENCIÓN DE LA PENA

 

Exentos de la responsabilidad penal

 

ARTÍCULO 280.- Están exentos de responsabilidad penal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, robos con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños que recíprocamente se causaren:

 

1º. Los cónyuges o personas unidas de hecho, salvo que estuvieren separados de bienes o personas y los concubinarios.

 

2º. Los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines.

 

3º. El consorte viudo, respecto a las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otra persona.

 

4º. Los hermanos si viviesen juntos.

 

Esta exención no es aplicable a los extraños que participen en el delito.

 

 Momento consumativo

 

ARTÍCULO 281.- Los delitos de hurto, robo, estafa, en su caso, apropiación irregular, se tendrán por consumados en el momento en que el delincuente tenga el bien bajo su control, después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento respectivos, aun cuando lo abandonare o lo desapoderen de él.

 

TÍTULO VII

 

DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA

 

CAPÍTULO I

 

DEL INCENDIO Y DE LOS ESTRAGOS

 

Incendio

 

ARTÍCULO 282.- Quien de propósito cause incendio de bien ajeno, será sancionado con prisión de dos a ocho años.

 

El incendio de bien propio que ponga en peligro la vida, la integridad corporal o el patrimonio de otro, será sancionado con prisión de uno a cuatro años.

 

Incendio agravado

 

ARTÍCULO 283.- Es incendio específicamente agravado:

 

1º. El cometido en edificio, casa o albergue habitados o destinados a habitación.

 

2º. El cometido en convoy, embarcación, aeronave o vehículo de transporte colectivo.

 

3º. El cometido en edificio público o destinado a uso público o a obra de asistencia social o de cultura; en aeropuerto o en estación ferroviaria o de vehículos automotores.

 

4º. El cometido en depósito de sustancias explosivas o inflamables.

 

5º. El que destruya bienes de valor científico,  artístico o histórico.

 

El responsable de incendio agravado será sancionado con prisión de cuatro a doce años.

 

Estrago

 

ARTÍCULO 284.- Comete delito de estrago, quien causare daño empleando medios poderosos de destrucción o por medio de inundación, explosión, desmoronamiento o derrumbe de edificio.

 

El responsable de estrago será sancionado con prisión de cinco a quince años.

 

Incendio y estrago culposo

 

ARTÍCULO 285.- Quien culposamente causare estrago o incendio, será sancionado con prisión de uno a tres años.

 

Si del incendio o del estrago culposos hubiere resultado la muerte de una o más personas, el responsable será sancionado con prisión de dos a cinco años.

 

Inutilización de defensas

 

ARTÍCULO 286.- Quien dañare o inutilizare instalaciones, objetos u obras destinados a la defensa común contra desastres, haciendo surgir el peligro de que éstos se produzcan, será sancionado con prisión de uno a seis años.

 

En la misma pena incurrirá quien, para dificultar o impedir las tareas de defensa contra un desastre, sustrajere, ocultare o inutilizare materiales, instrumentos u otros medios destinados a la defensa referida.

 

Fabricación o tenencia de materiales explosivos

 

ARTÍCULO 287.- Quien, con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas o sustancias o materiales destinados a su preparación, será sancionado con prisión de dos a seis años.

 

En la misma pena incurrirá quien, sabiendo o debiendo presumir que contribuye a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, diere instrucciones para la preparación de las sustancias o materiales a que se refiere el párrafo anterior.

 

CAPÍTULO II

 

DE LOS DELITOS CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,

TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

 

 

Peligro de desastre ferroviario

 

ARTÍCULO 288.- Quien impidiere o perturbare el servicio del ferrocarril en alguna de las siguientes formas será sancionado con prisión de dos a cinco años:

 

1º. Destruyendo, dañando o descomponiendo una línea férrea, material rodante, obra o instalación ferroviarias.

 

2º. Colocando en la vía, obstáculos que puedan producir descarrilamiento.

 

3º. Transmitiendo aviso falso relativo al movimiento de trenes o interrumpiendo las comunicaciones telefónicas, telegráficas o por radio.

 

4º. Practicando cualquier otro acto del que pueda resultar desastre.

 

Desastre ferroviario

 

ARTÍCULO 289.- Si de los hechos a que se refiere el artículo anterior resultare desastre, se sancionará al responsable con prisión de cuatro a doce años.

 

Atentado contra la seguridad de los transportes marítimos, fluviales o aéreos

 

ARTÍCULO 290.- Quien pusiere en peligro embarcación o aeronave, propia o ajena, o practicare cualquier acto tendiente a impedir o dificultar la navegación marítima, fluvial o aérea, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

 

Desastre marítimo, fluvial o aéreo

 

ARTÍCULO 291.- Si de los hechos a que se refiere el artículo anterior, resultare naufragio o varamiento de embarcación, o la caída o destrucción de aeronave, el responsable será sancionado con prisión de cuatro a doce años.

 

Atentado contra otros medios de transporte

 

ARTÍCULO 292.- Quien pusiere en peligro otro medio de transporte público, lo impida o lo dificulte, será sancionado con prisión de uno a tres años.

 

Si del hecho resulta siniestro, el responsable será sancionado con prisión de dos a cinco años.

 

Desastres culposos

 

ARTÍCULO 293.- Quien, culposamente causare alguno de los desastres previstos en los artículos anteriores de este capítulo, será sancionado con prisión de uno a tres años.

 

Si hubiere resultado muerte de una o más personas o lesiones graves, la sanción será de dos a seis años de prisión.

 

Atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública

 

ARTÍCULO 294.- Quien ponga en peligro la seguridad, o impida o dificulte el funcionamiento de servicios de agua, luz, energía eléctrica o cualquier otro destinado al público, será sancionado con prisión de uno a cinco años.

 

Interrupción o entorpecimiento de comunicaciones

 

ARTÍCULO 295.- Quien, atentare contra la seguridad de telecomunicaciones o comunicaciones postales, o por cualquier medio interrumpiere o entorpeciere tales servicios, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

 

Apoderamiento e inutilización de correspondencia

 

ARTÍCULO 296.- Quien, acometiere a un conductor de correspondencia, para interceptar o detener ésta, para apoderarse de ella o para inutilizarla, será sancionado con prisión de tres a seis años.

 

Inutilización y entorpecimiento de defensas

 

ARTÍCULO 297.- Quien, con ocasión de alguno de los desastres o perjuicios comprendidos en el presente capítulo, sustraiga, oculte o inutilice instalaciones, materiales, instrumentos o aparatos, u otros medios destinados a las labores de defensa o salvamento o impida o dificulte que se presten servicios de defensa o salvamento, será sancionado con igual pena a la que corresponda a los autores del delito de que se trate.

 

Abandono de servicio de transporte

 

ARTÍCULO 298.- El conductor, capitán, piloto o mecánico de ferrocarril, nave, aeronave o de cualquier otro medio de transporte público, que abandonare su puesto antes del término del viaje respectivo, si el hecho no constituye otro delito sancionado con mayor pena, será reprimido con prisión de un mes a un año y multa de veinte a dos mil quetzales.

 

CAPÍTULO III

 

DE LA PIRATERÍA

Piratería

 

ARTÍCULO 299.- Comete delito de piratería, quien practicare en el mar, lagos o en ríos navegables, algún acto de depredación o violencia contra embarcación o contra personas que en ella se encuentren, sin estar autorizado por algún Estado beligerante o sin que la embarcación, por medio de la cual ejecute el acto, pertenezca a la marina de guerra de un Estado reconocido.

 

También comete delito de piratería:

 

1°. Quien, se apoderare de alguna embarcación o de lo que perteneciere a su equipaje, por medio de fraude o violencia cometida contra su comandante.

 

2°. Quien, entregare a piratas una embarcación, su carga o lo que perteneciere a su tripulación.

 

3°. Quien, con violencia, se opusiere a que el comandante o la tripulación defienda la embarcación atacada por piratas.

 

4°. Quien, por cuenta propia o ajena, equipare una embarcación destinada a la piratería.

 

5°. Quien, desde el territorio nacional, traficare con piratas o les proporcionare auxilios.

 

El responsable de piratería será sancionado con prisión de tres a quince años.

 

Piratería aérea

 

ARTÍCULO 300.- Las disposiciones contenidas en el artículo anterior, se aplicarán a quien cometiere piratería Contra aeronaves o contra personas que en ellas se encuentren.

 

CAPÍTULO IV

 

DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

 

Propagación de enfermedad

 

ARTÍCULO 301.- Quien, de propósito, propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas, será sancionado con prisión de uno a seis años.

 

Envenenamiento de agua o de sustancia alimenticia o medicinal

 

ARTÍCULO 302.- Quien, de propósito, envenenare, contaminare o adulterare, de modo peligroso para la salud, agua de uso común o particular o sustancia alimenticia o medicinal destinadas al consumo, será sancionado con prisión de dos a ocho años.

 

Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, entregare al consumo o tuvieren depósito para su distribución, agua o sustancia alimenticia o medicinal, adulterada o contaminada.

 

Elaboración peligrosa de sustancias alimenticias o terapéuticas

 

ARTÍCULO 303.- Quien, elaborare sustancias alimenticias o terapéuticas, en forma peligrosa para la salud, será sancionado con prisión de uno a cinco años.

 

Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, comerciare con sustancias nocivas a la salud o adulteradas, deterioradas o contaminadas.

 

Expendio irregular de medicamentos

 

ARTÍCULO 304.- Quien, estando autorizado para el expendio de medicamentos, los suministrare sin prescripción facultativa, cuando ésta fuere necesaria, o en desacuerdo con ella, será sancionado con multa de doscientos a tres mil quetzales.

 

Igual sanción se aplicará a quien, estando autorizado para suministrar medicamento, lo hiciere en especie, cantidad o calidad diferente a la declarada o convenida, o los expendiere a sabiendas de que han perdido sus propiedades terapéuticas o después de su fecha de expiración.

 

Contravención de medidas sanitarias

 

ARTÍCULO 305.- Quien, infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

 

Siembra y cultivo de plantas productoras de sustancias estupefacientes

 

ARTÍCULO 306.- Quien, sin estar autorizado, sembrare o cultivare plantas de las que pueda extraerse fármacos, drogas o estupefacientes, será sancionado con prisión de tres a cinco años, y multa de quinientos a cinco mil quetzales.

 

Igual sanción se aplicará a quien comerciare, poseyere o suministrare semillas o plantas de las que pueda extraerse fármacos, drogas o estupefacientes.

 

Tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes

 

ARTÍCULO 307.- Será sancionado con prisión de tres a cinco años y multa de quinientos a cinco mil quetzales:

 

1º. Quien, ilegalmente, introdujere al país fármacos, drogas o estupefacientes o productos destinados a su preparación.

 

2º. Quien, sin estar autorizado, vendiere, entregare, transportare o suministrare fármacos, drogas o estupefacientes.

 

3º. Quien, sin estar autorizado, retuviere, guardare o en cualquier otra forma conservare en su poder fármacos, drogas o estupefacientes, o productos destinados a su preparación.

 

FORMAS AGRAVADAS

 

ARTÍCULO 308.-  La sanción señalada en el artículo anterior, será aumentada en una tercera parte en los siguientes casos:

 

1º. Cuando la comisión del delito se verifique dentro de los centros educativos, públicos y privados o en sus alrededores.

 

2º. Cuando la sustancia o producto a que se refiere el artículo anterior, sea proporcionado a un menor de edad.

 

3º. Cuando el autor del delito fuere médico, químico, biólogo, farmacéutico, odontólogo, laboratorista, enfermero, obstetra, comadrona, encargado de la educación, los ministros de cultos y aquellos responsables de la dirección o conducción de grupos. Además aquellos funcionarios y empleados públicos que se aprovechen de su cargo.

 

4º. Cuando los delitos a que se refiere el artículo anterior comprendan actividades de tráfico internacional o tengan conexión de cualquier naturaleza con el mismo.

 

En los casos de este inciso las penas serán inconmutables, las multas serán de cinco mil a cincuenta mil quetzales, y las responsabilidades civiles, en los casos que señala el artículo 83 del Código Procesal Penal, se fijarán entre diez mil y cien mil quetzales

 

Facilitación del uso de estupefacientes

 

ARTÍCULO 309.- Quien, sin estar comprendido en los artículos anteriores, facilitare local, aún a título gratuito. para el tráfico o consumo de las sustancias o productos a que se refiere este capítulo, será sancionado con prisión de dos meses a un año y multa de cien a un mil quetzales.

 

Inducción al uso de estupefacientes

 

ARTÍCULO 310.- Quien, instigare o indujere a otra persona al uso de sustancias estupefacientes, o contribuyere a estimular o difundir el uso de dichas sustancias, será sancionado con prisión de tres a cinco años y multa de quinientos a cinco mil quetzales.

 

Inhumaciones y exhumaciones ilegales

 

ARTÍCULO 311.- Quien, practicare inhumación, exhumación o traslado de un cadáver o restos humanos contraviniendo las disposiciones sanitarias correspondientes, será sancionado con prisión de un mes a seis meses y multa de cincuenta a trescientos quetzales.

 

Delitos culposos

 

ARTÍCULO 312.- Si los hechos comprendidos en los artículos 301, 302, 303 y 304. se hubiesen cometido culposamente, el responsable será sancionado con la pena que al delito corresponda, rebajada en dos terceras partes.

 

TÍTULO VIII

 

 DE LOS DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA Y EL PATRIMONIO NACIONAL

 

CAPÍTULO I

 

DE LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA

 

 

Fabricación de moneda falsa

 

ARTÍCULO 313.- Quien, fabricare moneda falsa imitando moneda legítima nacional o extranjera, de curso legal en la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de dos a diez años

 

Alteración de moneda

 

ARTÍCULO 314.- Quien, alterare, de cualquier manera, moneda legítima nacional o extranjera, de curso legal en la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de dos a diez años.

 

Introducción de moneda falsa o alterada

 

ARTÍCULO 315.- Las sanciones señaladas en los artículos anteriores se aplicarán, en los respectivos casos, a quienes, a sabiendas, introdujeren al país moneda falsa o alterada.

 

Expedición de moneda falsa o alterada

 

ARTÍCULO 316.- Quien, a sabiendas, adquiera o reciba moneda falsa o alterada y la ponga, de cualquier modo, en circulación, será sancionado con igual pena a la señalada en los respectivos casos, para los que falsificaren o alteraren moneda.

 

Cercenamiento de moneda

 

 ARTÍCULO 317.- Quien, cercenare moneda legítima o, a sabiendas, introduzca al país monedas cercenadas, o las ponga en circulación, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

 

Expedición de moneda falsa recibida de buena fe

 

ARTÍCULO 318.- Quien, habiendo recibido de buena fe, moneda falsa, alterada o cercenada, la expendiere o pusiere en circulación, a sabiendas de su falsedad, alteración o cercenamiento, será sancionado con multa de cincuenta a dos mil quetzales.

 

 Emisión y circulación de moneda

 

 ARTÍCULO 319.- Quien, ilegítimamente, emita piezas monetarias o las haga circular dentro del territorio de la República, será sancionado con prisión de tres a doce años.

 

 En igual pena incurrirá quien, haga circular billetes, vales, pagarés u otros documentos que contengan orden o promesa de pago en efectivo, al portador y a la vista o fichas, tarjetas, laminillas, planchuelas u otros. Objetos, con el fin de que sirvan como moneda.

 

 Valores equiparados a moneda

 

 ARTÍCULO 320.- Para los efectos de la ley penal, se considera moneda:

 

 1º. El billete de banco de curso legal, nacional o extranjero.

 

 2º. Los títulos de la deuda nacional o municipal y sus cupones.

 

3º. Los bonos o letras de los tesoros nacional o municipal.

 

4º. Los títulos, cédulas y acciones al portador y sus cupones, emitidos con carácter oficial por entidades legalmente autorizadas, públicas o privadas.

 

5º. Los títulos, cédulas y acciones al portador, sus cupones y los bonos y letras emitidas por un gobierno extranjero.

 

CAPÍTULO II

 

DE LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

 

Falsedad material

 

ARTÍCULO 321.- Quien, hiciere en todo o en parte, un documento público falso, o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de dos a seis años.

 

Falsedad ideológica

 

ARTÍCULO 322.- Quien, con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de dos a seis años.

 

Falsificación de documentos privados

 

ARTÍCULO 323.- Quien, en documento privado, cometiere alguna de las falsificaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, será sancionado con prisión de uno a tres años.

 

Equiparación de documentos

 

ARTÍCULO 324.- Cuando los hechos previstos en los dos primeros artículos de este capítulo recayeren en títulos de crédito, nominativos o a la orden, o en letras de cambio, u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable será sancionado, en los respectivos casos, con la pena que los mismos artículos establecen.

 

Uso de documentos falsificados

 

ARTÍCULO 325.- Quien, sin haber intervenido en la falsificación, hiciere uso de un documento falsificado, a sabiendas de su falsedad, será sancionado con igual pena que la que correspondiere al autor de la falsificación.

 

Falsedad en certificado

 

ARTÍCULO 326.- El facultativo que extendiere un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de una enfermedad o lesión, cuando de ello pueda resultar perjuicio, será sancionado con multa de trescientos a tres mil quetzales.

 

Supresión, ocultación o destrucción de documentos

 

 ARTÍCULO 327.- Quien destruya, oculte o suprima, en todo o en parte, un documento verdadero, de la naturaleza de los especificados en este capítulo, será sancionado con las penas señaladas en los artículos anteriores, en sus respectivos casos.

 

En igual sanción incurrirá quien, con ánimo de evadir la acción de la justicia, realizare los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos u objetos que constituyan medios de prueba.

 

CAPÍTULO III

 

DE LA FALSIFICACIÓN DE SELLOS, PAPEL

SELLADO, SELLOS DE CORREO, TIMBRES

Y OTRAS ESPECIES FISCALES

 

 

Falsificación de sellos, papel sellado y timbres

 

ARTÍCULO 328.- Quien, falsificare sellos oficiales, papel sellado, estampillas de correo, timbres fiscales, o cualquiera otra clase de efectos sellados o timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o controlada por ésta, o tenga por objeto el cobro de impuestos, será sancionado con prisión de dos a seis años.

 

Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, los introdujere al territorio de la República, los expendiere o usare.

 

Falsificación de billetes de lotería

 

ARTÍCULO 329.- Quien falsificare billetes de loterías debidamente autorizadas, o alterare los billetes verdaderos, será sancionado con prisión de dos a seis años.

 

 Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, los introdujere al territorio de la República, los expendiere o usare.

 

Falsificación de placas y distintivos para vehículos

 

ARTÍCULO 330.- Quien falsificare placas u otros distintivos para vehículos, que las autoridades acuerden para éstos, o alterare los verdaderos, será sancionado con prisión de uno a tres años.

 

Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, usare placas o distintivos para vehículos, falsificados o alterados.

 

Falsificación de contraseñas y marcas

 

 ARTÍCULO 331.- Quien falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, será sancionado con prisión de uno a cuatro años.

 

Igual sanción se impondrá a quien aplique marcas o contraseñas legítimas, de uso oficial, a objetos o artículos distintos de aquellos a que debieron ser aplicados.

 

Uso de sellos y otros efectos inutilizados

 

ARTÍCULO 332.- Quien hiciere desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas, el signo que indique haber ya servido o sido utilizado para el objeto de su expedición, o fuere nuevamente utilizado, será sancionado con multa de doscientos a dos mil quetzales.

 

Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, usare, hiciere usar o pusiere en venta los efectos inutilizados a que se refiere el párrafo que precede.

 

 CAPÍTULO IV

 

DE LA DEPREDACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

 

ARTÍCULO 332 "A". Hurto y robo de tesoros nacionales. Se impondrá prisión de dos a diez años en el caso del art. 246 y prisión de cuatro a quince años en los casos del art. 251, cuando la apropiación recayere sobre:

 

 1) Colecciones y especímenes raros de fauna, flora o minerales, o sobre objetos de interés paleontológico.

 

 2) Bienes de valor científico, cultural, histórico o religioso.

 

 3) Antigüedades de más de un siglo, inscripciones, monedas, grabados, sellos fiscales o de correos de valor filatélico.

 

4) Objetos de interés etnológico.

 

5) Manuscritos, libros, documentos y publicaciones antiguas con valor histórico o artístico;

 

6) Objetos de arte, cuadros, pinturas y dibujos, grabados y litografías originales, con valor histórico o cultural.

 

7) Archivos sonoros, fotográficos o cinematográficos con valor histórico o cultural.

 

8) Artículos y objetos de amueblamiento de más de doscientos años de existencia e instrumentos musicales antiguos con valor histórico o cultural.

 

La pena se elevará en un tercio cuando se cometa por funcionarios o empleados públicos o por personas que en razón de su cargo o función, deban tener la guarda o custodia de los bienes protegidos por este artículo.

 

 

ARTÍCULO 332 "B". Hurto y robo de bienes arqueológicos. Se impondrá prisión de dos a diez años en el caso del artículo 246 y prisión de cuatro a quince años en el caso del artículo 251, cuando la apropiación recayere sobre:

 

 1) Productos de excavaciones arqueológicos regulares o clandestinos, o de descubrimientos arqueológicos.

 

 2) Ornamentos o partes de monumentos arqueológicos o históricos, pinturas, grabados, estelas o cualquier objeto que forme parte del monumento histórico o arqueológico.

 

 3) Piezas u objetos de interés arqueológico, aunque ellos se encuentren esparcidos o situados en terrenos abandonados.

 

 La pena se elevará en un tercio cuando se cometa por funcionarios o empleados públicos o por personas que en razón de su cargo o función, deban tener la guarda y custodia de los bienes protegidos por este artículo.

 

 

ARTÍCULO 332 "C".- Tráfico de tesoros nacionales. Se impondrá prisión de seis a quince años y multa de cinco mil a diez mil quetzales a quien comercializare, exportare o de cualquier modo transfiera la propiedad o la tenencia de alguno de los bienes señalados en los artículos anteriores, sin autorización estatal.

 

 Se impondrá la misma pena a quien comprare o de cualquier modo adquiriere bienes culturales hurtados o robados. Si la adquisición se realiza por culpa, se reducirá la pena a la mitad.

 

 

ARTÍCULO 332 "D". Extinción de la acción o de la pena. En el caso de los delitos tipificados en este título, se extinguirá la acción o la pena si voluntariamente y sin requerimiento alguno se entrega el objeto sustraído o traficado, o la totalidad de los objetos sustraídos o traficados, a juez competente, quien lo entregará al Ministerio de Cultura y Deportes.

 CAPÍTULO V

 

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES

 

Tenencia de instrumentos de falsificación

 

ARTÍCULO 333.- Quien fabricare, introdujere al territorio nacional, o retuviere en su poder, cuño, sellos, marcas u otros instrumentos o útiles con conocidamente destinados para cometer alguna de las falsificaciones a que se refiere este título, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

 

Emisiones indebidas

 

ARTÍCULO 334.- Quienes dirijan o administren un banco o institución, que con ocasión de sus funciones, autorizaren la fabricación o emisión de monedas con ley o peso inferior a las legítimas, o de billetes de banco o cualesquiera títulos, cédulas o acciones al portador, en cantidad superior a la autorizada o en condiciones distintas de las prescritas para el caso, será sancionado con prisión de uno a seis años e inhabilitación, en su caso, conforme al artículo 56 de este Código por doble tiempo de la condena.

 

TÍTULO IX

 

DE LOS DELITOS DE FALSEDAD PERSONAL

 

Usurpación de funciones

 

ARTÍCULO 335.- Quien, sin título o causa legítima, ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial, será sancionado con prisión de uno a tres años.

 

 

 

ARTÍCULO 336.-  Usurpación de calidad Quien se arrogare título académico o ejerciere actos que competen a profesionales, sin tener título o habilitación especial, será sancionado con prisión de cinco a ocho años, y multa de cincuenta mil a doscientos mil quetzales.

 

Si del resultado del ilegal ejercicio se derivare perjuicio a tercero, la sanción señalada en el párrafo que antecede, se elevará en una tercera parte.

 

Uso público de nombre supuesto

 

 ARTÍCULO 337.- Quien usare públicamente nombre supuesto, será sancionado con multa de quinientos a tres mil quetzales.

 

Sí el usó del nombre supuesto tuviere por objeto ocultar algún delito, eludir una condena, o causar algún perjuicio al Estado o a un particular, además de la sanción señalada en el párrafo que antecede, se impondrá al responsable prisión de uno a dos años.

 

Uso ilegítimo de documento de identidad

 

 ARTÍCULO 338.- Quien usare como propio, pasaporte, cédula de vecindad o cualquier otro documento legítimo de identidad ajena, será sancionado con prisión de uno a tres años.

 

 Igual sanción se aplicará a quien cediere a otro, para que lo utilice, su propio pasaporte, cédula de vecindad o documento legitimo de identidad.

 

Uso indebido de uniformes e insignias

 

 ARTÍCULO 339.- Quien usare pública e indebidamente traje o uniforme de una institución a que no pertenezca, o insignias o condecoraciones que no estuviere autorizado para llevar, será sancionado con multa de cien a quinientos quetzales.

 

 TÍTULO X

 

DE LOS DELITOS CONTRA LA ECONOMÍA

NACIONAL, EL COMERCIO, LA INDUSTRIA Y

EL RÉGIMEN TRIBUTARIO

 

CAPÍTULO I

 

 DE LOS DELITOS CONTRA LA ECONOMÍA

NACIONAL Y EL AMBIENTE

 

Monopolio

 

ARTÍCULO 340.- Quien, con propósitos ilícitos, realizare actos con evidente perjuicio para la economía nacional, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales, o de una misma actividad comercial o agropecuaria, o se aprovechare exclusivamente de ellos a través de algún privilegio, o utilizando cualquier otro medio, o efectuare maniobras o convenios, aunque se disimularen con la constitución de varias empresas, para vender géneros a determinados precios en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares, será sancionado con prisión de seis meses a cinco años y multa de quinientos a diez mil quetzales.

 

Otras formas de monopolio

 

ARTÍCULO 341.- Se consideran, también, actos de monopolio contrarios a la economía pública y el interés social:

 

 1º. El acaparamiento o sustracción al consumo de artículos de primera necesidad, con el propósito de provocar el alza de los precios en el mercado interno.

 

2º. Todo acto o procedimiento que impida o se proponga impedir la libre concurrencia en la producción o en el comercio.

 

3º. Los convenios o pactos celebrados sin previa autorización gubernativa, encaminados a limitar La producción o elaboración de algún artículo, con el propósito de establecer o sostener privilegios y lucrar con ellos.

 

4º. La venta de bienes de cualquier naturaleza, por debajo del precio de costo, que tenga por objeto impedir la libre concurrencia en el mercado interno.

 

5º. La exportación de artículos de primera necesidad sin permiso de la autoridad competente, cuando se requiera, si con ello puede producirse escasez o carestía.

 

  El responsable de alguno de los hechos enumerados anteriormente, será sancionado con prisión de seis meses a tres años y multa de doscientos a cinco mil quetzales.

 

ARTÍCULO 342.- Especulación.  Quien, esparciendo falsos rumores, propagando falsas noticias o valiéndose de cualquier otro artificio semejante, desviare o falseare las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda, o quebrantare las condiciones ordinarias del mercado produciendo mediante estos manejos, el aumento o la baja injustificada en el valor de la moneda de curso legal, o en el precio corriente de las mercancías, de las rentas públicas o privadas, de los valores cotizables, de los salarios o de cualquiera otra cosa que fuere objeto de contratación, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de un mil a cien mil quetzales.

 

 Para el caso en que el delito contemplado en el presente artículo sea establecido en una cadena de negocios, deberá tomarse como delito independiente para cada uno en que se cometa el delito en referencia.

 

 ARTÍCULO 342-A.- (Delito cambiario).  Comete delito cambiario:

 

1) Quien no venda al Banco de Guatemala o a los Bancos del sistema habilitados para operar en cambios, las divisas que estuviere obligado a negociar, dentro del tiempo legal establecido;

 

2) Quien sin estar legalmente autorizado, se dedique habitualmente y con fines de lucro, a comprar y vender divisas;

 

3) Quien para efectuar importaciones o exportaciones, hiciere o usare factura u otro documento falso o que contenga datos falsos o inexactos acerca del valor, cantidad, calidad u otras características de aquellas operaciones;

 

4) Quien efectué exportaciones sin haber obtenido previamente la licencia cambiaria de exportación u otra autorización legalmente necesaria; y

 

5) Quien mediante fraude o engaño, obtenga licencia para adquirir divisas del mercado destinado a pagos esenciales o del mercado de licitaciones o quien utilice dichas divisas para destino diferente del autorizado.

 

Los responsables del delito cambiario serán sancionados con prisión de dos a cinco años. Además se les impondrá multa equivalente al monto del acto ilícito, cuando la cuantía del mismo pueda determinarse, o de quinientos a cinco mil quetzales, en caso contrario.

 

Destrucción de materias primas o de productos agrícolas o industriales

 

ARTÍCULO 343.- Quien, destruyere materias primas o productos agrícolas o industriales, o cualquier otro medio de producción, con grave daño a la economía nacional o a los consumidores, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de trescientos a tres mil quetzales.

 

Propagación de enfermedad en plantas o animales

 

ARTÍCULO 344.- Quien, propague una enfermedad en animales o plantas, peligrosa para la riqueza pecuaria o agrícola, será sancionado con multa de trescientos a tres mil quetzales.

 

Propagación culposa

 

ARTÍCULO 345.- Si el delito a que se refiere el artículo anterior, fuere cometido culposamente, el responsable será sancionado con multa de cincuenta a un mil quetzales.

 

ARTÍCULO 346.- Explotación ilegal de recursos naturales. Quien explotare recursos minerales, materiales de construcción, rocas y recursos naturales contenidos en el mar territorial, plataforma submarina, ríos y lagos nacionales, sin contar con la licencia o autorización respectiva, o quien teniéndola, incumpla o se exceda en las condiciones previstas en la misma, será sancionado con prisión de dos a cinco años y el comiso de los útiles, herramientas, instrumentos y maquinaria que hubieren sido utilizados en la comisión del delito.

 

Si este delito fuere cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica o una empresa, buscando beneficio para ésta, además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica o empresa una multa de cinco mil a veinticinco mil quetzales. Si se produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica o empresa con su cancelación definitiva.

 

Quedan exceptuados quienes pesquen o cacen ocasionalmente, por deporte o para alimentar a su familia.

 

 

Delito contra los recursos forestales

 

ARTÍCULO 347.-  (Derogado por Decreto 101-96 del Congreso de la República, Ley Forestal).

 

ARTÍCULO 347  "A". Contaminación. Será sancionado con prisión de uno a dos años, y multa de trescientos a cinco mil quetzales, el que contaminare el aire, el suelo o las aguas, mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantaciones.

 

 Si la contaminación se produce en forma culposa, se impondrá multa de doscientos a mil quinientos quetzales.

 

ARTÍCULO 347 "B". Contaminación industrial. Se impondrá prisión de dos a diez años y multa de tres mil a diez mil quetzales, al Director, Administrador, Gerente, Titular o Beneficiario de una explotación industrial o actividad comercial que permitiere o autorizare, en el ejercicio de la actividad comercial o industrial, la contaminación del aire, el suelo o las aguas, mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantaciones.

 

Si la contaminación fuere realizada en una población, o en sus inmediaciones, o afectare plantaciones o aguas destinadas al servicio público, se aumentará el doble del mínimo y un tercio del máximo de la pena de prisión.

 

Si la contaminación se produjere por culpa, se impondrá prisión de uno a cinco años y multa de mil a cinco mil quetzales.

 

En los dos artículos anteriores la pena se aumentará en un tercio si a consecuencia de la contaminación resultare una alteración permanente de las condiciones ambientales o climáticas.

 

ARTÍCULO 347 "C". Responsabilidad del funcionario. Las mismas penas indicadas en el artículo anterior se aplicarán al funcionario público que aprobare la instalación de una explotación industrial o comercial contaminante, o consintiere su funcionamiento. Si lo hiciere por culpa, se impondrá prisión de seis meses a un año y multa de mil a cinco mil quetzales.

 

ARTÍCULO 347  “D”. Derogado.

 

ARTÍCULO 347 "E". Protección de la fauna. Se impondrá prisión de uno a cinco años al que cazare animales, aves o insectos, sin autorización estatal o, teniéndola, sin cumplir o excediendo las condiciones previstas en la autorización. La pena se aumentará en un tercio si la caza se realizare en área protegida o parque nacional.

 

 

CAPÍTULO II

 

DE LA QUIEBRA E INSOLVENCIA PUNIBLES

 

 

ARTÍCULO 348.-  Quiebra fraudulenta. El comerciante que haya sido declarado en quiebra fraudulenta será sancionado con prisión de dos a diez años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena.

 

Cuando se trate de la quiebra fraudulenta de un banco, aseguradora, reaseguradora, afianzadora, reafianzadora, financiera, almacén general de depósito, bolsa de valores, cooperativa de ahorros, entidad mutualista, y otras instituciones análogas, los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables, o se hayan beneficiado de la mala administración, o hubieren cooperado en la planificación o ejecución, o en ambas, de alguno de los actos que la provocaron, serán sancionados con prisión de veinte a treinta años e inhabilitación especial por doble del tiempo de la condena. La prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada fraudulenta, en caso de fuga o evasión. No podrá aplicársele al procesado alguna clase de medida sustitutiva ni concedérsele por ninguna causa al sentenciado a prisión por ese delito, rebaja de la pena.

 

 

ARTÍCULO 349.- Quiebra culpable. El comerciante que haya sido declarado en quiebra culpable será sancionado con prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena.

 

Cuando se trate de la quiebra culpable de un banco, aseguradora, reaseguradora, afianzadora, reafianzadora, financiera, almacén general de depósito, bolsa de valores, cooperativa de ahorros, entidad mutualista, y otras instituciones análogas, los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables, o se hayan beneficiado de la mala administración, o hubieren cooperado en la planificación o ejecución, o en ambas, de algún o de los actos que la provocaron, serán sancionados con prisión de diez a veinte años e inhabilitación especial por doble del tiempo de la condena. La prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada culpable, en caso de fuga o evasión. No podrá aplicársele al procesado alguna clase de medida sustitutiva ni concedérsele por ninguna causa al sentenciado a prisión por ese delito, rebaja de la pena.

 

Responsabilidad personal

 

ARTÍCULO 350.- Cuando sea declarada en quiebra una empresa mercantil, todo director, administrador o liquidador de la sociedad o establecimiento fallido que hubiere cooperado a la ejecución en alguno de los actos ilícitos que la motivaron, será sancionado con igual pena a la señalada para el quebrado fraudulento o culpable, según el caso.

 

Complicidad

 

ARTÍCULO 351.- Serán penados como cómplices del delito de quiebra fraudulenta, quienes ejecutaren cualquiera de los actos siguientes:

 

1º. Confabularse con el quebrado para suponer créditos contra él o para aumentarlos, alterar su naturaleza o fecha con el fin de anteponerse en graduación, en perjuicio de otros acreedores, aun cuando esto se verifique antes de la declaración de quiebra.

 

2º. Haber auxiliado al quebrado en el alzamiento, sustracción u ocultación de sus bienes.

 

3º. Ocultar a los administradores de la quiebra la existencia de bienes que, perteneciendo a ésta, obren en poder del responsable, o entregarlos al quebrado y no a dichos administradores.

 

4º. Verificar con el quebrado conciertos particulares en perjuicio de otros acreedores.

 

Alzamiento de bienes

 

ARTÍCULO 352.- Quien, de propósito y para sustraerse al pago de sus obligaciones se alzare con sus bienes, los enajenare, gravare u ocultare, simulare créditos o enajenaciones, sin dejar persona que lo represente, o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de doscientos a tres mil quetzales.

 

Si el responsable fuere comerciante, se le sancionará además, con inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena.

 

Quiebra de sociedad irregularmente constituida

 

ARTÍCULO 353.- Para los efectos de lo dispuesto en este Código, se considerará fraudulenta la quiebra de toda sociedad constituida sin los requisitos legales y a quienes las constituyeren se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 350.

 

Concursado no comerciante

 

ARTÍCULO 354.- El concursado no comerciante cuya insolvencia fuere el resultado, en todo o en parte, de alguno de los hechos siguientes, será sancionado con prisión de uno a dos años:

 

1º. Haber hecho gastos domésticos o personales excesivos y descompensados con relación a su fortuna, atendidas las circunstancias de su rango y familia

 

2º. Haber sufrido, en cualquier clase de juego, pérdidas que excedieren de lo que por vía del recreo aventure en entretenimiento de esta clase, un buen padre de familia

 

3º. Haber tenido pérdidas en apuestas cuantiosas, compras y ventas simuladas y otras operaciones de agiotaje, cuyo éxito dependa exclusivamente del azar.

 

4º. Haber enajenado, con depreciación notable, bienes cuyo precio estuviere adeudando.

 

 5º. Retardar su presentación en concurso, cuando su pasivo fuera tres veces mayor que su activo.

 

 Serán penados como cómplices del delito previsto en este artículo, quienes ejecutaren con respecto al concursado cualquiera de los actos enumerados en el artículo 351 de este Código.

 

CAPÍTULO III

 

DE LOS DELITOS CONTRA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

 

ARTÍCULO 355.- (Derogado por Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial).

 

ARTÍCULO 356.- (Derogado por Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial).

 

 

Desprestigio comercial

 

ARTÍCULO 357.- Quien, imputare falsamente a otro, un hecho que le perjudique en el crédito, confianza o prestigio que mereciere en sus actividades mercantiles, será sancionado con multa de doscientos a dos mil quetzales, si el hecho no constituyere otro delito más grave.