Organismo Judicial

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Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia está integrada por 13 Magistrados (Art. 214 CPRG), quienes son electos por el Congreso de la República de Guatemala para un período de cinco años. Los magistrados son electos entre los abogados que llenan los requisitos establecidos en la ley, propuestos de una nómina de veintiséis candidatos, por la Comisión de Postulación conformada por honorables abogados quienes son funcionarios de diferentes Instituciones, (Arts. 208 y 215 CPRG).

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligen entre ellos al Presidente, quien permanece en el cargo por un año. El Presidente del Organismo Judicial es también Presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuya autoridad se extiende a todos los juzgados y tribunales del país.

En la Corte Suprema de Justicia se tramitan y resuelven los recursos de casación que se plantean contra las resoluciones de las Salas de Apelaciones, así como las acciones de amparo en Primera Instancia y exhibición personal, son los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes tienen a su cargo el estudio y resolución de dichos recursos y otras funciones.

Políticas de Gestión

La Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, en apego a la misión, visión y principios éticos del Organismo Judicial, promueve la aplicación de los valores de justicia, verdad y equidad en las decisiones judiciales emitidas por los distintos órganos jurisdiccionales de la República, donde la celeridad, transparencia, objetividad e imparcialidad priven como fundamentos principales para lograr un Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos conforme la Constitución Política de la República, y materializar la impartición de una justicia civil que garantice el acceso a la población, en procura de la paz y armonía social.

Bajo esos parámetros, la Cámara Civil busca:

  • La observancia de los principios éticos del Organismo Judicial y su aplicación en el desarrollo de la labor jurisdiccional;
  • La celeridad y objetividad en la tramitación de los distintos procesos;
  • La transparencia e imparcialidad en las decisiones jurisdiccionales;
  • Impartir una justicia civil pronta y cumplida, que garantice la paz y armonía social;
  • Promover el acceso a la población a la justicia civil, y recuperar la confianza social en la prestación del servicio judicial;
  • Promover la creación de órganos jurisdiccionales probos y eficientes en la labor jurisdiccional que les compete desarrollar;
  • Apoyar la labor jurisdiccional de los órganos bajo su competencia.

Competencia Cámara Civil

De conformidad con la Constitución Pólitica de la República y demás leyes, la Cámara Civil es competente para conocer y resolver:

a. Recursos de casación

La casación es el recurso extraordinario del cual conoce el órgano supremo del Poder Judicial y que se interpone por los motivos taxativamente establecidos en la ley, para que se examine y juzgue sobre el juicio de derecho contenido en los autos y sentencia definitivas de los Tribunales de Segunda Instancia, o en su caso, de única instancia, sobre la actividad realizada en el proceso, a efectos de que se mantenga la exacta observancia de la ley por parte de los Tribunales de Justicia.

Como máximo tribunal de justicia ordinaria, la Cámara Civil está facultada por virtud del artículo 79 de la Ley del Organismo Judicial, para conocer con competencia exclusiva, el recurso extraordinario de casación en las siguientes materias:

  • Civil
  • Contencioso Administrativo
  • Familia
  • Mercantil
  • Juicio de Cuentas

b. Recurso de apelación


El citado artículo 79 de la Ley del Organismo Judicial también le otorga competencia a la Cámara Civil para conocer, en segunda instancia, lo siguiente:

Los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones que deciden la acumulación de procesos tramitados conforme el Código de Trabajo;

Los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones que deciden la acumulación de procesos tramitados conforme el Código Procesal Civil y Mercantil;

Los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones emitidas en primera instancia, por las Salas de la Corte de Apelaciones.

c. Ocurso de hecho

De conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil, la Cámara Civil es competente para conocer y resolver los ocursos de hecho interpuestos contra las decisiones emitidas por las Salas de la Corte de Apelaciones, que denieguen el trámite del recurso de apelación.


d. Recurso de apelación por sanción disciplinaria


En el sistema del régimen disciplinario establecido en la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, la Cámara Civil está facultada para conocer los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones emitidas por la Presidencia del Organismo Judicial, que por virtud del recurso de revocatoria confirmen la sanción administrativa impuesta por la Unidad de Régimen Disciplinario a cualquier trabajador, que desarrolle sus labores en uno de los órganos jurisdiccionales que se encuentran bajo la competencia material de la Cámara.


e. Dudas de competencia

Las reglas de la competencia -que en abstracto aparecen fijadas con claridad-no siempre son observadas con exactitud. Es común en la práctica que dos o más jueces de idéntica jurisdicción se consideren competentes (competencia positiva) o incompetentes (competencia negativa) para juzgar determinado asunto; surge entonces entre ellos un conflicto que por lo regular paraliza el trámite del proceso en tanto se dirime, que es a lo que clásicamente la ley le denomina duda de competencia, y es resuelto por la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuando surge entre órganos jurisdiccionales bajo su competencia, conforme lo establecido en el artículo 119 de la Ley del Organismo Judicial.


f. Juicio de responsabilidad civil de funcionarios

Para la determinación de la responsabilidad civil de los magistrados de la Corte de Apelaciones, el artículo 247 del Código Procesal Civil y Mercantil faculta a la Cámara Civil para conocer y tramitar, vía sumaria, las solicitudes que se presenten para el efecto

Acciones del Organismo Judicial para el fortalecimiento y atención de las personas con discapacidad

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